Los letrados de la Administración de Justicia: la ordenación del cuerpo

Nombra el Ministerio de Justicia, por libre designación, y propone el Secretario de Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas con competencias asumidas. El Consejo del Secretariado interviene, pero no propone: se le oye antes del nombramiento sobre la idoneidad de los candidatos. Y el Secretario de Gobierno no nombra a su Coordinador: lo propone.

Para ser Secretario de Gobierno hay que haber prestado servicio, como mínimo, diez años en puestos de segunda categoría. Los cinco años en segunda categoría son el requisito del Secretario Coordinador provincial (art. 466.1), que además exige diez años en el Cuerpo: es la cifra con la que más se confunden los dos cargos.

Para los Tribunales Superiores de Justicia, la ley llama primero al Secretario Coordinador de la provincia sede del Tribunal y, en su defecto, al letrado que designe el titular de la Secretaría General de la Administración de Justicia. Esa designación por la Secretaría General es en cambio la regla directa en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y Ceuta y Melilla. No se sigue la antigüedad ni se acude a otro Secretario de Gobierno.

El Consejo del Secretariado se constituye en el seno del Ministerio de Justicia, del que depende el Cuerpo (art. 463.1), y tiene funciones consultivas en lo que afecta a los letrados. No es un órgano del Consejo General del Poder Judicial, que gobierna a jueces y magistrados, ni hay uno por Tribunal Superior de Justicia: es un único consejo para todo el Cuerpo.

Las cuatro son competencias del Secretario de Gobierno (art. 465), pero solo la de conceder permisos y licencias puede delegarla en el Coordinador, y el art. 467.9 la recoge así. Ojo con las suplencias: el Coordinador resuelve las suplencias y sustituciones de su ámbito (467.7), pero elaborar los planes anuales de suplencias sigue siendo del Secretario de Gobierno (465.11). El Coordinador también puede incoar expedientes disciplinarios, pero por competencia propia (art. 469.1), no por delegación.

El art. 463.2 nombra tres órganos superiores de gobierno del Cuerpo, por este orden jerárquico: el Secretario General de la Administración de Justicia, los Secretarios de Gobierno y los Secretarios Coordinadores Provinciales. El Consejo del Secretariado también aparece en el art. 463, pero en el apartado 4 y con otra naturaleza: es un instrumento de participación del colectivo, con funciones consultivas, no un escalón de la jerarquía.

Al Coordinador lo sustituye el letrado que designe el Secretario de Gobierno, su superior directo. Es la Secretaría General de la Administración de Justicia la que designa sustituto, en cambio, cuando la vacante es la del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de Ceuta y Melilla (art. 464.4).

El art. 464.1 dice que el Secretario de Gobierno «ejercerá además» las funciones de Secretario de la Sala de Gobierno de su Tribunal: por eso el cargo existe justo donde hay Sala de Gobierno (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia). Ni dirige un servicio común procesal ni es secretario del Consejo del Secretariado, que es un órgano consultivo del Ministerio de Justicia.

Donde la comunidad tiene una sola provincia, el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia asume las funciones del Coordinador, porque los dos cargos tendrían el mismo territorio. La excepción es que, por razón del servicio, sea aconsejable que también haya un Coordinador.

Ceuta y Melilla no tienen Tribunal Superior de Justicia propio, y la ley encarga el informe a la Sala de Gobierno del de Andalucía. En los demás casos informa la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo.

El Secretario Coordinador es provincial: hay uno en cada provincia. El ámbito de la comunidad autónoma, a través de su Tribunal Superior de Justicia, es el del Secretario de Gobierno, del que el Coordinador depende directamente (art. 467). Por eso, en las comunidades uniprovinciales, sus funciones las asume por regla el Secretario de Gobierno.

El art. 465.2 da al Secretario de Gobierno dos cosas: incoar los expedientes disciplinarios por las infracciones de los letrados de su ámbito e imponer la sanción de apercibimiento, la más leve. Las demás sanciones no figuran entre sus competencias. Las de suspensión, traslado forzoso y separación del servicio las impone el Ministro de Justicia (art. 469.2.c).

El tope es de diez años en el mismo puesto, y es el mismo que el art. 466.1 fija para el Secretario Coordinador provincial. Que el nombramiento sea libre no lo hace indefinido: el límite se cuenta por puesto, aunque el ministerio pueda removerlo antes en cualquier momento.