La provisión de puestos y la movilidad de los funcionarios de Justicia

La regla es amplia: pueden concursar los funcionarios «cualquiera que sea su situación administrativa», y sin limitación por la localidad de destino. La única salvedad es la de los suspensos en firme, y solo mientras dure la suspensión. Por eso la excedencia y los servicios especiales no impiden concursar, y estar destinado en el territorio de otra Administración tampoco.

El art. 526.2 abre la libre designación a dos grupos: los puestos directivos y los que, por su especial responsabilidad y dedicación, así figuren en las relaciones de puestos de trabajo. No es un remedio para el concurso desierto: un puesto que queda sin candidato idóneo se cubre de forma temporal (art. 527.1). Y quien lo decide es la relación de puestos de trabajo, no la comisión de valoración, que solo comprueba y valora méritos.

El apartado 2 del art. 524 nombra las dos vías temporales: la adscripción provisional y la comisión de servicios. La redistribución y la reordenación de efectivos aparecen en el apartado siguiente, y no como cobertura temporal, sino como formas de proveer los puestos «por razones organizativas», y el puesto obtenido por redistribución es incluso definitivo (art. 528.1); por eso las parejas que las incluyen son falsas aunque lleven una pieza cierta.

El art. 526.1 distingue dos clases de concurso según el puesto: el de traslado cubre los puestos genéricos y el específico, los singularizados. El concurso de traslado es el gemelo tentador, pero es el de los puestos genéricos. La comisión de servicios solo cubre un puesto de forma temporal, y la redistribución de efectivos mueve a quien ya ocupa un puesto genérico.

La regla del art. 530 es que, en esas comunidades, el conocimiento oral y escrito de la lengua propia se valora como mérito, y de ahí sale el distractor tentador. Pero el mismo artículo permite convertirlo en requisito en determinados puestos, con dos condiciones juntas: que la exigencia derive de la naturaleza de las funciones y que así lo establezcan las relaciones de puestos de trabajo. No basta la convocatoria ni lo decide la comisión de valoración.

Quien ha sido movido de forma forzosa en una reordenación recibe dos compensaciones a la vez: queda exento de la obligación de permanencia mínima en el puesto que se exige para concursar y tiene preferencia para obtener un puesto en su centro de origen en el primer concurso que oferte plazas de ese centro. Las opciones que dan solo una de las dos se quedan cortas, y la vuelta no es automática: pasa siempre por un concurso.

El art. 524.1 admite dos procedimientos de provisión, el concurso y la libre designación, y califica al concurso de sistema ordinario. La libre designación es la vía reservada a ciertos puestos, no la regla. La comisión de servicios y la adscripción provisional ni siquiera son sistemas de provisión definitiva: cubren un puesto de forma temporal.

Como el puesto se obtuvo por la apreciación de la idoneidad del candidato, la ley limita la motivación del cese a una sola cosa: la competencia de quien lo acuerda. No hay que justificar razones de servicio ni pedir informes. Los «motivos profesionales o personales» son los que tiene que exponer el funcionario cuando es él quien renuncia al puesto.

El art. 529.3 exige que hayan transcurrido dos años desde esa resolución (o, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso, desde la que les adjudicó destino definitivo). Los años se cuentan por años naturales: el primero es el año natural en que se dictó la resolución, sea cual sea su fecha, y el segundo, el siguiente. Quedan fuera de esta limitación los funcionarios sin destino definitivo que están obligados a concursar (art. 529.4).