El uso sostenible del patrimonio natural

La regla general del art. 71.3 da la competencia para emitir la autorización a la comunidad autónoma de cuyo territorio procedan los recursos, y por eso tienta esa opción. Pero el mismo apartado la reserva a la Administración General del Estado en cuatro supuestos, y uno es el de los taxones silvestres terrestres cuya área de distribución abarque más de una comunidad. El artículo no prevé un acuerdo entre comunidades para este caso. Y la Comisión Estatal no autoriza: el art. 71.9 solo prevé en ella un comité especializado para el seguimiento.

El art. 70.a) ordena la Reserva en tres zonas, y la de transición, entre la Reserva y el resto del espacio, es la que debe incentivar el desarrollo socioeconómico, aprovechando sus recursos de forma sostenible. La de protección tienta porque habla de «desarrollo ambientalmente sostenible», pero su función es integrarlo con la conservación de la zona núcleo, que a su vez preserva la diversidad biológica y los ecosistemas. Las Áreas de Influencia Socioeconómica suenan a lo preguntado, pero son una figura de esta ley para los espacios naturales protegidos, no una zona de la Reserva.

El art. 73.2 pide informes, con una periodicidad anual, que permitan analizar los niveles y tendencias del comercio internacional de las especies registradas. La evaluación con su propuesta de medidas, la opción tentadora, es del art. 73.3 y tiene otro ritmo: al menos cada cinco años. El traslado a la Comisión Europea tampoco es anual: se hace solo en su caso, tras valorar esa propuesta. Y los resultados del Sistema de Indicadores van en otro informe anual de esta ley, ajeno a este artículo.