Las contingencias protegidas, la asistencia sanitaria y la incapacidad temporal de los mutualistas

El artículo 20.3 no espera al final de la incapacidad temporal: en cualquier momento en que se prevea que la enfermedad impedirá definitivamente el desempeño de las funciones, el órgano de jubilación inicia el procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. Agotar el plazo máximo es otra vía (art. 20.4), que obliga a examinar la situación, no la única.

El artículo 17.1 permite a MUFACE dar la asistencia directamente o por concierto con entidades o establecimientos públicos o privados, y dice que esos conciertos se establecerán «preferentemente con instituciones de la Seguridad Social». Que muchos mutualistas acaben eligiendo una entidad de seguro privada es cómo funcionan los conciertos, no la preferencia que fija la ley.

El artículo 21.1.b) da la mayor de dos cantidades, ambas del tercer mes de licencia: el 80 % de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su caso) incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, o el 75 % de las complementarias. No se suman, no se toma la menor, y los porcentajes no van cruzados. La cuantía es fija e invariable mientras dure la incapacidad.

El artículo 16.b) dice que los beneficiarios participan pagando una cantidad porcentual por receta o, en su caso, por medicamento, y remite al reglamento para fijarla. No es gratuita ni una cuota fija, y el porcentaje no lo pone la ley de presupuestos de cada año: lo determina el reglamento.

El artículo 17.2 establece que MUFACE no abona los gastos cuando el beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, usa servicios médicos distintos de los asignados, «a no ser en los casos que se establezcan» en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo. La regla es no pagar, pero no es absoluta: el reglamento fija las excepciones. Tampoco hay reembolso hasta el coste de lo asignado.

El artículo 21.3 pone el tope: la suma de lo que paga el órgano y del subsidio no puede exceder de las percepciones del tercer mes de licencia. El primer mes era la referencia de la redacción anterior a 2009; hoy todo el cálculo del artículo 21 se hace sobre el tercer mes.

El artículo 21.5 no fija un plazo propio: remite al plazo máximo de duración del Régimen General, incluido el de prórroga de efectos, contado desde el inicio de la incapacidad temporal. Ni doce ni veinticuatro meses están en este artículo. Las Unidades Médicas de Seguimiento controlan la situación (art. 19.4), pero no extinguen el derecho.

El artículo 18.2 separa las dos cosas: los permisos por parto, adopción o acogimiento no son incapacidad temporal, y si al terminar el permiso por parto sigue la imposibilidad de incorporarse, empiezan entonces las licencias de incapacidad temporal. El permiso no se alarga ni se recalifica hacia atrás; y el riesgo durante la lactancia es otra situación, con su artículo 22.

El artículo 19.3 atribuye la concesión de las licencias y sus prórrogas a los órganos administrativos con competencia en materias de gestión de personal, que pueden pedir asesoramiento facultativo. MUFACE no las concede: controla y sigue la situación con sus Unidades Médicas de Seguimiento (art. 19.4), cuyos reconocimientos vinculan la decisión (art. 19.5), pero quien la dicta es el órgano de personal.

El artículo 20.2 da dos vías para hablar de un nuevo proceso: que la enfermedad sea diferente o no guarde relación directa con la anterior y, «en todo caso», que las licencias se hayan interrumpido un mínimo de seis meses. Con menos interrupción y la misma dolencia, sigue el mismo proceso y los plazos siguen corriendo; quién firme la licencia no cuenta.

El artículo 22.4 aplica a estas licencias los derechos económicos del artículo 21 con una particularidad: el subsidio de MUFACE es del 100 % de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de licencia. El 75 % de las complementarias y el 80 % de las básicas son las dos cantidades del subsidio ordinario de incapacidad temporal, no las de esta situación.

Según el artículo 19.5, MUFACE decide si hace o no esos reconocimientos (son potestativos), pero si los hace, su resultado vincula la concesión o la denegación de las licencias y de sus prórrogas. Las dos mitades importan: ni son obligatorios, ni su resultado es un mero informe.

El artículo 12.2 no deja elegir la forma de pago: las prestaciones reconocidas que exijan un pago económico al mutualista o a sus beneficiarios se abonan «únicamente» en una cuenta corriente o libreta ordinaria abierta a su nombre. No vale una cuenta de otra persona, ni el cheque, ni el efectivo.

El artículo 13 fija el objeto de la asistencia sanitaria: conservar o restablecer la salud de los beneficiarios y su aptitud para el trabajo. Su apartado 2 añade que atenderá «de un modo especial» a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella. La prevención de riesgos laborales es cosa de la Ley 31/1995, no de esta prestación.

El artículo 22.1 equipara el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses a la incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional, y de ahí saca la consecuencia: no requieren periodo de carencia. No es la enfermedad común, ni un permiso, ni la situación especial del artículo 18, que es la de los donantes de órganos.

La regla del artículo 15.3 es que MUFACE no presta asistencia a su cargo a los familiares sin la condición de beneficiario reconocida, pero exceptúa al recién nacido de madre mutualista o beneficiaria, y los casos de adopción o acogimiento, durante los primeros quince días desde el parto (o desde la resolución de acogimiento o adopción). Ni un mes, ni lo que dure el permiso: quince días.