Las situaciones administrativas de los funcionarios de Justicia

La excedencia es un derecho individual de cada funcionario, no de la familia: los dos pueden disfrutarla por el mismo sujeto causante, y lo único que la ley permite a la Administración es limitar que la ejerzan a la vez, y solo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. Ni la reparte ni puede denegarla.

La agrupación familiar es una de las cuatro excedencias voluntarias de la lista (letra f). La expectativa de destino, la excedencia forzosa y la excedencia voluntaria incentivada existen en otros regímenes de función pública, pero ninguna está entre las siete situaciones que enumera el art. 506 para los funcionarios de los Cuerpos de Justicia.

Cada sujeto causante da derecho a un período único, y cuando uno nuevo origina otra excedencia, el inicio de la nueva pone fin a la que se venía disfrutando. No se encadenan ni se superponen, ni la primera queda en suspenso para reanudarse después.

Lo acuerdan el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas que han asumido competencias, cada uno respecto de los funcionarios que prestan servicios en su ámbito territorial, y dictan las disposiciones sobre la forma y el procedimiento. El Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno son órganos de gobierno de jueces y tribunales, y el Secretario de Gobierno es un letrado de la Administración de Justicia: ninguno declara las situaciones de los funcionarios.

El adscrito provisionalmente está obligado a concursar, pidiendo entre otros el puesto que ocupa; si no participa en el primer concurso posterior, pasa a excedencia voluntaria por interés particular. La nueva adscripción provisional a una vacante de la provincia o del área territorial es para quien sí concursa y no obtiene destino definitivo.

Quien se encuentra en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública es declarado en excedencia voluntaria en su cuerpo de Justicia: es la excedencia por prestación de servicios en el sector público del art. 506.d). No sigue en servicio activo: el art. 507.2.f) lo mantiene solo para quien accede a un puesto de trabajo de otra Administración cuya relación de puestos lo prevé, no para quien ingresa en otro cuerpo.

El puesto en la Mutualidad General Judicial adscrito a funcionarios de Justicia es uno de los supuestos de servicio activo del art. 507.2 (letra g). Quien cesa en un puesto por haber obtenido otro solo sigue en servicio activo durante el plazo posesorio (letra h), no después de vencido; la excedencia por cuidado de familiares y la suspensión de funciones son situaciones distintas del servicio activo (art. 506.c y g), y el suspendido queda privado del ejercicio de sus funciones (art. 511.1).

La ley obliga a acordarla en cuatro casos: auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado. Fuera de ellos, el instructor puede adoptarla como medida cautelar por cualquier delito doloso, pero no es obligada: ni la citación como investigado, ni la admisión de la querella, ni la incoación de diligencias previas la imponen.

Recibe la retribución del puesto o cargo efectivo y no la de funcionario: no se suman las dos ni se queda con la de funcionario. Pero conserva el derecho a percibir los trienios que tuviese reconocidos, que es lo que falla en la otra opción que acierta con el puesto o cargo.

La única prohibición absoluta del art. 508 es el asesoramiento pericial a los órganos jurisdiccionales (apartado 5). Lo demás el mismo artículo lo permite: participar en concursos, con reincorporación a la localidad y condiciones del destino obtenido (apartado 3); computar el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, con la salvedad de quien ejerce el derecho de transferencia a las instituciones europeas (apartado 2); y percibir los trienios reconocidos (apartado 4).

Para los miembros de las corporaciones locales, la LOPJ solo saca del servicio activo a quien desempeña cargo retribuido y de dedicación exclusiva. No percibir retribuciones periódicas es la condición que el art. 507.2.c) pone a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, no a los concejales; y optar por permanecer en servicio activo es lo que el art. 507.2.e) permite a quien presta servicios en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

Los cambios de situación pueden producirse sin reingreso previo al servicio activo, siempre que se reúnan los requisitos de cada caso; lo que sí exige el art. 513.1 en todo caso es comunicarlos al Registro Central de Personal para su anotación. La reserva de puesto importa para otra cosa: permite concursar sin salir de la situación (art. 513.2).

No puede exceder de seis meses, y solo se alarga si el procedimiento se paraliza por causa imputable al propio interesado. El art. 511.3.b) no distingue la gravedad de la falta: los seis meses son su tope para todo expediente. Tres meses es el techo que el Real Decreto 796/2005 (art. 22.1) fija cuando la falta es grave, no cuando es muy grave; dos o cuatro meses no son el tope en ningún caso.

Lo que hace definitiva la suspensión es su causa, y la causa tiene que ser firme: una condena criminal firme o una sanción disciplinaria firme. Una sentencia condenatoria que aún no es firme no basta, y la que se acuerda por el auto de apertura de juicio oral o la que adopta el instructor como medida cautelar es provisional (art. 511.3.a).

La única condición que pone el art. 509.1 es declarar antes que no se desempeña otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo. No exige servicios previos, no la subordina a las necesidades del servicio ni fija un plazo de preaviso para pedirla.