El régimen especial de los funcionarios civiles del Estado, la MUFACE, la afiliación y la cotización

El artículo 7.2 mantiene la condición de mutualista a los jubilados, sea la jubilación forzosa por edad, voluntaria o por incapacidad permanente para el servicio, en los términos del Reglamento General del Mutualismo Administrativo. No tiene que pagar nada para conservarla: los jubilados son, además, de los mutualistas que no cotizan (art. 10.1). Pagar las dos cuotas es lo que el artículo 8.2 pide al mutualista voluntario.

El artículo 10.2 toma como base el haber regulador que establece cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el apartado 3 deja también el tipo a esa ley. Por eso la base no depende de lo que cobre de verdad cada mutualista ni se toma del Régimen General, y su importe cambia cada ejercicio.

El artículo 2.1 integra el Régimen especial con dos mecanismos: las Clases Pasivas del Estado, con sus normas específicas, y el mutualismo administrativo que regula la propia ley. El Régimen General no es un mecanismo del Régimen especial: es otro régimen, al que el apartado 2 manda, solo para las pensiones, a quienes ingresan desde 2011. El Mutualismo Judicial es el de los funcionarios de Justicia, que el artículo 3 excluye.

El artículo 9.3 resuelve la doble afiliación por una misma prestación de servicios con una opción: pertenecer exclusivamente al régimen especial de funcionarios que le corresponda, y por una sola vez. Si los dos regímenes son especiales de funcionarios, la opción es también única. No se renueva cada año, ni prevalece por ley el Régimen General.

El artículo 7.1 enumera las situaciones en que se conserva la condición de mutualista como en el servicio activo, y entre ellas está la excedencia forzosa. Las excedencias voluntarias de las opciones son, en cambio, causa de baja como mutualista obligatorio (art. 8.1.a): solo se sigue siendo mutualista ejerciendo la opción del artículo 7.3, en la promoción interna que ese artículo describe, o manteniendo el alta como voluntario y pagando las dos cuotas (art. 8.2). No es así en la de cuidado de hijos o familiares, que el propio artículo 7.1 incluye entre las que conservan el alta.

Entre los excluidos del artículo 3.2, la letra b) nombra a los funcionarios de organismos autónomos, que es la exclusión que más sorprende. Cuadra con el artículo 7.3, que manda al Régimen General a quien accede por promoción interna a las escalas de los organismos autónomos. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiran a sus cuerpos son, en cambio, los incluidos del apartado 1. El transferido que sigue en su cuerpo estatal continúa en el régimen, y el destino periférico no cambia nada.

El artículo 3.1 incluye obligatoriamente a los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y a los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a sus cuerpos, en la forma que fije el reglamento. Los otros tres colectivos están en la lista de excluidos del apartado 2 y se rigen por sus normas específicas: los de Justicia tienen el Mutualismo Judicial y los militares, el ISFAS.

El artículo 10.6 fija la prescripción en cuatro años desde la fecha en que la cuota debió ingresarse. Sin ninguna causa de interrupción, como un requerimiento al deudor, la de marzo de 2021 prescribe en marzo de 2025. El mismo plazo de cuatro años tiene el mutualista para pedir la devolución de lo que ingresó indebidamente (art. 10.7).

El artículo 7.3 lo deja claro: mantener a estos funcionarios en el mutualismo administrativo «no comportará, en ningún caso», su inclusión en Clases Pasivas a efectos de derechos pasivos. Haber ingresado antes de 2011 no cambia nada, porque su nueva escala lo lleva al Régimen General; ni pagar las dos cuotas ni pedirlo a la vez que la opción lo devuelve a Clases Pasivas.

El artículo 5.2 ordena tres normas para esas materias: primero el propio texto refundido y sus normas de desarrollo, después la Ley General Presupuestaria en lo que sea aplicable y, solo de forma supletoria, la ley de organización de la Administración General del Estado. No es la única ni va antes que la presupuestaria, pero tampoco queda fuera.

Por haber ingresado después del 1 de enero de 2011, el artículo 2.2 lo integra en el Régimen General «a los exclusivos efectos de pensiones». No pasa al Régimen General a todos los efectos: para lo demás sigue siendo mutualista. Las Clases Pasivas son el régimen de pensiones de quien ingresó antes de 2011, y el mutualismo nunca le ha dado las pensiones de jubilación.

El artículo 4 encarga la gestión del mutualismo administrativo a la MUFACE y le pide que la lleve «de forma unitaria», también para los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas. La comunidad no la asume ni la reparte: conserva solo las obligaciones que le corresponden respecto de los funcionarios adscritos a su servicio.

La letra h) del artículo 3.2 cierra la lista de excluidos con el personal de administración y servicios propio de las universidades, que se rige por sus normas específicas. La exclusión no depende de que sea funcionario o laboral, y la ley no le da ninguna opción de entrar en la MUFACE: la opción del artículo 9.3 es para quien una misma prestación de servicios incluye en dos regímenes.

El artículo 8.1.b) da de baja a los funcionarios que pierdan esa condición, cualquiera que sea la causa. Los otros tres son situaciones en que, según el artículo 7.1, se conserva la condición de mutualista como en el servicio activo, incluida la suspensión de funciones, sea provisional o firme.

El artículo 1 nombra tres fuentes: la propia ley, sus normas de aplicación y desarrollo y la legislación de Clases Pasivas del Estado, porque las Clases Pasivas son uno de los dos mecanismos del régimen (art. 2). La Ley General de la Seguridad Social no aparece en este artículo como supletoria, ni el Estatuto Básico ni la legislación de las mutualidades de previsión social, que son entidades privadas.

El artículo 7.1 fija la incorporación obligatoria «en el momento de la toma de posesión de su cargo», también cuando se rehabilita la condición de funcionario o se reingresa al servicio activo. Aprobar y ser nombrado no bastan: el nombramiento no surte efecto hasta la toma de posesión, y la nómina es una consecuencia, no el hecho que da el alta.

El artículo 2.2 fija el corte en el ingreso a partir del 1 de enero de 2011, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010. El 3 de diciembre de 2010 es la fecha de ese real decreto-ley, no la del corte, que es el ingreso desde el primer día de 2011. Quien ingresó antes sigue en Clases Pasivas para las pensiones.

El artículo 10.1 hace obligatoria la cotización para todos los mutualistas con dos excepciones: los jubilados y quienes estén en excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares. La excedencia forzosa, la suspensión de funciones y la expectativa de destino conservan la condición de mutualista como en el servicio activo (art. 7.1), y con ella la obligación de cotizar.

El artículo 8.3 permite a quien está en servicios especiales en la administración de la Unión Europea o de otra organización internacional, y acogido obligatoriamente a su régimen de previsión, optar por suspender el alta y cesar en sus derechos y obligaciones mientras dure la situación. Por eso el artículo 7.1.a) salva este caso de la regla de los servicios especiales. Es una suspensión, no una baja definitiva.

El artículo 3.2.g) excluye a los funcionarios del Estado transferidos que ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad de destino, «cualquiera que sea el sistema de acceso». El turno libre no la salva, y la promoción interna tampoco la mantendría dentro: el artículo 7.3 la manda entonces al Régimen General, aunque le deje optar por seguir siendo mutualista. El transferido que sigue en su cuerpo estatal sí continúa.