Las Oficinas de Justicia en los municipios

El art. 439 quinquies.3 lo atribuye al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, cada uno en su ámbito. La agrupación no nace de un acuerdo entre Ayuntamientos ni de una petición suya a la Diputación, y tampoco la decide el gobierno de los jueces: es una decisión de quien tiene la competencia sobre los medios de la Administración de Justicia.

El art. 439 ter.4 modula la subvención en función del número de habitantes de derecho del municipio: lo que cuenta es su población, no la actividad de la Oficina. Ni los asuntos que tramita, ni el personal destinado en ella, ni el tamaño de sus instalaciones sirven de medida.

La regla es que esas Oficinas las sirven funcionarios de los Cuerpos de Justicia, pero el art. 439 quinquies.1 permite que las relaciones de puestos de trabajo incluyan determinados puestos a cubrir con personal de otras Administraciones públicas, siempre que reúna los requisitos y condiciones que ellas establezcan. La ley no lo plantea como una solución provisional hasta que llegue un funcionario de Justicia, ni lo limita al personal laboral del Ayuntamiento.

El art. 439 quinquies.3 remite los requisitos de idoneidad de quien no es funcionario a la propia norma en que se constituya la agrupación. La ley sí fija un mínimo común: ha de ser mayor de edad y no estar incursa en causas que impidan el ejercicio de un cargo público, y su auxilio no alcanza las actuaciones reservadas al personal de la Administración de Justicia. No los deja a una ordenanza municipal ni a la relación de puestos, y el reglamento de los Cuerpos de Justicia no rige a quien no es funcionario.

Hacen falta las dos condiciones a la vez: que los municipios sean limítrofes y que pertenezcan a un mismo partido judicial. Lindar con un municipio de otro partido judicial no basta, y compartir partido judicial sin lindar tampoco; la provincia no es el marco de la agrupación.

La disposición final primera de la LOPJ declara que tienen rango de ley ordinaria el capítulo IV y el capítulo V del título I del libro V —las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina fiscal— y el título V del libro VIII. Alcanza al capítulo entero, sin distinguir artículos, así que una ley ordinaria puede modificar esta regulación sin la mayoría absoluta del Congreso que el art. 81 de la Constitución exige a las orgánicas.

El art. 439 quinquies.2 pone las tareas de la Oficina judicial bajo la dependencia funcional del director o directora del servicio para el que el funcionario desarrolla la actividad compatible. Ni el juez o la jueza de paz ni quien lleva la Secretaría de la Oficina de Justicia dirigen ese trabajo, y el precepto no remite a la Presidencia del Tribunal de Instancia.

El art. 439 quater.2.a abre el servicio a dos grupos: quienes residen en el municipio y quienes desarrollan allí su profesión o trabajo, aunque vivan en otro. Exigir el empadronamiento deja fuera al segundo grupo; el partido judicial no es el ámbito de una Oficina de Justicia en el municipio, y la ley no pide carecer de medios propios. El servicio alcanza también la intervención en actos de conciliación y en los derivados de expedientes de jurisdicción voluntaria.

El art. 439 quater.1 enumera tres servicios que se prestan siempre: la asistencia al juez o la jueza de paz, ciertos actos de comunicación procesal con quienes residan en el municipio y los que correspondan a la Oficina como colaboradora del Registro Civil. La recepción de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, la videoconferencia y la colaboración con los medios adecuados de solución de controversias están en el apartado 2, que los añade solo cuando se cumple la condición que él mismo fija.

El art. 439 ter.3 reparte entre dos manos. Las instalaciones y los medios instrumentales están a cargo del Ayuntamiento respectivo, salvo que convenga que los gestione, en todo o en parte, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia. Los sistemas y equipos informáticos, en cambio, no los pone el Ayuntamiento: los facilita el Ministerio o la comunidad autónoma que tenga asumidas esas competencias. Quien piensa en una sola mano para todo acierta media respuesta.