La constitución del Tribunal del Jurado y el juicio oral

Lo que vale es lo que se dice en el juicio. Las partes pueden interrogar sobre las contradicciones con lo declarado en la instrucción, y el testimonio se une al acta, pero esas declaraciones no se leen ni prueban los hechos que afirman; la única salvedad es la prueba anticipada. Por eso la contradicción no las convierte en prueba.

Desde cinco días de suspensión la disolución es obligada; por debajo, el Magistrado-Presidente decide. Los quince días son los del nuevo señalamiento cuando no comparecen veinte candidatos (art. 39.1), y los tres recuerdan el plazo de la sentencia absolutoria tras la disolución anticipada (art. 49).

Para abrir la sesión hacen falta al menos veinte candidatos (art. 38.1), y diecisiete no llegan. Se señala de nuevo dentro de quince días, citando a los comparecidos, a los ausentes y a no más de ocho sorteados en el acto de la lista bienal. Once son los nueve jurados más los dos suplentes que se seleccionan después, no el mínimo para abrir; y no se rehace el sorteo de treinta y seis.

Cuatro por cada lado. El cupo es de las acusaciones en conjunto y de las defensas en conjunto, no de cada parte: si hay varios acusadores o acusados, actúan de mutuo acuerdo y, si no lo hay, se sortea el orden en que recusan hasta agotar el cupo.

Ante una suspensión, la ley le deja disolver el Jurado («podrá decidir la disolución») y solo le obliga a hacerlo cuando la suspensión se ha de prolongar cinco o más días. Con tres días, disolver es una opción y no un deber; tampoco le está prohibido, y la decisión es suya, no del Jurado.

Seis años de privación de libertad, sola o con multa y privación de derechos. Los nueve años tientan porque son la frontera de pena entre el procedimiento abreviado y el sumario, pero aquí no deciden nada: la competencia del Jurado es por catálogo y el límite de la conformidad es otro.

Aunque la calificación final apunte a un delito ajeno a su catálogo, el Tribunal del Jurado sigue conociendo de la causa. Ni se disuelve, ni se salta el veredicto, ni la causa vuelve atrás.

Sin acusación no hay nada que decidir: el Magistrado-Presidente disuelve el Jurado y absuelve, y la ley no le deja elección («disolverá»). Someter el objeto del veredicto es lo que hace cuando no acepta una conformidad (art. 50.3), y la conformidad presupone una petición de condena que aquí ya no existe.

Decide el Magistrado-Presidente, pero antes oye a las partes y consulta al Jurado. El Jurado no decide: se le consulta. Y las partes no tienen que pedirlo de común acuerdo; basta con oírlas.

Cuando han terminado los informes de la acusación, la defensa puede pedirla o el Magistrado-Presidente acordarla de oficio, si del juicio no resulta prueba de cargo que pueda fundar una condena; después se dicta sentencia absolutoria motivada. No la piden las acusaciones, y el Jurado no la decide.