Los derechos, los deberes, la jornada y los permisos de los funcionarios de Justicia

El art. 504.5 fija un máximo de doce meses prorrogables por otros seis. Pasados esos plazos, las licencias se prorrogan hasta la jubilación por incapacidad permanente o el alta, sin poder pasar nunca de treinta meses desde la solicitud de la licencia inicial: los treinta meses son el techo absoluto, no el primer tramo.

La letra k) del art. 495.1 añade al Régimen General o al de Clases Pasivas el Mutualismo Judicial, regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2000. Ninguno de los otros tres mutualismos figura en este artículo.

El art. 501.1 lo atribuye al Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias asumidas y los Colegios de Abogados y Procuradores, y también fija los horarios y condiciones de la guardia. Al Ministerio y a las comunidades les toca otra cosa (art. 501.2): garantizar la asistencia y decidir, previa negociación sindical, cuántos funcionarios la prestan.

El art. 503.1 iguala los permisos de estos funcionarios a los de la Administración del Estado, con una única excepción que fija la propia LOPJ: el de asuntos particulares, que dura nueve días. Es la cifra que no hay que cruzar con la del TREBEP o la de la Administración General del Estado si se estudian a la vez: aquí rige la de la LOPJ.

El art. 495.2 extiende a los interinos los derechos de los funcionarios de carrera en la medida en que la naturaleza de cada derecho lo permita, y para la Seguridad Social los integra en el Régimen General. El Mutualismo Judicial es, con el Régimen General o el de Clases Pasivas, lo que la letra k) reserva a los de carrera y en prácticas; MUFACE es la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado, no la de Justicia.

La letra d) del art. 496 condiciona la huelga al mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia. El artículo no la somete a autorización del Ministerio, ni fija una proporción de plantilla, ni un plazo de preaviso.

El art. 498.2 exige la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencias asumidas. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a jueces y magistrados, no a los Cuerpos de funcionarios, y ni la Presidencia del Tribunal de Instancia ni el letrado autorizan compatibilidades.

El art. 504.1 fija la licencia por matrimonio en quince días y la concede con plenitud de derechos económicos: el funcionario cobra todas sus retribuciones durante ella.

El art. 502.2 atribuye esas normas al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas, cada uno en su ámbito territorial; las condiciones de las vacaciones, en cambio, son las de los funcionarios de la Administración General del Estado (art. 502.1). El artículo no da esa competencia al Consejo General del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno ni a las Presidencias de los Tribunales de Instancia.

El art. 498.3.b).2.º no admite matices: el asesoramiento jurídico es incompatible para los Cuerpos Generales «sea retribuido o no», sin distinguir el asunto ni a quién se presta. Que sea gratuito, ajeno al propio órgano o para quien no persigue lucro no lo salva, y como el art. 498.3 dice que es incompatible «en todo caso», tampoco lo levanta una autorización de compatibilidad.

El art. 503.1 reconoce iguales permisos y con la misma extensión que los de la normativa aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, y el 503.2 les da también sus mismos derechos económicos. Las comunidades autónomas conceden los permisos en su ámbito (art. 505.1), pero no fijan su duración, y el calendario laboral distribuye la jornada, no los permisos.

El art. 504.5 obliga a comunicar la imposibilidad de asistir el mismo día en que se produce, y a solicitar la licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo a aquel en que empezó la ausencia. Son dos cosas distintas: avisar es inmediato; pedir la licencia, al cuarto día.

El art. 499.2.c) da al recusado el día siguiente a la recepción del escrito. Cinco días es otro plazo del mismo apartado, pero no del recusado: es el del letrado, que dentro del quinto día, si el recusado niega la causa, practica las comprobaciones y remite lo actuado a quien ha de resolver (letra d).

El art. 500.4 pide el informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Las comunidades autónomas con competencias asumidas no informan el calendario: lo aprueban, junto al Ministerio de Justicia, cada uno en su ámbito. Informan, en cambio, la duración anual de la jornada (art. 500.1).

La letra l) del art. 497 nombra a los Abogados, los Procuradores y los Graduados Sociales. Mediadores, Registradores y peritos no figuran en esa lista. Los Graduados Sociales vuelven a salir junto a Abogados y Procuradores en las incompatibilidades de los Cuerpos Generales (art. 498.3.b).

El art. 499.1 dirige la abstención a quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia; si la estima, al funcionario lo reemplaza quien deba sustituirle, y si no, sigue en el asunto. El letrado del que depende funcionalmente aparece en la recusación, donde instruye el incidente (art. 499.2.a), no en la abstención.

La letra j) del art. 497 obliga a dar a conocer la identidad y la categoría a los interesados que lo requieran, con una sola salvedad: que no sea posible por razones de seguridad. El secreto de las actuaciones afecta a lo que se puede contar del asunto, no a la identidad de quien atiende, y el deber no depende de que el interesado sea parte ni de una autorización del letrado.

El art. 500.3 permite establecer jornadas de mañana y tarde cuando lo aconsejen las necesidades del servicio, sobre todo en la atención al público, pero la incorporación a ellas es voluntaria y debe ir acompañada de medidas incentivadoras. Que sean de atención al público justifica crear esa jornada, no imponerla, y la ley no la reparte por turnos.

Las licencias de la letra b) del art. 504.2, que dependen de las necesidades del servicio y de las disponibilidades presupuestarias, dan derecho a las retribuciones básicas y a las prestaciones por hijo a cargo. Sin limitación de haberes son las de la letra a), para los cursos de los planes de formación, y sin retribución alguna, las licencias por asuntos propios (art. 504.3).

La libre asociación profesional abre la lista de derechos colectivos del art. 496, junto a la libre sindicación, la actividad sindical, la huelga, la negociación colectiva y la reunión. La formación, la información sobre las tareas y el respeto a la intimidad son derechos profesionales del art. 495.1, letras d), e) y f). Ojo con el TREBEP, que pone la libre asociación profesional entre los derechos individuales: aquí la pregunta es por la LOPJ.