La política de prevención de riesgos laborales

La Secretaría es el órgano de apoyo técnico y administrativo de la Comisión, y el art. 13.6 la pone en la Dirección del organismo que llama Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El art. 8.4 dice lo mismo desde el otro lado: ese organismo ejerce la Secretaría General de la Comisión. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, de nombre parecido, no aparece en este apartado, que tampoco se la da a la Inspección ni a una Vicepresidencia.

La Ley 1/2026 tocó esta letra: donde solo decía el seguimiento de las actuaciones preventivas «que se realicen en las empresas», añadió «y respecto de las personas trabajadoras autónomas». Los materiales anteriores a abril de 2026 pueden traer la redacción vieja. A las demás personas de las opciones, esta letra no las nombra.

El art. 5.4 nombra dos sitios: los sistemas de recogida y tratamiento de datos, y el estudio e investigación generales en prevención. El fin es detectar y prevenir situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. La negociación colectiva y la vigilancia de la salud son materias con su sitio, pero este apartado no las nombra.

Cada representante de las Administraciones públicas tiene un voto, y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión adopta sus acuerdos por mayoría.

El art. 11 nombra tres: laboral, sanitaria y de industria, para una protección más eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores. La educación tienta porque el art. 5.2 prevé una colaboración permanente con ese Ministerio, pero allí se trata de niveles formativos y especializaciones, no de esta coordinación.

El art. 13.1 le da dos caras: asesora a las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y es órgano de participación institucional. El artículo no le da carácter decisorio, y la vigilancia y el control corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9).

La Inspección vigila y, si comprueba una infracción, propone la sanción correspondiente; quien la recibe es la autoridad laboral competente. Lo que se confunde es proponer con imponer: esta letra le da lo primero. Con los Juzgados de lo Social se relaciona de otro modo, elaborando los informes que le soliciten en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (art. 9.1.c).

El art. 12 la fija como principio básico de la política de prevención, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales, y la canaliza a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. El art. 12 no emplea las otras fórmulas: no habla de obligación empresarial ni de objetivo programático, y el derecho de los trabajadores a participar en la empresa, que reconoce el art. 34.1, no se llama ahí fundamental.

El art. 7.2 deja esos trabajos, y también los de explosivos y energía nuclear, en manos de los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora. Lo tentador es la industria, porque el mismo apartado menciona la legislación sobre productos e instalaciones industriales; pero eso lo hace para dejarla a salvo, no para atribuirle estas funciones.

El art. 6.1 pide consultar antes a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y luego el Gobierno regula materias como los requisitos mínimos de las condiciones de trabajo o los procedimientos de evaluación de riesgos. La tentación es poner aquí un órgano técnico o el nivel autonómico; este apartado no exige como trámite previo el informe de la Comisión ni el de la Inspección, ni tampoco esa consulta territorial.

El art. 8.1 lo define como órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, con la misión de analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y de promover y apoyar su mejora. La vigilancia y el control no son suyos, sino de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9), a la que da apoyo técnico. El nombre es el que usa este artículo.

No basta con deducir la infracción: el art. 9.3 añade «siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento». Antes se requiere, y solo si no se cumple va el informe con los hechos comprobados, para que se levante el acta de infracción si procede. El artículo no pide además un daño, una denuncia ni una autorización.

El lado de las Administraciones se forma con un representante por cada Comunidad Autónoma e igual número de miembros de la Administración General del Estado: en número, tantos del Estado como de las Comunidades juntas. Y el lado de las organizaciones se forma paritariamente con todos esos.