Los institutos forenses y el registro de personal de Justicia

El art. 481.1 lo pone en el Ministerio de Justicia, que inscribe a todo el personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y anota todos los actos que afectan a su vida administrativa. Las comunidades autónomas no lo llevan: pueden establecer, si quieren, registros propios del personal que presta servicios en su territorio (art. 481.2), pero el central es uno y estatal. El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no gestionan a este personal.

El art. 479.1 los define como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las comunidades autónomas con competencia en la materia: donde la comunidad la tiene, el Instituto es suyo. La adscripción al Ministerio en todo caso es la del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (art. 480.1), que no pasa a las comunidades; de ahí sale el distractor tentador. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a jueces y magistrados, no los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, y no tiene Institutos adscritos.

El art. 479.7 da a los médicos forenses dos destinos posibles: un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Trabajan para juzgados, tribunales y fiscalías, y también informan a solicitud del Registro Civil (art. 479.5), pero lo hacen desde el Instituto: ni la Sección de Instrucción ni el Registro Civil son su destino, y cualquier opción que los incluya sobra.

Los Facultativos son funcionarios de carrera que forman un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia (art. 480.3), como los médicos forenses (art. 479.4). El auxilio especializado es lo que define a los Técnicos Especialistas (art. 480.4), y las funciones de apoyo, a los Ayudantes de Laboratorio (art. 480.5): son los otros dos cuerpos del mismo Instituto. La gestión técnica no es ninguno.

El art. 481.4 garantiza a todo el personal el libre acceso a su expediente, y prohíbe que figure en él, en ningún caso, dato alguno relativo a su raza, religión u opinión, ni cualquier otra circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo. El tiempo de servicios, el documento nacional de identidad y el orden de ingreso en el Cuerpo son relevantes: la propia ley los exige en el escalafón de los funcionarios de carrera (art. 481.5).

El art. 479.3 obliga a que todos los Institutos cuenten con unidades de valoración forense integral, de las que pueden formar parte psicólogos y trabajadores sociales, entre otras cosas para la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género. Los equipos técnicos de menores son el distractor tentador porque salen en el mismo apartado, pero con otro verbo: «podrán integrarse» en los Institutos, junto con el resto de equipos psicosociales; no es obligado. Los análisis toxicológicos son la tarea del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (art. 480.1), y las oficinas de asistencia a las víctimas no aparecen en el art. 479.

El art. 479.6 junta dos cosas que parecen tirar en sentidos opuestos: en esas actuaciones el personal del Instituto está a las órdenes de los jueces y fiscales, y aun así ejerce sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos. Recibir el encargo del juez o del fiscal no significa que estos dicten el contenido del dictamen. El director del Instituto es el superior en la organización, no quien da las órdenes en el proceso; y en el art. 479 las instrucciones del Ministerio o de la comunidad autónoma solo aparecen para las funciones de docencia, periciales o de investigación por motivos de interés general (art. 479.5.e), no para la pericia en el proceso.