El depósito para recurrir

La regla general de la disposición adicional decimoquinta es que los recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde requieren depósito en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. El penal no entra en la regla: allí el depósito solo se exige a la acusación popular, y por eso no son los cuatro órdenes. Dejar fuera el social, o cambiarlo por el penal, falla la regla; lo que el social tiene son excepciones, como la de los trabajadores en los procedimientos concursales.

El apartado 4 excluye del depósito la reposición que la ley exige con carácter previo a la queja. Un ejemplo de reposición previa a la queja es la que prevé la Ley reguladora de la jurisdicción social contra el auto que pone fin al trámite de la casación o que declara desierto el recurso (arts. 210.4 y 223.3). Las otras tres sí necesitan depósito según el mismo apartado. La diligencia de ordenación es una resolución del letrado de la Administración de Justicia, y el apartado 4 exige el depósito a quien recurre en reposición sus resoluciones. La providencia y el auto no definitivo son resoluciones del juez que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación, y recurrirlas también lo requiere.

La exención no se queda en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales: alcanza también a los organismos autónomos que dependen de ellos. La exención no distingue entre recursos: vale igual para la casación que para la apelación, y no la limita al Estado. Tampoco depende de que haya condena en costas, que es otra cosa: la ley exime a estas Administraciones y sus organismos sin condiciones.

Basta con que el recurso se estime en parte para recuperar todo el depósito, y la devolución se acuerda en la misma resolución que estima el recurso, no en un trámite aparte ni esperando a la firmeza. La ley no reparte el depósito según lo que se gane, ni lo da por perdido por no ganarlo todo: se pierde solo cuando se inadmite el recurso o se confirma la resolución recurrida.

La disposición adicional decimoquinta exime al Ministerio Fiscal y a las Administraciones territoriales con sus organismos autónomos. Fuera de la disposición, otras leyes eximen a más: la Ley 1/1996, por ejemplo, a quien tiene reconocida la asistencia jurídica gratuita (art. 6.5). La acusación popular es justo lo contrario: en el orden penal es la única parte a la que se exige el depósito. Los colegios profesionales y las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, pero la LOPJ no las exime.

El depósito solo se consigna para los recursos que deben tramitarse por escrito. No depende de que la resolución sea definitiva: la ley también lo exige para recurrir resoluciones que no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. Tampoco de quién resuelva el recurso ni de que la resolución sea del juez, porque también se exige al recurrir en reposición o en revisión las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia.

Sin depósito no se admite el recurso. Si el defecto no se subsana, se dicta un auto que pone fin al trámite y la sentencia recurrida queda firme. El decreto contra el que cabe revisión es la otra vía de la misma regla, y solo vale para el recurso de reposición contra una resolución del letrado de la Administración de Justicia, que aquí no es el caso. La ley no deja seguir el recurso sin depósito ni da un segundo plazo.

Lo que se pierde no va a la otra parte ni al Consejo General del Poder Judicial. Queda afectado a las necesidades del Ministerio de Justicia y se destina en concreto a pagar la asistencia jurídica gratuita y a modernizar e informatizar por entero la Administración de Justicia. A la parte recurrida le compensan los gastos las costas, que son otra cosa.

En los órdenes civil, social y contencioso-administrativo el depósito es la regla para recurrir, pero en el orden penal la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ lo exige solo a la acusación popular. No lo paga la acusación particular, que es la persona ofendida o perjudicada por el delito, ni el acusado que recurre. «Todas las acusaciones salvo el fiscal» extiende a todas una carga que la ley reserva a una sola.

La suplicación y la casación del orden social, y la revisión del orden civil, quedan fuera de la disposición adicional: siguen con el régimen de su ley procesal, que hoy es la Ley reguladora de la jurisdicción social en lo laboral. La apelación civil, la casación contencioso-administrativa y la queja civil sí están dentro: la propia disposición los nombra entre los recursos que exigen depósito.

La regla general es que quien recurre en reposición o en revisión una resolución del letrado de la Administración de Justicia constituye depósito. Pero la LOPJ exceptúa expresamente la revisión contra el decreto que resuelve una reposición, y por eso falla el «toda». La ley no condiciona la exención a que el decreto ponga fin al proceso ni a lo que pasara con el depósito anterior.

El depósito se ingresa en una entidad de crédito, en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre del juzgado o tribunal, y tiene que acreditarse. La sección 13 del Ministerio de Justicia aparece en la ley en otro momento: es donde generan crédito los depósitos perdidos, no donde se consignan. La Caja General de Depósitos y el pago en metálico ante la oficina judicial no son lo que dice la ley.