Los espacios naturales protegidos

El art. 41 los forma con áreas adyacentes, terrestres o marinas, protegidas por España y otro Estado vecino, a propuesta de las Administraciones competentes y mediante la suscripción de Acuerdos Internacionales. Hay dos Estados, y por eso no basta una norma ni un convenio internos: la ley estatal, previo informe autonómico, es el instrumento de otra declaración (4.3), y la colaboración entre comunidades vale para un espacio que se extienda por varias de ellas (37.4). El artículo no da ningún papel a la Comisión Europea.

El art. 34.2 añade a la definición general del 34.1, formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea. Las otras opciones describen a otras figuras de la ley (33.1, 32.1 y 35.1), no a estas.

El art. 35.2 da dos objetivos principales a la gestión de los Paisajes Protegidos: conservar sus valores singulares y preservar esa interacción. Encaja con lo que son: partes del territorio que las Administraciones, a través del planeamiento, consideran merecedoras de una protección especial por sus valores naturales, estéticos y culturales. Los Parques tientan por sus valores educativos y sus visitantes, pero el art. 31 no les fija este objetivo. Las Reservas Naturales y los Monumentos Naturales tienen su propia definición (arts. 32.1 y 34.1), sin ese objetivo.

El art. 38 las destina a evitar impactos ecológicos o paisajísticos que vienen de fuera del espacio, y la propia norma de creación fija, cuando procede, las limitaciones necesarias. Favorecer el desarrollo de las poblaciones locales tienta porque está en el artículo de al lado, pero es la finalidad de las Áreas de Influencia Socioeconómica (39). Coordinar con un Estado vecino es lo propio de los espacios transfronterizos (41), y conectar espacios separados, de los corredores ecológicos (3.8).

El art. 28.1 pone dos condiciones a la vez. La primera es cumplir «al menos uno» de sus dos requisitos, que son alternativos: contener sistemas o elementos naturales de especial interés, o estar dedicado especialmente a proteger la diversidad biológica, la geodiversidad y los recursos asociados. La segunda es ser declarado como tal. Por eso no hacen falta todos los requisitos, y por eso tampoco basta con el valor natural: sin declaración, un lugar no tiene esta consideración.

La regla del art. 36.1 es que Parques y Reservas exigen el Plan de Ordenación aprobado antes. El 36.2 abre la excepción, con razones que consten en la norma de declaración, y a cambio obliga a tramitar el plan en el plazo de un año. La declaración no queda en suspenso, que es lo que marcaría quien busca la opción más protectora. El Plan Rector de Uso y Gestión es otro instrumento, propio de los Parques (31.5), y no lo sustituye. Los seis años son un plazo de otra figura de la ley.

Los Parques son áreas naturales cuyos valores merecen una atención preferente (31.1), y sus planes los aprueba el órgano competente de la comunidad autónoma (31.5). Las Administraciones urbanísticas son la confusión tentadora, y más porque el plan prevalece sobre el planeamiento urbanístico (31.6): ellas informan preceptivamente antes de la aprobación, pero no aprueban. La Conferencia Sectorial y la Comisión Estatal intervienen en otros instrumentos de la ley, y el art. 31 no les da este. Los Parques Nacionales se rigen por su legislación específica (31.2).

Las Áreas Marinas Protegidas son la letra c) del art. 30. Las otras tres también pueden estar en el mar, pero la ley las regula en otros regímenes: los Lugares de Importancia Comunitaria, en la Red Natura 2000; las áreas del Convenio OSPAR y las Zonas Especialmente Protegidas del Mediterráneo, entre las áreas protegidas por instrumentos internacionales. Ser marino y estar protegido no basta para entrar en esta lista.

El art. 33.1 las define por lo que protegen: ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que merecen una protección especial por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad. Que sean marinas no las distingue, porque las otras tres opciones también pueden serlo: describen otras figuras de la ley, de la Red Natura 2000 y de las áreas protegidas por instrumentos internacionales, con su propio régimen.