El ingreso, la promoción y la condición de funcionario de Justicia

El art. 490.2 obliga a convocar cada año procesos de promoción interna por un número de plazas equivalente a la mitad de las que la oferta de empleo público incluye para cada cuerpo, y además de ellas: no se restan del nuevo ingreso. La cuenta se hace cuerpo a cuerpo. Aparte, el Ministerio puede convocar con carácter extraordinario procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Según el art. 486.4, los temarios los aprueba la Comisión de Selección de Personal y son únicos para todo el territorio del Estado. El distractor tentador mezcla la regla de las bases de la convocatoria: esas las elabora la Comisión y las aprueba el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas (art. 483.4). Los tribunales calificadores desarrollan y califican las pruebas, pero no fijan el temario, y las comunidades autónomas no tienen temario propio para estos cuerpos.

El art. 493 distingue dos grupos. A quien perdió la condición por la nacionalidad o por incapacidad permanente le basta con que desaparezca la causa objetiva; a quien la perdió por inhabilitación o por condena a pena privativa de libertad por delito doloso se le exige que estén extinguidas sus responsabilidades civiles y penales y, en su caso, cancelados los antecedentes penales. Cumplir la pena no basta, y la ley no fija un plazo de años. También pueden ser rehabilitados los separados del servicio por sanción disciplinaria.

El art. 488.3 da prioridad a quien ya es funcionario: los puestos que se ofrecen al nuevo ingreso tienen que haber pasado antes por un concurso de traslado. Lo que queda se adjudica a los nuevos según sus peticiones y el orden obtenido en el proceso selectivo, y esos destinos no son provisionales: tienen carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

El art. 482.5 reserva un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes. Es un mínimo, no una cifra cerrada, y no basta con tener la discapacidad: quien opta por el cupo tiene que superar las pruebas selectivas y acreditar el grado de discapacidad y la compatibilidad con las funciones del puesto. Ninguna de las otras cifras aparece en el art. 482.

La prueba adicional del art. 483.5 no es una convocatoria nueva y abierta: está reservada a quienes llegaron al último ejercicio del proceso anterior. Haber aprobado solo el primer ejercicio no basta, y ser interino en esas plazas no da acceso a ella. Es una facultad del Ministerio («podrá convocar»), no una obligación.

La prolongación es voluntaria para el funcionario, pero no automática: el art. 492.3 obliga a la Administración Pública competente a resolver de forma motivada si la acepta o la deniega. Pedirla a tiempo no basta para obtenerla, y la ley no la hace depender de un informe del superior jerárquico. El mismo apartado fija la jubilación forzosa de oficio a los 65 años y el tope de la prolongación en los 70.

El art. 483.5 es tajante: los aspirantes solo pueden solicitar su participación por uno de los ámbitos territoriales de la convocatoria. Por eso no hay listas de preferencia entre territorios: quien supera el proceso obtiene destino en una vacante del mismo territorio por el que se presentó. El Ministerio de Justicia sí puede agrupar las vacantes de uno o varios territorios en un mismo ámbito cuando el número de plazas lo aconseje.

El art. 489.4 obliga a revisar periódicamente, previa negociación con los sindicatos, si sigue el exceso de asuntos que justificó el refuerzo; y a los tres años, si la necesidad es estructural, se propone convertirlo en plantilla en las relaciones de puestos de trabajo. Lo que crece es la plantilla, no la condición del interino: ser interino no da acceso a la condición de funcionario de carrera sin proceso selectivo.

El art. 494.2 reparte la jubilación —voluntaria, forzosa o por incapacidad— entre el órgano competente del Ministerio de Justicia o, en su caso, el de la comunidad autónoma con competencias asumidas. Pero la rehabilitación de quien se jubiló por incapacidad permanente la acuerda, en todo caso, el Ministerio de Justicia, aunque la comunidad gestione su personal. Ni la Sala de Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial intervienen: son órganos de gobierno de jueces y tribunales.

El art. 490.3 fija el concurso-oposición, en los términos del reglamento de ingreso, provisión de puestos y promoción profesional, y con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ni la oposición sola ni el concurso de méritos solo: se combinan. Las convocatorias pueden eximir de las pruebas sobre conocimientos ya exigidos para entrar en el cuerpo de origen y valorar los cursos de formación superados, pero eso no cambia el sistema.

El art. 491 no hace una lista propia: remite al régimen del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, del libro V, tanto para adquirir la condición de funcionario de carrera como para perderla. El distractor tentador es el Estatuto Básico, al que la LOPJ sí remite para los sistemas de acceso (art. 484), pero no para la pérdida de la condición. Las comunidades autónomas gestionan personal, pero no fijan las causas de pérdida.

Cuando el curso o las prácticas son selectivos, el art. 485.1 da una segunda oportunidad y solo una: quien no lo supera puede repetirlo en el siguiente curso, al que se incorpora con la nueva promoción (no con la suya), y si tampoco lo supera pierde el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera. La calificación sirve siempre para fijar el orden de prelación, pero si el curso es selectivo, además, hay que superarlo.

El art. 487.2 reparte así los tribunales que se constituyen en esas comunidades: dos de cada cinco vocales los propone el órgano competente de la comunidad. Proponer no es nombrar: todos los miembros de los tribunales los nombra el Ministerio de Justicia. El reglamento fija la composición, que en todo caso ha de tener un número impar de miembros.

El art. 482.1 manda que esas necesidades sean objeto de una oferta única y anual, elaborada con los criterios que la Ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el sector público estatal. No hay una oferta propia de cada comunidad autónoma para estos cuerpos, ni ofertas trienales, ni una oferta por cuerpo a demanda: la periodicidad y la unidad las fija la propia ley.