El lugar de las actuaciones, las notificaciones y la cooperación jurisdiccional

La cooperación internacional «sólo será denegada» en los casos tasados del art. 278.1, y uno de ellos es que el proceso del que procede la solicitud sea de la competencia exclusiva de la jurisdicción española. Si la competencia española es solo concurrente, ese motivo no existe. Que el Estado requirente no sea de la Unión Europea o que la diligencia caiga en día inhábil no figuran en la lista del art. 278; los otros motivos son el orden público manifiestamente vulnerado, que el acto no corresponda a las atribuciones de la autoridad requerida y que la solicitud no reúna los requisitos mínimos.

El art. 270 no distingue entre partes: las resoluciones de jueces y tribunales, y también las que dicte el letrado de la Administración de Justicia en sus funciones, se notifican «a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente». Que una parte pidiera el auto o que a otra le perjudique no cambia a quién se notifica. La ley añade a quienes no son parte pero a los que la resolución se refiere o puede parar perjuicio, solo si la resolución lo dispone expresamente.

El art. 277 remite a tres fuentes: los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre la materia. La ley del Estado que pide la cooperación no rige su prestación, y la decisión no la toma el Gobierno ni el Consejo por instrucciones: la presta el propio juzgado o tribunal. El orden público aparece en otro sitio, como motivo para denegarla cuando la solicitud es manifiestamente contraria a él (art. 278).

Que el acto no corresponda a las atribuciones de la autoridad requerida es un motivo de denegación (art. 278.1.3.º), pero la ley no deja ahí la solicitud: la autoridad requerida la remite a la autoridad judicial competente e informa de ello a la requirente. No la devuelve sin más, no la reenvía al Consejo General del Poder Judicial y tampoco la cumple ella, porque no le corresponde.

A las partes se les notifica siempre; a los terceros a quienes se refiera la resolución o que puedan sufrir perjuicio por ella, solo «cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley» (art. 270). No basta con que la resolución le perjudique, ni depende de que el tercero lo pida o de que lo acuerde el letrado de la Administración de Justicia al notificar: lo decide la propia resolución.

El art. 271 distingue dos casos. Quien está obligado a usar los medios electrónicos recibe las comunicaciones por esa vía; quien no lo está, o cuando no es posible usarlos, puede recibirlas «por cualquier otro medio» que permita dejar constancia de su práctica y de sus circunstancias esenciales, según determinen las leyes procesales. La LOPJ no exige la entrega en mano, ni que la persona haya designado el medio, ni una autorización del letrado de la Administración de Justicia: lo que pide es que quede constancia.

Los jueces y tribunales cooperan y se auxilian entre sí (art. 273), y el art. 274.1 dice cuándo se pide esa cooperación: cuando la diligencia se tiene que practicar fuera de la circunscripción del órgano que la ordenó, o cuando es de la competencia específica de otro. Dentro de su propio territorio, aunque sea fuera de la sede, el órgano no la necesita: puede constituirse allí mismo (art. 268.2). Ni el acuerdo de las partes ni la falta de tiempo están entre los supuestos.

El art. 272 permite un local de notificaciones común a los juzgados y tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional, y encarga al Colegio de Procuradores organizar un servicio para recibir las notificaciones que no se hayan podido hacer en ese local por incomparecencia del procurador. Tiene sentido: la notificación iba dirigida a un procurador, y es su colegio de la población, no el Consejo General de los Procuradores ni un órgano judicial, quien la recoge por él.

El art. 274.1 da dos supuestos para recabar la cooperación judicial, y el segundo no depende del lugar: que la diligencia sea de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. Aunque se practique en la misma población, si le corresponde a otro órgano, se le pide a él. Salir del edificio de la sede no exige cooperación: dentro de su territorio, el órgano puede constituirse donde haga falta (art. 268.2). Ni la clase de diligencia ni el domicilio de quien la pidió cambian la regla.

El art. 272 lo zanja: «La recepción de la notificación por este servicio producirá plenos efectos». No son efectos provisionales ni dependen de que el procurador la ratifique, y la notificación no se repite: el procurador que no acude al local común no retrasa la notificación.

Lo disponen las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, después de determinar el número de causas que justifica el traslado y siempre que lo justifique una mejor administración de justicia (art. 269.3); el juez se desplaza asistido del letrado de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es quien decide, a petición de esas Salas, que un órgano se constituya en otra población para un ámbito territorial (269.2), que es otro supuesto. El juez de lo penal de la ley es hoy el de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

Lo dispone el Consejo General del Poder Judicial, cuando las circunstancias o el buen servicio lo aconsejen, y lo hace a petición de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 269.2). La opción que invierte los papeles es la trampa: la Sala de Gobierno pide y el Consejo decide. Las Salas de Gobierno sí deciden por sí mismas otro desplazamiento, el de los jueces de lo penal para celebrar juicios orales (art. 269.3).