La independencia judicial

La regla 6.ª del art. 401 liga la constitución válida a la inscripción en el registro que lleva a tal efecto el Consejo General del Poder Judicial, a solicitud de cualquiera de los promotores. El acta fundacional no basta, el registro no es el general de asociaciones, y nadie aprueba los estatutos: la inscripción solo puede denegarse si la asociación o sus estatutos no se ajustan a los requisitos legales.

Cuando la incompatibilidad sobreviene, el art. 394.2 manda trasladar al último nombrado, salvo en el caso del cónyuge o pariente que ejerce como abogado o procurador ante el tribunal (393.1), en el que se traslada al juez. El criterio es el orden de los nombramientos, no la antigüedad en la carrera ni la categoría, y la ley no deja la elección a los interesados.

El art. 379.1 cierra su lista de causas de pérdida con la jubilación, letra f), que se suma a otras cinco, como la renuncia o la pérdida de la nacionalidad. La suspensión aparta temporalmente del cargo sin quitar la condición, el traslado forzoso cambia el destino y no la condición, y la excedencia se rige por sus propias normas (art. 378.3).

La regla 5.ª del art. 401 reserva la afiliación a quienes tienen la condición de jueces y magistrados en servicio activo, así que no basta pertenecer a la carrera en otra situación, y prohíbe estar afiliado a más de una asociación profesional.

El art. 398.2 manda dar cuenta de toda detención, por el medio más rápido, al Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez detenido; la autoridad judicial que corresponda toma luego las medidas para sustituirlo. El precepto no designa como destinatario al Consejo General, al Ministerio Fiscal ni a la Sala de Gobierno.

La regla 3.ª del art. 401 exige ámbito nacional, sin perjuicio de que existan secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia. La asociación no puede ser autonómica ni elegir su ámbito en los estatutos, pero tampoco tiene prohibido organizarse en secciones territoriales.

El art. 393.3 prohíbe desempeñar el cargo en la Audiencia donde se haya ejercido la abogacía, o el cargo de procurador, en los dos años anteriores al nombramiento. Un año antes cae dentro de ese plazo, así que haber dejado de ejercer antes de ser nombrada no basta, y abstenerse en los asuntos de antiguos clientes no levanta la prohibición. El plazo es de dos años, no de cinco.

El art. 393.1 exceptúa las poblaciones donde las Secciones Civiles y de Instrucción de los Tribunales de Instancia que constituyan Secciones Únicas cuenten con diez o más plazas judiciales, o donde existan Salas con tres o más Secciones. Quince plazas y dos Secciones no son cifras de este apartado.

El art. 393.2 exceptúa las poblaciones superiores a cien mil habitantes, y no todas: solo aquellas en las que radique la sede del órgano jurisdiccional. Una gran ciudad de la circunscripción que no sea la sede no queda exceptuada, y la cifra es de cien mil, no de cincuenta mil.

La causa de pérdida del art. 379.1.d) es la condena a pena privativa de libertad por delito doloso, y la excepción vive dentro de ella: si la pena no pasa de seis meses, el Consejo, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito, puede sustituir la pérdida por una sanción. El delito imprudente no está en esa letra, así que no hay pérdida que sustituir; y el umbral es de seis meses, no de un año.

El art. 398.1 limita la detención a dos supuestos: la orden de Juez competente o el flagrante delito. No hace falta la autorización previa del Consejo ni la de ninguna Sala del Tribunal Supremo, y fuera de esos dos supuestos ningún agente puede detenerlo, aunque dé cuenta después.

El art. 400 no le deja excusarse cuando su declaración es necesaria en la instrucción y puede prestarla legalmente. Que la autoridad que la recibe sea de categoría inferior no le exime: solo cambia cómo se organiza la diligencia. La ley no hace depender la declaración de una orden del Consejo ni admite como excusa las necesidades del servicio.

El art. 397 atribuye la decisión al Consejo General del Poder Judicial y pone el informe previo en manos del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva. Ni la Sala de Gobierno ni el Presidente deciden, y la Sala de Gobierno tampoco es quien informa en este procedimiento.

El art. 386.1 hace forzosa la jubilación por edad para que el cese se produzca al cumplir setenta años, y a continuación abre la excepción: pedida con dos meses de antelación, la permanencia en servicio activo se prolonga hasta los setenta y dos como máximo. Los sesenta y cinco son la edad desde la que cabe jubilarse voluntariamente (386.2), no la forzosa, y los setenta y cinco no aparecen en el artículo.

En los dos primeros supuestos de suspensión del art. 383, entre ellos el de haberse declarado haber lugar a proceder por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, el art. 384.1 reparte el trabajo: el Juez o Tribunal que conoce de la causa se limita a comunicarlo al Consejo General del Poder Judicial, y es el Consejo quien hace efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal. La audiencia que exige el precepto es la del Fiscal, no la del juez afectado, y la Sala de Gobierno no interviene.

El art. 403.3 divide las retribuciones fijas en básicas, que son el sueldo y la antigüedad, y complementarias, que son el complemento de destino, el específico y el de carrera profesional. Ningún complemento es retribución básica.

El art. 391 impide que pertenezcan a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial los magistrados con parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, y los hermanos lo están. La excepción es que existan varias secciones: entonces pueden integrarse en secciones diversas, pero nunca formar Sala juntos, ni siquiera por falta de otro magistrado. Compartir sección no lo arregla abstenerse.

El art. 392.1.b) declara la incompatibilidad para cualquier Sala de Justicia, constituya o no sección orgánica y sea cual sea el orden, y la única excepción que hace son las Salas y Secciones del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores no quedan fuera. El umbral de más de cinco órganos pertenece a otra regla del mismo artículo, la de los jueces respecto de los fiscales de su territorio (392.2.c).

El art. 399.1 obliga a las autoridades civiles y militares a abstenerse de intimar a los jueces y de citarlos a su presencia, aunque sea con antelación. Si necesitan datos o declaraciones ajenos a su cargo, se le piden por escrito o se le toman en su despacho oficial, previo aviso, directamente y sin pasar por el Presidente del Tribunal ni por el Consejo.

El art. 389.7.º hace incompatible el cargo de juez con todo tipo de asesoramiento jurídico, «sea o no retribuido». Que sea gratuito no lo salva, y el precepto no distingue según la entidad a la que se asesora ni según tenga o no asuntos en el órgano del juez.