El patrimonio natural: principios, definiciones y competencias

Es la definición del art. 3.9, y lo que la identifica es a quién implica: a propietarios y usuarios. Los instrumentos de gestión tientan porque también son técnicas, pero el art. 3.22 los define como técnicas de gestión de un espacio natural y de sus usos, sometidas a información pública, aprobación formal y publicación. Las medidas compensatorias (3.24) compensan el impacto de un plan o proyecto, y el uso sostenible (3.36) es un modo y un ritmo de utilización.

El art. 3.40 la define por el riesgo inminente de extinción en estado silvestre, apreciado con un análisis de viabilidad o un diagnóstico científico. Los sectores con hábitats esenciales tientan por el adjetivo: son el área crítica (3.2), un lugar y no una situación. Haber desaparecido es la especie autóctona extinguida (3.12). La supervivencia poco probable si siguen actuando los factores causales tienta porque suena igual de grave, pero es la categoría «en peligro de extinción» del Catálogo (58.1.a), no la situación crítica.

El art. 5.2.b) impone identificarlos siempre y eliminarlos «en la medida de lo posible»: el deber de eliminar tiene ese límite. «En todo caso» es la opción tentadora porque protege más, pero le quita ese matiz a la ley. Identificar sin eliminar se queda corto, porque la eliminación sí está mandada, y el artículo atribuye el deber a cada Administración en su ámbito, no a la Comisión Estatal.

El art. 3.3 define la biodiversidad como la variabilidad de los organismos vivos y añade que comprende esos tres niveles. Las rocas y los fósiles son la geodiversidad (3.18), y lo aprovechable por el ser humano, los recursos naturales (3.30), donde la biodiversidad es solo un elemento más. Los bienes de valor relevante son el patrimonio natural (3.27), que tienta porque es fuente de diversidad biológica, pero también geológica.

El art. 3.10 lo define por la interacción: comunidades y su medio no viviente, que funcionan como una unidad. El medio definido por factores abióticos y bióticos tienta porque también une lo vivo y su entorno, pero es el hábitat de una especie (3.21), definido por dónde vive. La situación derivada de las influencias es el estado de conservación de un hábitat (3.14), y el territorio que conecta espacios naturales, el corredor ecológico (3.8).

El art. 3.6 distingue: las especies silvestres se conservan in situ en sus entornos naturales, y las domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. «Fuera de sus hábitats naturales» es la conservación ex situ (3.7), y el jardín botánico es una instalación de conservación ex situ (3.41). Los bancos de material genético complementan la conservación in situ, no la realizan (63.1), y los parques zoológicos participan en la cría en cautividad (62.3). El art. 3.6 no remite a los parientes silvestres.

El art. 1 dice que la ley establece «el régimen jurídico básico», y la disposición final segunda lo confirma: tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, con las salvedades que ella misma enumera. «El completo» y «El exclusivo» tientan en una ley tan extensa, pero lo básico ni agota la materia ni excluye otras normas sobre ella. Tampoco se presenta como supletoria, que regiría solo en defecto de otra norma.

El art. 3.33 define el taxón sin mencionar el lugar ni el valor: un grupo de organismos con características comunes. Lo de estar en su área de distribución natural es la especie autóctona (3.11), y el conjunto de especies de una misma área tienta por lo mismo, porque un taxón puede ser autóctono de un lugar (3.35); pero eso es un adjetivo y no lo que lo define, que son las características comunes. El componente biótico con utilidad real o potencial remite a los recursos biológicos (3.28).

La letra f) del art. 2 enuncia la prevalencia de una sobre otra, y en ese sentido: la protección ambiental por encima de la ordenación territorial y urbanística. Por eso no vale el reparto por ámbitos, la opción tentadora si se piensa en quién tiene la competencia urbanística, ni la ponderación sin prevalencia. La cuarta opción invierte el principio.

La letra b) del art. 2 no se queda en conservar: añade que las medidas «tendrán en cuenta» las exigencias económicas, sociales y culturales y las particularidades regionales y locales. Aquí la ley no elige lo más estricto, y por eso falla quien marca la máxima protección. Las exigencias ecológicas, científicas y recreativas recuerdan a la letra l), que se refiere a las poblaciones de aves, no a estas medidas, y las directrices de la Unión Europea no figuran en la letra b).

El art. 4, sobre la función social y pública del patrimonio natural, fija las dos piezas en su apartado 3: un trámite, el informe previo de las comunidades afectadas, y un instrumento, la ley estatal. Lo que se pide es informe y no acuerdo, y por eso caen las opciones que dan a las comunidades más que eso. El real decreto tienta porque es lo habitual para un acto del Gobierno, pero el texto exige ley.