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La conservación de las especies silvestres

7 preguntas · en 2 colecciones

El capítulo I del título III de la Ley 42/2007 (artículos 54 a 61): la garantía de conservación de las especies autóctonas, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y sus prohibiciones, el Catálogo Español de Especies Amenazadas, con sus categorías y sus efectos, y las excepciones.

Así son sus preguntas

Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.

Según el art. 61.1 de la Ley 42/2007, tratándose de aves, ¿cuál de estas circunstancias no permite autorizar una excepción a las prohibiciones que protegen a las especies silvestres?

  • Razones imperiosas de interés público
  • Perjuicios importantes a los cultivos, el ganado o los bosques
  • Efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas
  • Accidentes en relación con la seguridad aérea

El art. 61.1 deja sin efecto las prohibiciones, con autorización administrativa previa, si no hay otra solución satisfactoria y sin perjudicar el estado de conservación favorable de las poblaciones, en una lista cerrada de circunstancias. Las razones imperiosas de interés público de primer orden están en la letra c): valen en general, pero la misma letra añade que no se aplican a las aves, por poderosas que suenen. Sí valen para ellas prevenir perjuicios a los cultivos, el ganado o los bosques (letra b), evitar efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas (letra a) y prevenir accidentes de seguridad aérea (letra e), esta última prevista precisamente para las aves.

c) Por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente. Esta excepción no será de aplicación en el caso de las aves.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre

Según la letra c) del art. 57.1 de la Ley 42/2007, ¿cuándo no rige la prohibición de poseer o vender ejemplares de una especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial?

  • Cuando se trate de ejemplares muertos o de sus propágulos o restos
  • Cuando un particular los posea con fines de conservación, sin llegar a venderlos ni a exportarlos
  • Cuando, bajo control de la Administración, pueda beneficiar claramente a su conservación
  • Cuando la especie sea una planta, un hongo o un alga, y no un animal

La letra c) prohíbe poseer, transportar, vender, comerciar o intercambiar ejemplares, y ella misma pone la salvedad: que esas actividades, de forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente beneficiosas para su conservación, en los casos que se determinen reglamentariamente. Los fines de conservación de un particular no bastan, porque falta ese control y poseer está prohibido aunque no se venda. Los ejemplares muertos, los propágulos y los restos están dentro de la prohibición, y «en ambos casos» alcanza tanto a los animales como a las plantas, los hongos y las algas.

En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos en los que estas actividades, de una forma controlada por la Administración, puedan resultar claramente beneficiosas para su conservación, en los casos que reglamentariamente se determinen.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre

Según el art. 58.1 de la Ley 42/2007, ¿qué significa que un taxón o población esté en la categoría de «vulnerable» del Catálogo Español de Especies Amenazadas?

  • Que su supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando
  • Que merece una atención particular por su valor científico, ecológico o cultural, su singularidad o su rareza
  • Que puede pasar a «en peligro de extinción» en un futuro inmediato si no se corrigen los factores adversos
  • Que del seguimiento de su estado de conservación se deduce la existencia de un riesgo inminente de extinción

La letra b) del art. 58.1 define «vulnerable» por el riesgo de pasar en un futuro inmediato a la categoría anterior, que es «en peligro de extinción», si no se corrigen los factores adversos. La supervivencia poco probable es la letra a), justo la categoría de arriba. El riesgo inminente de extinción suena igual de grave, pero no es una categoría: es el supuesto en que una especie en peligro de extinción puede ser declarada en situación crítica (art. 60.2). El valor científico, ecológico o cultural y la rareza son las razones por las que una especie entra en el Listado (art. 56.1), no lo que define esta categoría.

a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre

Según el art. 56.2 de la Ley 42/2007, ¿cómo se incluye en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial un taxón protegido en los anexos de las normas de la Unión Europea?

  • A propuesta de la Comisión Estatal, previa iniciativa de las comunidades autónomas
  • De oficio por el Ministerio competente en medio ambiente, notificando antes a la Comisión Estatal
  • Por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con previo informe del Consejo Estatal
  • A solicitud de cualquier ciudadano u organización, acompañada de una argumentación científica

Para los taxones protegidos en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea, o en instrumentos internacionales ratificados por España, el art. 56.2 fija un cauce propio: la inclusión se produce de oficio por el Ministerio (el artículo lo llama «de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente»), que lo notifica antes a la Comisión Estatal. La propuesta de la Comisión con iniciativa autonómica es la letra a), uno de los cauces generales, y tienta porque está en el mismo apartado. La solicitud de un ciudadano u organización solo pide que se inicie el procedimiento. La Conferencia Sectorial, con informe del Consejo Estatal, aprueba las estrategias del art. 60.1, no esta inclusión.

Cuando se trate de taxones o poblaciones protegidas en los anexos de las normas o decisiones de la Unión Europea, como los que se enumeran en el anexo V, o en los instrumentos internacionales ratificados por España, la inclusión en el Listado se producirá de oficio por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, notificando previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre

Según el art. 58.1 de la Ley 42/2007, ¿dentro de qué se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas?

  • El Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición
  • El Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético de especies silvestres
  • El Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
  • El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

El art. 58.1 lo dice con las palabras «en el seno del Listado»: una especie catalogada está también en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, y no todas las del Listado están catalogadas. Los hábitats tienen su propio Catálogo Español, y las especies exóticas invasoras, otro, con un fin distinto: ninguno de los dos contiene a este. El Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético tiene carácter informativo (63.5): reúne datos de esos bancos, y no es el marco del Catálogo.

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas
Ley 42/2007, de 13 de diciembre
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Según el art. 54.6 de la Ley 42/2007, con carácter general, ¿qué ocurre con la responsabilidad de las Administraciones públicas por los daños que causa la fauna silvestre?

  • No son responsables, salvo en los supuestos de la normativa sectorial específica
  • Son responsables, salvo en los supuestos de la normativa sectorial específica
  • No son responsables, salvo si la especie figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
  • Son responsables, salvo si la especie figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

Una ley que garantiza la conservación de las especies podría hacer pensar lo contrario, pero el art. 54.6 dice que, con carácter general, las Administraciones públicas no responden de estos daños, y la excepción la pone la normativa sectorial específica. Por eso fallan las dos opciones que las hacen responsables. Figurar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas no cambia la regla: el apartado no distingue por especies. Los pagos compensatorios que puedan fijarse por razones de conservación son otra cosa, y el artículo los deja a salvo.

Sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso pudieren establecerse por razones de conservación, con carácter general, las Administraciones públicas no son responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos en la normativa sectorial específica.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre

Según el art. 59.1 de la Ley 42/2007, ¿qué conlleva incluir un taxón en la categoría de «vulnerable» del Catálogo Español de Especies Amenazadas?

  • Un plan de recuperación, en tres años como máximo
  • Un plan de conservación, en cinco años como máximo
  • Un plan de conservación, en tres años como máximo
  • Un plan de recuperación, en cinco años como máximo

El art. 59.1 empareja cada categoría con un plan y un plazo, y las dos cosas cambian a la vez: «vulnerable» lleva un plan de conservación en un máximo de cinco años (letra b), y «en peligro de extinción», un plan de recuperación en un máximo de tres (letra a). Tres años tienta por ser lo más urgente, pero es el plazo de la otra categoría. Las dos opciones que mezclan plan y plazo cruzan una categoría con la otra.

b) La inclusión de un taxón o población en la categoría de "vulnerable" conllevará la adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un plan de conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre