Los principios del Poder Judicial

No: el 12.3 lo prohíbe a los órganos de gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y a los propios Jueces y Tribunales respecto de sus inferiores, y la prohibición alcanza a las instrucciones de carácter general y a las de carácter particular. Ni un informe previo ni la petición del juez la levantan.

La declara el Gobierno: el 18.2 solo permite esa expropiación por causa de utilidad pública o interés social «declarada por el Gobierno». No basta que la invoque la Administración condenada, el órgano que ejecuta no la declara y no hace falta una ley de las Cortes.

El orden jurisdiccional que se estime competente, y la resolución ha de ser fundada. El 9.6 no obliga a señalar el órgano concreto ni un plazo para volver a demandar: basta con decir en qué orden debe plantearse el asunto. Antes de resolver se oye a las partes y al Ministerio Fiscal.

Sí, pero «a los solos efectos prejudiciales», dice el 10.1: se pronuncia sobre esa cuestión para poder resolver lo suyo, y nada más. Eso no prorroga la jurisdicción, que sigue siendo improrrogable, y no depende de que las partes se sometan ni de una autorización.

Solo de los que fallecen en campaña o navegación «en situación de conflicto armado», y limitada a lo imprescindible: disponer el sepelio, inventariar y asegurar provisionalmente los bienes, dando siempre cuenta a la autoridad judicial civil. Morir en acto de servicio o en un destino en el extranjero no basta.

No aplicarlo: el art. 6 manda a los Jueces y Tribunales no aplicar los reglamentos ni ninguna otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. No tienen que esperar a que se derogue, y la cuestión ante el Tribunal Constitucional es para las normas con rango de ley (art. 5.2).

Las obtenidas «directa o indirectamente» violentando los derechos o libertades fundamentales: la ineficacia alcanza también a la prueba que deriva de la vulneración, no solo a la obtenida con ella. La regla no se extiende a cualquier infracción procesal, y lo que la activa es la vulneración, no la falta de una autorización.

Solo los que correspondan a la jurisdicción militar: es la única excepción que hace el 9.3. Un aforado, un delito leve o un menor (art. 82.1.4.º) no sacan la causa del orden penal; lo que cambia, en su caso, es el órgano que conoce de ella dentro de ese orden.

Solo por la vía de los recursos: el 12.2 impide corregir la aplicación o interpretación hecha por los inferiores salvo cuando se administra justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan. Una consulta, un acuerdo de la Sala de Gobierno o la discrepancia con el Supremo no abren otro camino.

Los demanda ante el mismo orden contencioso-administrativo: el 9.4 le obliga a deducir también frente a ellos su pretensión allí. Que sean particulares no la lleva al civil, ni antes ni después de la sentencia.

El 18.2 no da la ejecución por perdida: el Juez o Tribunal adopta las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fija en todo caso la indemnización procedente por la parte que no pueda cumplirse. Ni archiva sin más, ni deja la sentencia sin efecto, ni traslada la decisión al Gobierno.

El 2.1 nombra dos fuentes, las leyes y los tratados internacionales, y ninguna más. Los reglamentos del Consejo General, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los Estatutos de Autonomía no son lo que este apartado exige para determinar un Tribunal.

El 12.1 mira hacia dentro del propio Poder Judicial: al juzgar, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos sus órganos judiciales y de gobierno, también de los que están por encima de ellos. Ningún órgano judicial ni de gobierno queda fuera de esa regla.

La sentencia europea no basta: el 5 bis exige que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que con la revisión. No pide un amparo previo ni la liga a un derecho concreto del título I.

Siempre el Tribunal Supremo: el 5.4 lo dice «cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional». Que otro órgano conozca de la casación por razón de la materia no cuenta cuando el motivo es la Constitución, y el Tribunal Constitucional no decide recursos de casación.

Sí, con un límite: el 14.1 le deja practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. No tiene que quedarse quieto, pero el procedimiento lo sigue el Juez o Tribunal competente, no él, y no necesita autorización para esas diligencias.

La salvedad del 3.1 la marca la Constitución: quedan a salvo las potestades jurisdiccionales que ella reconoce a órganos distintos de los previstos en la LOPJ. Ni un Estatuto de Autonomía, ni una ley que se las dé a la Administración, ni un tratado aparecen en ese apartado.

De la Vega Valenciana: es el único Tribunal de las Aguas que nombra el 19.3. Ni la vega de Lorca, ni la huerta de Murcia, ni la vega de Granada aparecen en ese apartado.

El social: el 9.5 le da las pretensiones de la rama social del derecho, en conflictos individuales y colectivos, y nombra aparte las reclamaciones en materia de Seguridad Social. Que la entidad que responde sea pública no las lleva al contencioso-administrativo.

A todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma que establezcan la Constitución y las leyes. El art. 4 no la ciñe a los españoles ni a los residentes, y un aforado no queda fuera de la jurisdicción: lo que cambia es el órgano que lo juzga.