El procedimiento de habeas corpus

El art. 7 oye primero a la persona privada de libertad (o a su representante legal y a su abogado) y al Ministerio Fiscal; «acto seguido», y en justificación de su proceder, a quien ordenó o practicó la detención o el internamiento, y en todo caso a quien lo custodia. El fiscal y el abogado también son oídos, pero no para justificar nada: no detuvieron a nadie.

El art. 2 ordena tres fueros en cascada: primero, el lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no consta, el de la detención; y en defecto de ambos, el de las últimas noticias sobre su paradero. El domicilio no es fuero. La ley dice todavía «Juez de Instrucción»: hoy conoce la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (art. 88 de la LOPJ).

Las letras b) y c) del art. 3 legitiman al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo. El Consejo General del Poder Judicial gobierna a los jueces y no insta procedimientos; la Delegación del Gobierno es autoridad gubernativa, la que detiene y es controlada; y el Colegio de Abogados no está en la lista: sí lo está el abogado defensor del detenido (letra d).

El art. 6 manda dar traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal y, seguidamente, resolver por auto, que también se le notifica. A la autoridad que custodia al detenido el juez la oye después, ya incoado el procedimiento, en justificación de su proceder (art. 7). Y no hace falta letrado (art. 4).

La letra a) nombra, además del propio privado de libertad, a su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, a sus descendientes, a sus ascendientes y a sus hermanos. La ley no llama a los demás parientes: ni a los colaterales más allá de los hermanos, como sobrinos y primos, ni a los afines, como el cuñado.

El art. 9 solo condena en costas al solicitante «si se apreciase temeridad o mala fe»; en caso contrario, «se declararán de oficio». Que la solicitud no prospere no basta: el procedimiento está pensado para que cualquiera pueda acudir a él.

Si no hay detención ilegal, el art. 8.1 manda archivar «declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando», por auto motivado y no por sentencia. Las costas solo se imponen al solicitante si hubo temeridad o mala fe (art. 9), y la puesta en libertad es una medida para cuando sí concurre alguna circunstancia del art. 1 (art. 8.2.a).

El art. 7 da al juez dos caminos: que la autoridad le ponga de manifiesto al detenido «sin pretexto ni demora alguna», o ir él al lugar donde esté. En los dos el juez oye en persona al privado de libertad: ni un informe escrito, ni la visita del fiscal, ni el auxilio de otro juez sustituyen esa comparecencia, que es la que da nombre al procedimiento.

El art. 55.2 de la Constitución permite suspender ciertos derechos, para personas determinadas, en las investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. Cuando la detención se hace en aplicación de la ley orgánica que lo desarrolla, el procedimiento «deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción», que hoy es el de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Si no consta ni el paradero ni el lugar de la detención, rige el fuero de las últimas noticias; y ni la nacionalidad del detenido ni el cuerpo que lo detiene cambian el juez.

El art. 1.a) enumera a quien puede detener ilegalmente: «una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular». El habeas corpus no se limita a los poderes públicos, y nada impide denunciar además el delito. Tampoco hace falta el fiscal: el propio privado de libertad y sus familiares están legitimados (art. 3).

La letra b) no acota el sitio: «cualquier establecimiento o lugar». El habeas corpus alcanza así un internamiento ilícito en un centro privado o en un lugar que no es un establecimiento, y no solo la celda de una comisaría o de una prisión.

El último párrafo del art. 3 permite que lo inicie «de oficio, el Juez competente» del art. 2. La autoridad que custodia al detenido no inicia nada: su deber es comunicar de inmediato al juez la solicitud que le haga el detenido (art. 5). Y el inicio de oficio no depende de la edad.

Si no consta el lugar en que se encuentra el privado de libertad, el art. 2 pasa al segundo fuero: el lugar de la detención. El de las últimas noticias es el tercero y solo entra «en defecto de los anteriores»; ni el domicilio del solicitante ni su elección cuentan.

El art. 4 dice que el procedimiento se inicia «por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador»: la ley lo quiere sencillo y al alcance de cualquiera. Que el abogado defensor pueda instarlo (art. 3.d) no lo hace obligatorio.

La letra b) del art. 8.2 permite que la privación de libertad siga «en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban». Es la respuesta para la detención con causa legal que transcurre en malas condiciones. La ley no fija ahí un plazo nuevo, ni la presencia del fiscal, ni el domicilio del detenido como lugar.

El art. 5 obliga a la autoridad gubernativa, a sus agentes y a los funcionarios a «poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente» la solicitud del detenido que custodian. No la filtran ni la aplazan hasta el atestado: quien examina si procede es el juez (art. 6).