Los letrados de la Administración de Justicia: el cuerpo y su estatuto

Tras fijar el régimen general de las situaciones, el art. 445.1 añade, con un «no obstante», una dispensa propia de los letrados: quien se presente como candidato al Parlamento Europeo, al Congreso, al Senado, a una Asamblea Legislativa autonómica o a una corporación local puede ser dispensado, previa solicitud, de prestar servicio durante la campaña electoral. La ley nombra expresamente quién puede conceder ese permiso: el Secretario General de la Administración de Justicia, no los órganos territoriales del Cuerpo ni la Sala de Gobierno.

Es la primera de las excepciones que el art. 446.3 hace al régimen de recusación de los jueces: el letrado no puede ser recusado durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que esté encargado, para que la recusación no sirva para paralizarla. La ley no prevé ninguna de las otras restricciones.

El art. 443.2.f) une dos condiciones: delito doloso y pena privativa de libertad superior a tres años. Una condena menor, o por delito imprudente, no está en esa letra; otra cosa es que la sentencia imponga una inhabilitación, que es causa propia de pérdida cuando es firme (letra d).

El art. 444.2.d) da a las asociaciones profesionales de los letrados el derecho a ser oídas en todas las materias que afecten a su estatuto orgánico. Es un derecho a ser oídas por materia, no por cada convocatoria. La productividad no se negocia con ellas: su cuantía individual la fija una resolución del Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas (art. 448.4). Y la ley no les da ningún papel en la libre designación.

El art. 442.2 abre la promoción interna al Cuerpo, por concurso-oposición, solo a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan prestado en él al menos dos años de servicios efectivos. La ley no abre esa vía a los de Tramitación ni a los demás Cuerpos Generales.

El art. 441.1 fija que el ingreso tiene lugar por la tercera categoría. La numeración va de abajo arriba: la primera es la más alta, y a ella no se llega al entrar, sino consolidando categorías con años de desempeño. Tampoco depende del puesto que se obtenga en la primera adjudicación: todo letrado entra por la misma categoría.

El art. 442.1 nombra los dos sistemas y los jerarquiza: la oposición es el sistema ordinario de ingreso y el concurso-oposición libre tiene carácter excepcional, con pruebas de conocimiento de contenido análogo a las de la oposición libre. Los dos deben garantizar igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Lo de los años sin oferta de empleo público es otra cosa: el proceso extraordinario de promoción interna del art. 442.2, no un sistema de ingreso libre.

El sustituto es el último recurso del art. 451: primero se acude a la suplencia por otro letrado, y solo si no es posible y existe disponibilidad presupuestaria se nombra un sustituto, que debe tener la titulación exigida para ingresar en el Cuerpo. La falta de voluntarios no abre esa puerta: entonces se designa con carácter forzoso al suplente ordinario (art. 451.2). Ni la vacante sin concurso ni la duración de la ausencia son, por sí solas, la condición.

Todo letrado tiene una categoría personal, y para consolidarla debe desempeñar puestos de esa categoría al menos cinco años continuados o siete con interrupción: la ley alarga el plazo cuando el desempeño no ha sido seguido. Las dos cifras van juntas, y ninguna de las otras parejas aparece en el artículo.

A la recusación de los letrados se le aplica el art. 223, el de los jueces, pero con excepciones, y una de ellas cambia quién resuelve: la pieza de recusación la resuelve el Secretario de Gobierno. Si el recusado reconoce la causa y esta es legal, el Secretario de Gobierno lo tiene por recusado mediante decreto, contra el que no cabe recurso. No la resuelve el juez del asunto ni ningún órgano de gobierno de los tribunales.

El art. 440 define el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia como un Cuerpo Superior Jurídico cuyos miembros ejercen sus funciones con el carácter de autoridad y dirigen la Oficina judicial. «Agente de la autoridad» es la opción tentadora, pero es una condición distinta y menor: quien la tiene actúa al servicio de una autoridad, y el letrado es la autoridad misma. Tampoco lo define la ley como colaborador del juez ni como un funcionario técnico más.

El art. 450.1 exige para estos nombramientos el informe previo del órgano competente de la comunidad autónoma: la comunidad informa, pero no propone ni tiene que dar su conformidad. Además, el sistema de provisión de cada puesto debe constar en las relaciones de puestos de trabajo. El nombramiento del Secretario de Gobierno tiene un régimen propio (art. 464.3), que no es el de estos puestos.

Para los puestos del Tribunal Supremo, el art. 450.1 no deja elegir el sistema: van por libre designación y con un listón propio, que suma dos antigüedades. Al menos veinte años en la primera o la segunda categoría, en una de ellas o entre ambas, y quince años de servicio en el orden jurisdiccional que corresponda a la plaza.

El art. 442.3 pide para el ingreso, «cualquiera que sea su forma de acceso», ser español y licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, y superar las pruebas selectivas y el curso teórico-práctico. No deja margen a la convocatoria ni distingue entre plazas: la nacionalidad española es requisito para entrar en el Cuerpo, por cualquier turno.

El proceso extraordinario del art. 442.2 es la excepción a la regla de que la promoción interna se convoca con la oferta de empleo público: cabe cuando no hay oferta y las circunstancias de la Administración de Justicia lo aconsejan, previa autorización del ministerio competente en función pública, y su tope es el quince por ciento de las plazas vacantes. Además, las plazas que no se cubren en él no pueden ofertarse después por turno libre.