La protección civil: objeto, definiciones y Sistema Nacional

El riesgo es una posibilidad, y el art. 2 la construye sobre otro concepto: que una amenaza llegue a afectar. La exposición a un peligro inminente o latente es la amenaza; el potencial de ocasionar daño es el peligro; la situación sobrevenida que pone en peligro inminente es la emergencia de protección civil. Se encadenan: del peligro a la exposición a él, y de ahí a que llegue a afectar.

El art. 2 reserva ese rasgo a la catástrofe, que además altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de la comunidad. La emergencia de protección civil tienta por vecina, pero se define por el peligro inminente y la gestión rápida de los poderes públicos, que busca precisamente evitar que se convierta en catástrofe. La ordinaria solo se nombra por contraposición a ella, y el riesgo colectivo es lo que caracteriza a esa emergencia, no algo cuya atención desborde unos medios.

El art. 3.1 enumera cinco actuaciones: prever, planificar, intervenir, recuperar y coordinar, seguir y evaluar. Las tres primeras opciones son sus letras b), c) y e). Los acuerdos de cooperación internacional existen en esta ley, pero en otro lugar y con otro sujeto: son competencia del Gobierno (art. 33.f), no una de las actuaciones del Sistema que lista el art. 3.1.

El párrafo dice que «esta Estrategia se revisará, al menos, cada cuatro años». «Cada año» tienta porque el mismo párrafo admite planes de actuación anuales, pero esos planes sirven para implementarla: no son su revisión. El art. 4.2 no fija plazo de revisión para la otra Estrategia, la Nacional.

La propuesta es del Ministro del Interior, y el art. 34.2.b la repite entre sus competencias. El Consejo Nacional de Protección Civil tienta por el nombre, pero este apartado no le da ningún papel. El Ministro de Defensa y el Presidente del Gobierno tampoco aparecen en él.

El art. 3.1 integra la actividad de todas las Administraciones Públicas «en el ámbito de sus competencias»: integrarlas no traslada esas competencias al Estado por delegación ni las pone bajo un mando. Tampoco depende de una declaración: entre sus actuaciones están prever y planificar, que van antes de cualquier emergencia. La dirección que asume el Ministro del Interior en la emergencia de interés nacional es otra cosa, y está en el art. 30.1.

El art. 4.1 lo atribuye al Consejo Nacional de Protección Civil, junto con las directrices para implantarla, seguirla y evaluarla. Las comunidades autónomas tientan porque forman parte de él (art. 39.2), pero es el Consejo quien aprueba, no cada una por su cuenta. Tampoco su Comisión Permanente: el art. 39.2 reserva esa aprobación al Pleno. Ojo con los nombres: la otra Estrategia, la Nacional del art. 4.2, sigue otro cauce, y sus órganos no se cruzan con estos.

El art. 1.2 fija un objeto doble: establecer el Sistema Nacional y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. «Cada una de las Administraciones» tienta porque el Sistema sí integra la actividad de todas (art. 3.1), pero integrar su actividad no es regular sus competencias: las que esta ley se propone regular son las del Estado.

El art. 3.2 enumera colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Jerarquía, descentralización y desconcentración suenan porque son principios de la Administración Pública en el art. 103.1 de la Constitución, pero el art. 3.2 no los nombra.