La oralidad, la publicidad, la lengua y los medios técnicos

El art. 234.1 encarga esa información a los letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios competentes de dos oficinas: la judicial y la fiscal. Dejar fuera la oficina fiscal o reducirlo a los letrados es quedarse con media frase. Tampoco hace falta una resolución del juez: la ley manda facilitar la información que el interesado solicite.

El art. 233 declara secretas las deliberaciones y el resultado de las votaciones, «sin perjuicio» de lo que la propia ley dispone sobre la publicación de los votos particulares: esa es la única puerta que deja abierta. Ni la petición de una parte, ni un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ni la firmeza de la sentencia levantan el secreto de la deliberación.

El art. 230.1 no deja el uso de la tecnología a la elección del órgano: juzgados, tribunales y fiscalías «están obligados» a utilizar los medios que se pongan a su disposición. Los únicos límites que fija son los de la protección de datos personales —el capítulo I bis del mismo título y la normativa orgánica sobre la materia—, no el consentimiento ni la oposición de las partes, ni un acuerdo de la Sala de Gobierno.

El art. 230.2 equipara al original lo que producen los medios técnicos de la Administración de Justicia, «cualquiera que sea su soporte», siempre que se cumplan las garantías que el propio apartado exige y los requisitos de las leyes procesales. No lo rebaja a copia, ni simple ni auténtica, ni a documento privado: el soporte electrónico no le resta valor.

El art. 235 bis hace público el acceso a los datos personales de los fallos condenatorios firmes por ciertos delitos contra la Hacienda Pública, y el letrado de la Administración de Justicia ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La excepción mira a la reparación: no se aplica si el condenado o, en su caso, el responsable civil satisfizo o consignó la totalidad del perjuicio antes de la firmeza. Ni la clase de pena, ni un recurso de amparo, ni la intimidad del condenado la evitan.

El art. 229.3 admite la videoconferencia, u otro sistema similar, para las declaraciones, los interrogatorios, las vistas y las demás actuaciones del 229.2, y le pone una condición sin excepciones: asegurar «en todo caso» la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. No exige que las partes consientan el medio, ni que el letrado esté junto a quien declara, ni la asistencia de un perito: lo que la ley protege es la defensa, no una presencia física.

El art. 235 abre las resoluciones, o algunos de sus extremos, y otras actuaciones a quien acredita un interés legítimo y directo sin ser parte, pero condiciona el acceso a la protección de los datos personales que contengan: disociación, anonimización u otra medida, con pleno respeto a la intimidad y a la garantía del anonimato de las víctimas cuando proceda. No pide el consentimiento de las partes, ni que la resolución sea firme, ni un informe del Consejo General del Poder Judicial.

El art. 231.3 reconoce a las partes, a sus representantes y a quienes les dirigen —y también a testigos y peritos— el uso de la lengua que sea también oficial en la comunidad donde se celebran las actuaciones, «tanto en manifestaciones orales como escritas». No lo reduce a uno de los dos cauces ni lo hace depender de una autorización judicial.

El art. 231.4 da plena validez y eficacia a lo actuado y presentado en la lengua oficial de una comunidad autónoma «sin necesidad de traducción al castellano». La traducción de oficio queda para los supuestos que el mismo apartado enumera y, según la STC 105/2000 (FJ 12), para cuando el juez no comprenda el documento; en ningún caso condiciona su validez, que no espera a una traducción, ni jurada ni de oficio.

El art. 236 centraliza la publicidad de los edictos en el Tablón Edictal Judicial Único, en la forma que se disponga reglamentariamente y con los datos estrictamente necesarios para cumplir su finalidad. No la deja en el tablón de anuncios de cada órgano ni en los boletines oficiales.