El impulso procesal y la nulidad de los actos judiciales

El art. 237 consagra el impulso de oficio: el proceso pasa al trámite siguiente sin que ninguna parte tenga que pedirlo, y para ello se dictan las resoluciones necesarias. Que la parte inste cada paso es el impulso de parte, que solo rige donde una ley lo disponga, que es justo la salvedad con la que empieza el artículo. En el proceso civil, el art. 179 de la LEC concreta que es el letrado de la Administración de Justicia quien da ese curso.

El art. 239.1 no deja margen: lo practicado bajo intimidación o violencia se declara nulo entero, y el tribunal promueve además la formación de causa contra los culpables y pone los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. No hay ratificación por falta de impugnación ni decide un tribunal superior. Conservar lo que no causó indefensión mezcla dos reglas ajenas: la conservación del art. 243.1 protege los actos independientes de uno nulo, no lo hecho por el tribunal intimidado.

El art. 238.3.º no exige que la indefensión llegue a consumarse: basta con que, por prescindir de la norma esencial, haya podido producirse. La «efectiva indefensión» es la medida del art. 240.1 para los defectos de forma, y confundir las dos es el error que esta pregunta busca. El precepto tampoco limita la nulidad a una fase del proceso ni la condiciona a que la parte la denuncie en un momento dado.

El art. 241.1 da veinte días, contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto, con un tope de cinco años desde la notificación en este último caso. Cinco días es otro plazo del mismo incidente, el común que tienen las demás partes para alegar una vez admitido el escrito (art. 241.2): es la confusión más probable.

El art. 238.5.º declara nulas de pleno derecho las vistas celebradas sin la preceptiva intervención del letrado de la Administración de Justicia, que es quien da fe pública de lo que ocurre en ellas. La palabra que importa es «preceptiva»: cuando la vista se graba con medios técnicos, el art. 453.1 permite celebrarla sin el letrado en los términos de la ley, y entonces su ausencia no anula nada. Los funcionarios de Gestión Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial colaboran en la oficina judicial, y el procurador representa a la parte, pero la falta de ninguno de ellos figura entre las causas de nulidad del artículo.

La regla del art. 240.2 es que, con ocasión de un recurso, el tribunal no decreta de oficio una nulidad que nadie le ha pedido en ese recurso. Las únicas salvedades son la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y la violencia o intimidación que afectara a ese tribunal. Prescindir de normas esenciales del procedimiento es causa de nulidad de pleno derecho (art. 238.3.º), pero no está entre esas salvedades, y tampoco la falta de motivación: si el recurrente no las alega, el tribunal no las declara de oficio. Que alguien la pidiera en la instancia no cuenta: lo que importa es lo que se pide en el recurso.

El art. 239.2 extiende la nulidad del acto de la parte intimidada a todos los demás relacionados con él o que pudieron verse condicionados o influidos sustancialmente por él. La medida es la conexión con el acto nulo, no quién los hizo ni el momento: por eso no se queda en el acto intimidado ni en los de esa misma parte, y tampoco arrastra lo actuado desde el principio si no guarda relación con él.

Según el art. 241.2, admitir el incidente no deja en suspenso la ejecución ni la eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para que el incidente no pierda su finalidad. Por eso fallan las dos opciones extremas —siempre se suspende, nunca se suspende— y la de la caución, que la ley no pide: la suspensión depende de un acuerdo expreso.

El art. 240.2 permite declarar la nulidad de oficio o a instancia de parte, con tres condiciones: que aún no haya recaído la resolución que pone fin al proceso, que no proceda la subsanación y que se oiga antes a las partes. Por eso falla tanto quien exige la petición de parte como quien prescinde de la audiencia, que la ley exige también cuando el tribunal actúa por su cuenta.