Las resoluciones judiciales: vista, votación y fallo

El art. 253 parte de que autos y sentencias se deliberan y votan inmediatamente después de la vista; si no es posible, el Presidente señala el día, y ese día ha de caer dentro del plazo que haya para dictar la resolución. No lo fija el ponente, y la ley no pone un plazo propio de diez días: el límite es el plazo para dictar la resolución.

El art. 260.1 obliga a firmar lo acordado a todo el que tomó parte en la votación, aunque haya disentido; el desacuerdo no se expresa negándose a firmar ni con salvedades en la firma, sino con un voto particular en forma de sentencia, que se anuncia en el momento de la votación o en el de la firma. Firmar y discrepar no son incompatibles.

El art. 266.1 permite restringir el acceso al texto de la sentencia, o a parte de él, cuando pueda afectar a la intimidad, a personas que requieren especial tutela o al anonimato de las víctimas, y en general para evitar usos contrarios a las leyes. La falta de firmeza, la petición de quien pierde o que la condenada sea una Administración no están entre esas causas.

El art. 249 manda señalar las vistas por el orden en que los asuntos quedan conclusos, salvo que una ley disponga otra cosa. No cuenta el orden de entrada ni la antigüedad de la demanda, que miden el principio del pleito y no el momento en que está listo para la vista; y el ponente no decide el orden.

El art. 257.1 resuelve el caso con un voto fundado y firmado que la impedida remite directamente al Presidente, y que se une a los demás. Que voten solo los no impedidos es lo que prevé el art. 257.4 cuando el impedido no puede votar ni siquiera de ese modo; el voto no se delega, y la votación no espera.

El art. 248.4 ordena la sentencia así: encabezamiento, antecedentes de hecho, hechos probados «en su caso», fundamentos de derecho y, por último, el fallo. De todos ellos, solo los hechos probados llevan esa salvedad; los demás apartados están en toda sentencia.

El art. 248.2 fija la regla (la providencia no lleva fundamento) y abre dos puertas a una motivación sucinta: que la ley lo disponga o que quien la dicta lo estime conveniente. La petición de una parte no aparece en el precepto, ni sola ni sumada a la ley: las dos puertas son la ley y el criterio de quien la dicta.

El art. 245.1.b enumera lo que se decide por auto: los recursos contra providencias, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales y la nulidad del procedimiento, además de lo que las leyes de enjuiciamiento manden. Dar traslado de un escrito es un trámite de impulso que corresponde al letrado de la Administración de Justicia; decidir definitivamente el pleito, en cualquier instancia o recurso, es propio de la sentencia; y dar a los autos su curso legal es lo que hace la diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia.

El art. 262.2 resuelve la discordia con una nueva vista a la que concurren los que asistieron a la primera, aumentados en dos si los discordantes fueron en número impar y en tres si fueron en número par. Dos es la cifra del caso impar; uno y cuatro no aparecen en el precepto.

El art. 245.1.a define la providencia por su objeto: la ordenación material del proceso. La trampa es la diligencia de ordenación, que también ordena el curso de los autos, pero es una resolución del letrado de la Administración de Justicia, como el decreto (art. 456), no del juez. El auto se reserva para recursos, incidentes, presupuestos procesales y nulidad.

El art. 263.2 cierra la cadena: si ni la Sala de discordia reúne mayoría, se vota de nuevo, pero sometiendo solo los dos pareceres que obtuvieron más votos en la votación anterior. La nueva vista con más magistrados es el paso previo, la propia Sala de discordia (art. 262.2); la LOPJ no da voto de calidad ni desestima por falta de mayoría.

El art. 256 mantiene al juez o magistrado trasladado o jubilado en los pleitos a cuya vista asistió y que aún no se han fallado: delibera, vota, redacta y firma, salvo incompatibilidad u otra causa de anulación. Así se evita repetir la vista. Remitir un voto escrito es lo que hace el magistrado imposibilitado para asistir a la votación (art. 257).

El art. 248.6 exige que la resolución diga si es firme o si cabe recurso y, en este caso, cuál procede, ante qué órgano se interpone y en qué plazo (y, cuando proceda, si hay que constituir depósito). Los motivos del recurso no están en esa lista: los fija cada ley procesal y los alega quien recurre.

El art. 255.1 fija la mayoría absoluta de votos, salvo que la ley señale expresamente una proporción mayor, y el 255.2 prohíbe exigir un número de votos conformes que altere esa regla. Dos tercios o unanimidad solo podrían venir de una ley expresa; la mayoría simple no basta.

Cuando no hay votos bastantes para la mayoría del art. 255, el art. 258 manda ver de nuevo el asunto y sustituir al impedido en la forma que establece la ley. Dictar sentencia con los presentes solo vale si forman mayoría (art. 257.4). La Sala de discordia es para otro problema: hay votos suficientes, pero no se ponen de acuerdo (art. 262).

El art. 254.2 fija el orden: primero el ponente, después los demás magistrados por orden inverso a su antigüedad (del más moderno al más antiguo) y, el último, quien presida. El más moderno es el tentador porque vota pronto, pero después del ponente.

El art. 262.2 fija el orden de quienes completan la Sala de discordia: primero el Presidente de la Sala, si no asistió ya; después, los magistrados de la misma Sala que no vieron el pleito; luego, el Presidente de la Audiencia; y por último, los magistrados de las demás Salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional. Los distractores son los escalones siguientes.

El art. 260.2 manda incorporar el voto particular, firmado por su autor, al libro de sentencias y además notificarlo a las partes junto con la sentencia de la mayoría; si la sentencia se publica, el voto se publica con ella. Ir al libro no lo deja oculto, y no hay que pedirlo ni esperar a la firmeza.

El art. 264.1 encarga la convocatoria al Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, que puede hacerlo por iniciativa propia o a petición mayoritaria de sus miembros. No interviene la Sala de Gobierno, y no hace falta unanimidad: basta la mayoría.

El art. 248.5 pide que toda resolución la firme quien la dicta, pero para las providencias de una Sala de Justicia hace una excepción: basta la firma del ponente. No hace falta la de todos los magistrados, que es la regla de las sentencias (art. 259), ni la del presidente; y la firma del letrado de la Administración de Justicia, que en lo civil autoriza o publica las resoluciones (art. 204.3 de la LEC), no sustituye a la de quien la dicta.