La incoación, la audiencia preliminar y las cuestiones previas

Las cuestiones previas se plantean al personarse, tras el emplazamiento del art. 35. De ellas se da traslado a las demás partes, que tienen tres días para pedir por escrito su inadmisión: de ahí sale la cifra del último distractor. El auto de hechos justiciables viene después, una vez resueltas (art. 37).

El auto de sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. La queja ante la misma Audiencia es para otro caso: cuando el juez no convoca la audiencia preliminar (art. 30.1). Y el Tribunal Superior de Justicia conoce de la apelación contra la sentencia del Jurado, que no es lo que aquí se recurre.

El art. 29.5 separa dos casos. Si ninguno de los hechos es del Jurado, se pide la adecuación del procedimiento; si la falta de competencia afecta solo a alguno, la petición se limita a deducir testimonio de ese delito y remitirlo al órgano competente, y el resto sigue ante el Jurado. La falta de competencia no es causa de sobreseimiento.

Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición, y eso incluye calificar de otro modo o pedir otra pena. El límite es el objeto del proceso: ni hechos nuevos que alteren el hecho justiciable ni una persona acusada distinta. Para una persona nueva está el camino del art. 28.

La audiencia preliminar es renunciable, pero la renuncia solo surte efecto si la pide la defensa de todos los acusados; entonces el juez decreta la apertura del juicio oral sin más (art. 33). Con una sola defensa, la audiencia se celebra para todos.

La incoación pide solo una cosa previa: valorar la verosimilitud de la imputación; además se practican, en todo caso, las actuaciones inaplazables. La comparecencia con el Fiscal y las partes es lo que viene después de incoar (art. 25), y las diligencias se resuelven tras ella (art. 27). La ley dice todavía «Juez de Instrucción»: hoy es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

A la persona nueva se le traslada la imputación y se la convoca a comparecencia, como a las primeras (art. 25). Incoar otro procedimiento solo procede cuando lo que aparece es un delito que no es del Jurado. Y esperar a la audiencia preliminar no vale: en ella las acusaciones no pueden alterar la persona acusada (art. 31.3).

El auto de apertura determina cuatro cosas: los hechos justiciables, las personas que pueden ser juzgadas, la fundamentación con las disposiciones aplicables y el órgano competente. El día de la vista lo señala después otro auto, el de hechos justiciables, que dicta el Magistrado que va a presidir el Tribunal del Jurado (art. 37.e).

Cinco días es el plazo de la comparecencia para concretar la imputación, y el mismo que la ley da después para pedir nuevas diligencias (art. 27.2). Los tres días son los del auto tras la audiencia preliminar (art. 32.1), y los quince, los del emplazamiento ante el tribunal que juzga (art. 35.1).

La lista del art. 34.1 es corta y cerrada: los escritos de calificación, la documentación de las diligencias no reproducibles que hayan de ratificarse en el juicio oral y el propio auto de apertura. Las declaraciones de la instrucción, la denuncia o la querella no están en ella; si una parte quiere un testimonio para usarlo en el juicio, lo pide (art. 34.3).

La instrucción del Jurado es deliberadamente corta: de lo que piden las partes, el juez solo practica lo imprescindible para decidir si se abre el juicio oral y que no pueda hacerse en la audiencia preliminar. Ser pertinente no basta, y la ley no distingue entre lo que pide el Fiscal y lo que piden las demás partes.

En la relación entran los hechos de las acusaciones y los de la defensa, cada uno en su párrafo; pero cuando afirmar uno es negar el otro, se incluye una sola proposición, porque el Jurado declarará probado o no probado cada párrafo. Por la misma razón, un párrafo no puede mezclar términos que puedan tenerse unos por probados y otros por no probados.

Tres días, o en el mismo acto. Los cinco son los de la comparecencia del art. 25 y los de pedir nuevas diligencias (art. 27.2), y los quince, los del emplazamiento ante el tribunal que juzga (art. 35.1). Si el juez decide no abrir el juicio, el mismo auto acuerda el sobreseimiento.