El régimen disciplinario de los funcionarios de Justicia

La LOPJ gradúa la misma conducta por su calificativo: la desobediencia grave o reiterada es falta muy grave (art. 536.a.10), y la desobediencia expresa es falta grave (art. 536.b.1); en los dos casos, salvo que las órdenes sean manifiestamente ilegales. «Abierta» es el calificativo del TREBEP para su falta muy grave, no el de la LOPJ.

Para estos funcionarios, las faltas prescriben a los dos meses (leves), a los seis meses (graves) y al año (muy graves). Cuatro meses, un año y dos años son los plazos de prescripción de las sanciones ya impuestas (art. 540.4), no de las faltas. Y no hay que cruzarlo con el TREBEP, cuyos plazos son otros.

El traslado forzoso impuesto por falta muy grave impide volver a obtener destino en el municipio de origen durante tres años. El año es el plazo cuando el traslado se impuso por falta grave.

La LOPJ fija cuatro principios para graduar las sanciones: la intencionalidad, el perjuicio causado a la Administración o a los ciudadanos, el grado de participación en la comisión de la falta y la reiteración o reincidencia.

La regla es que las faltas muy graves y graves solo se sancionan en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto. La excepción son las leves: para ellas no es preceptiva la previa instrucción del expediente, pero el trámite de audiencia al interesado se mantiene. Por eso fallan tanto la opción que exige expediente como la que suprime también la audiencia.

El plazo vuelve a correr si el expediente queda paralizado durante más de seis meses por causas no imputables al funcionario. El mes es la paralización que reanuda la prescripción en la Ley 40/2015 (art. 30.2), no en la LOPJ.

Por falta muy grave, la suspensión va de un año a tres años; por falta grave, no excede de un año.

La reincidencia sube un grado: una falta leve cometida tras haber sido sancionado por resolución firme por otras dos leves, sin que se hayan cancelado sus anotaciones, es falta grave. La misma escalera existe un peldaño más arriba: una falta grave tras otras dos graves firmes no canceladas es falta muy grave (art. 536.a.20).

Es falta grave la tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses. Por debajo de eso, la ausencia injustificada por un día es falta leve (art. 536.c.4).

El cese en el puesto de trabajo es la sanción propia de los funcionarios interinos, y se les aplica tanto por faltas graves como por muy graves. No alcanza a los funcionarios de carrera, y no está reservado a las muy graves como la separación del servicio.

El procedimiento penal no impide iniciar el expediente; lo que se aplaza es la resolución, hasta la sentencia firme o el auto de sobreseimiento. Y las dos vías no se excluyen: puede recaer sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos cuando no hay identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. Es un supuesto distinto del art. 534.4, en el que los indicios de criminalidad aparecen durante la instrucción del expediente y lo que se hace es suspender su tramitación y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El art. 535 enumera los derechos que el procedimiento disciplinario ha de garantizar al funcionario expedientado, y el último es actuar asistido de letrado o de los representantes sindicales que él mismo determine, sin limitarlo a una de las dos asistencias ni a un grado de falta.

La separación del servicio está reservada a las faltas muy graves. La suspensión y el traslado forzoso pueden imponerse por faltas graves y muy graves, y el demérito no figura entre las sanciones que enumera el art. 538.

Cuando el traslado forzoso supone pasar del territorio de una comunidad con competencias asumidas al de otra, lo acuerda el Ministro de Justicia, y el informe favorable que se exige es el de la comunidad a cuyo territorio se traslada al funcionario sancionado, es decir, la de destino.

El art. 534.1 nombra también a los letrados de la Administración de Justicia, aunque las faltas y sanciones de estos se regulan aparte (arts. 468 bis a 469 bis). Los fiscales tienen su propio régimen en su Estatuto Orgánico, y ni el personal laboral ni los peritos o intérpretes figuran en el art. 534.1.