Lo que define la ley y el delito de contrabando

Los bienes del Patrimonio Histórico Español están en el artículo 2.2.a, cuyo encabezamiento exige un valor igual o superior a 50.000 euros. Los 150.000 euros son el valor de otro apartado del artículo, y ni los 18.000 ni los 112.500 son valores del delito: son cifras del artículo 11.2, que gradúa las infracciones administrativas de contrabando. Su valor histórico no saca a estos bienes de la regla: la ley no los pone entre los objetos que son delito sea cual sea lo que valgan.

El artículo 2.1 exige, para todos sus hechos, que el valor de las mercancías sea igual o superior a 150.000 euros, y el primero de esos hechos es importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho (2.1.a). La cifra misma ya es delito: con 150.000 euros justos se alcanza, no hace falta pasarla. Los 50.000 euros no son el valor de estas mercancías: pertenecen a otro apartado del artículo.

El artículo 2.3.a hace delito los hechos de los apartados 1 y 2 cuando su objeto son, entre otros, agentes biológicos o toxinas, con independencia de su valor. Por eso no cuenta aquí el valor mínimo de los apartados 1 y 2, ni el general ni el de los géneros prohibidos: los 3.000 euros bastan. Y la razón no es que las toxinas sean géneros estancados, que no lo son: es que la ley las nombra en el 2.3.a.

Por sí solas, unas mercancías de lícito comercio importadas sin presentarlas a despacho necesitan alcanzar el valor que fija el artículo 2.1. Pero el 2.3.a añade un supuesto en el que el valor deja de contar: cuando el contrabando se realiza a través de una organización, es delito con independencia del valor de los bienes. La ley no fija para ese caso un valor más bajo, como los 50.000 euros, sino ninguno; y sin la organización, importar sin presentar a despacho sí exige el valor del 2.1.

El artículo 2.5 declara punibles las conductas del delito de contrabando también cuando se cometen por imprudencia grave. El delito no exige, por tanto, dolo en todo caso; pero tampoco basta cualquier imprudencia: la ley pide que sea grave. Y esa regla vale para todas las conductas del artículo 2, no para unas mercancías concretas: que el objeto sean drogas, armas o explosivos no decide si cabe la imprudencia.

El último inciso del artículo 1.12 acota la prohibición por dos lados: la limita a la actividad o las actividades que la norma prohibitiva determine de modo expreso y al tiempo que esa norma señale. Si se prohíbe importar durante dos años, el género es prohibido para la importación y durante esos dos años; no se extiende a su comercio, a su tenencia ni a otras actividades que la norma no nombra, ni sobrevive al plazo que ella fija.

Cada mercancía tiene su valor en el artículo 2, y el hecho es delito si lo alcanza. Los especímenes de fauna y flora del Convenio de Washington están en el 2.2.b, y sus 70.000 euros superan el valor que la cita fija para ese apartado. En los otros tres casos el valor se queda por debajo del que la ley pide para cada mercancía: el de las de lícito comercio sin presentar a despacho, en el 2.1.a; el de las no comunitarias cuya lícita importación no se acredita, en el 2.1.b; y el de los bienes del Patrimonio Histórico, en el 2.2.a. Ninguna de las cuatro es delito por su sola clase: decide el valor de cada hecho frente al de su mercancía.

El artículo 1 separa estos movimientos por su dirección y por la clase de mercancía. La introducción (1.7) es la entrada en el territorio español de mercancías comunitarias que vienen de otros Estados miembros. La entrada de mercancías no comunitarias es importación (1.6), y a la importación, no a la introducción, asimila la ley la entrada desde las áreas exentas, entre las que están las zonas y los depósitos francos. La salida hacia otro Estado miembro tampoco es introducción: es la expedición del 1.9.

El artículo 2.1.a castiga importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho, y su segundo párrafo cierra la salida de quien ya está dentro del recinto: la ocultación o sustracción de mercancías a la acción de la Administración aduanera en los recintos o lugares habilitados equivale a la no presentación. Estar en el recinto no las da por presentadas, y la ley no lo trata como una declaración falsa ni como un acto preparatorio impune: lo iguala a la conducta del 2.1.a.

El artículo 1.11 llama géneros estancados a los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquier otra actividad atribuye la ley al Estado con carácter de monopolio, y añade las labores del tabaco y los que una ley declare estancados. Lo que los define es el monopolio, no una prohibición: los géneros cuya importación o exportación prohíbe expresamente una norma son los géneros prohibidos del 1.12, y los que necesitan autorización como material de defensa forman la categoría del 1.13. Que la tenencia de un bien sea delito no define ninguna clase de género en el artículo 1.

El artículo 1.1 define la mercancía como todo bien corporal que pueda ser objeto de comercio y le suma los medios de pago —la moneda metálica, los billetes, los cheques bancarios al portador y cualquier medio físico, también electrónico, pensado para pagar— en un supuesto concreto: cuando se ocultan entre otras mercancías presentadas ante la aduana o en los medios de transporte en que van. La moneda en que estén denominados no cuenta, porque la ley dice «en moneda nacional o en cualquier otra moneda»; y ni la procedencia del dinero ni el lugar por el que se lleva forman parte de la definición. Lo que convierte el dinero en mercancía, a estos efectos, es esconderlo.