La sentencia en el procedimiento del Jurado

La añadió la Ley Orgánica 1/2017, la misma que prohibió excluir a nadie de la función de jurado por su discapacidad: los medios de apoyo los ponen las Administraciones Públicas competentes, que son las que dotan de medios a los tribunales. El Consejo General gobierna a los jueces, la Oficina del Censo solo sortea las listas, y el Magistrado-Presidente dirige la causa, pero ninguno de ellos provee los medios.

Como los hechos probados vienen del veredicto, la ley le pide al Magistrado-Presidente algo propio cuando condena: concretar que hubo prueba de cargo suficiente, que es lo que exige la presunción de inocencia. Las votaciones y la explicación de los jurados están en el acta del Jurado, que se une a la sentencia (art. 70.3), no en su contenido.

El acta de cada sesión es sucinta: recoge «lo más relevante de lo acaecido». Solo dos cosas van palabra por palabra, las protestas de las partes y lo que el Magistrado-Presidente resuelve sobre los incidentes, que es lo que luego hará falta para recurrir. Las declaraciones y los informes van resumidos. El acta la extiende el «Secretario», como dice todavía la ley: hoy, el Letrado de la Administración de Justicia.

Firman tres: el Magistrado-Presidente, todos los jurados y los abogados de las partes. No basta el portavoz, que representa al Jurado en la deliberación y en la votación, no en el acta de las sesiones; y el art. 69.2 no nombra al Fiscal entre quienes firman.

Antes de la sentencia condenatoria hay un trámite que la absolutoria no tiene: el Fiscal y las demás partes, por su orden, informan sobre la pena o las medidas de cada declarado culpable y sobre la responsabilidad civil. La pena no la pide nadie al Jurado, que solo se pronuncia sobre los hechos y la culpabilidad, y la sentencia inmediata «en el acto» es la del veredicto de inculpabilidad (art. 67).

El Magistrado-Presidente redacta la sentencia, en la forma del art. 248.3 de la LOPJ, pero los hechos probados y el delito no los decide él: los toma del veredicto. Por eso no hace su propia valoración de la prueba, y ni el auto de apertura ni las calificaciones, que delimitan lo que se juzga, fijan lo que quedó probado.

La disposición adicional segunda gradúa en dos apartados. El primero castiga con multa abandonar la función sin causa legítima e incumplir los arts. 41.4 (prestar juramento o promesa) y 58.2 (no abstenerse de votar). El segundo suma arresto a la multa para quien incumple el art. 55.3, el que declara secreta la deliberación y prohíbe a los jurados revelar lo que en ella se manifestó. El texto conserva la pena de arresto mayor y las cuantías en pesetas.