La protección de datos en la Administración de Justicia

Según el art. 236 decies.2, esas operaciones las autoriza el Consejo General del Poder Judicial por acuerdo, a propuesta de la Secretaría General, y es la Secretaría General la que ostenta la condición de responsable del tratamiento. No lo es la Comisión Permanente, ni la Presidencia, ni el Servicio de Inspección.

El art. 236 bis.2 sitúa el tratamiento en el órgano competente y, dentro de él, en quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente. No lo concentra en una figura —el letrado de la Administración de Justicia trata los datos cuando la competencia es suya, no siempre—, ni lo saca del órgano para llevarlo al Consejo General del Poder Judicial o a los servicios comunes de la oficina judicial.

El art. 236 quinquies.3 extiende la obligación de las partes a los profesionales que las representan y asisten, y a cualquier otro que intervenga en el procedimiento. No se queda en las partes, no depende de que el juez la imponga y la ley no le pone término: no dice que se acabe con el proceso.

El art. 236 octies.1 atribuye estas funciones —supervisar, sensibilizar a los profesionales, informar a los interesados y tramitar sus reclamaciones, entre otras— al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias, cuando el tratamiento tiene fines jurisdiccionales. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas no tienen esa función, y la Agencia Española de Protección de Datos, sola o con las autoridades autonómicas, tampoco: en la Administración de Justicia le corresponden los tratamientos con fines no jurisdiccionales (art. 236 octies.2).

El art. 236 ter.3 no exige el consentimiento del interesado para tratar sus datos en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, tanto si los facilitan las partes como si los recaba el órgano a su solicitud: por eso no vale la opción que lo limita a lo que pide el tribunal. Lo único que deja a salvo son las normas procesales sobre la validez de la prueba; la ley no prevé ni un consentimiento tardío ni una dispensa judicial.

El art. 236 octies.1.e) admite las reclamaciones de un interesado y las de asociaciones, organizaciones y entidades que tengan capacidad procesal o legitimación para defender intereses colectivos, en los términos de las leyes aplicables al proceso en que se recabaron los datos. No abre una acción a cualquiera y no nombra ni al Ministerio Fiscal ni al Defensor del Pueblo. Al reclamante se le informa del curso y del resultado en un plazo razonable.

El art. 236 sexies.1 pone los medios tecnológicos a cargo de la Administración competente, y el apartado 2 le hace cumplir las responsabilidades que en materia de datos se le atribuyan como administración prestacional. La ley no se los encarga al Consejo General del Poder Judicial, ni al propio órgano judicial, ni a la Agencia Española de Protección de Datos.

El art. 236 decies.1 lo zanja sin salvedades: los tratamientos que hacen el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus competencias quedan sometidos a la legislación vigente de protección de datos y no se consideran en ningún caso realizados con fines jurisdiccionales. Ni el origen de los datos, ni que se traten en la labor inspectora, ni un acuerdo del Pleno cambian esa calificación.

El art. 236 septies.2 deniega en todo caso el acceso cuando las diligencias en que se recabó la información sean o hayan sido declaradas secretas o reservadas. Basta con que lo hayan sido: alzar el secreto no reabre el acceso, la ley no hace excepción para las partes personadas y no deja la denegación a una ponderación del juez.

Los elabora y actualiza el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado (art. 236 sexies.3), adecuando los principios de la normativa general a la regulación procesal y a la organización de la Oficina judicial y fiscal. Esas dos instituciones informan y no redactan, y el informe de la Fiscalía no es siempre preceptivo: solo «en su caso». La Agencia de Protección de Datos no aparece en el precepto, ni el Ministerio informa a nadie: es quien elabora.