La Agencia Española de Protección de Datos

Los planes de auditoría preventiva analizan cómo cumple un sector, y sus directrices no son recomendaciones: obligan al sector o al responsable al que se refiere el plan. No dependen de un código de conducta, aunque sus organismos de supervisión puedan colaborar en elaborarlas, ni de que las ratifique el Consejo Consultivo.

Los nombra el Ministro de Justicia por orden, que se publica en el BOE, aunque a cada uno lo propone la institución u organización que representa. La Presidencia no los elige, porque el Consejo existe para asesorarla, y ni el Consejo de Ministros ni el Congreso intervienen.

Las circulares fijan los criterios a los que responderá la actuación de la propia Agencia cuando aplica el Reglamento general y la ley orgánica: dicen cómo va a interpretar y aplicar la norma, no crean obligaciones nuevas ni fijan multas. La organización interna de la Agencia es materia de su Estatuto.

Las cuatro son causas de separación, pero solo en la condena firme por delito doloso basta el acuerdo del Consejo de Ministros: la ha declarado ya un tribunal. En el incumplimiento grave, la incapacidad sobrevenida y la incompatibilidad, la separación tiene que ratificarse por las mismas mayorías parlamentarias que el nombramiento.

El Consejo Consultivo asesora a la Presidencia, y la ley cierra cualquier resquicio: sus decisiones no tienen carácter vinculante en ningún caso. No hay unanimidad, mayoría ni materia que las haga obligatorias, tampoco cuando tratan de circulares.

Basta cualquiera de las dos cosas: que el inspeccionado consienta o que haya una autorización judicial. Con el consentimiento no hace falta ir al juez, y una orden de la Presidencia, por motivada que sea, no abre un domicilio protegido.

La primera votación pide tres quintos de los miembros de la Comisión; si no se alcanzan, se vota de nuevo inmediatamente y basta la mayoría absoluta, siempre que los votos favorables procedan de diputados de al menos dos grupos parlamentarios. Ni la mayoría simple sirve en ningún momento ni la ley cierra la puerta a la segunda votación.

Para esos procedimientos la ley señala a quien dirige la inspección, no al Adjunto: la Presidencia ni siquiera puede delegar en él las funciones de esos procedimientos, y el Adjunto solo asume el resto de competencias. Si también en quien dirige la inspección concurre la ausencia o la abstención, pasan a los titulares de los órganos con nivel de subdirección general, por el orden que fija el Estatuto y no por antigüedad. La ley no da ese papel al Consejo Consultivo.

Las circulares son disposiciones generales, y como tales obligan una vez publicadas en el BOE, no al aprobarse ni al notificarse a nadie en particular. Su elaboración pasa por informes técnicos y jurídicos y por la audiencia a los interesados, pero ningún informe las hace obligatorias.

Decide la Agencia, pero no sola: el inspeccionado tiene que estar conforme con que se use el sistema y con la fecha y la hora. No se necesita juez, y la iniciativa no es del inspeccionado.

Son cinco años, y la ley admite expresamente renovarlo por otro período de la misma duración; la regla vale igual para el Adjunto. Lo que más se falla es la renovación, que aquí la ley sí permite.

Los actos de la Presidencia ponen fin a la vía administrativa, así que no hay alzada ante ningún ministerio: eso contradiría la independencia de la Agencia. Se recurren directamente, y el órgano es la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, no el Tribunal Supremo ni un Tribunal Superior de Justicia.

Entre los miembros del Consejo Consultivo hay un experto en transparencia y acceso a la información pública, y lo propone el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: las dos materias se tocan cuando una solicitud de acceso alcanza datos personales. Ni el Consejo Económico y Social, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ni el Defensor del Pueblo proponen a nadie.

Nombra el Gobierno, por real decreto acordado en Consejo de Ministros, y la propuesta es del Ministerio de Justicia. El Congreso interviene en el procedimiento, pero no nombra: su papel es ratificar la propuesta que le remite el Gobierno. Y el Consejo Consultivo no interviene en el nombramiento.