Los criterios de graduación y el procedimiento sancionador del reglamento del contrabando

El artículo 15.2 deja a los interesados formular alegaciones y aportar documentos «con anterioridad al trámite de audiencia», además del plazo que el artículo 31 abre al notificar la iniciación. La prueba llega antes de la audiencia, así que no cierra ese margen. Y la audiencia sí lo cierra: en ella pueden volver a alegar, pero ya dentro del plazo que les da el artículo 33, no en cualquier momento; después el instructor redacta la propuesta y la eleva a quien resuelve.

El artículo 24 da a lo aprehendido un destino según su naturaleza, y su letra a) manda entregar las labores de tabaco y los demás géneros estancados al Comisionado para el Mercado de Tabacos o a los representantes del monopolio que corresponda. El depósito en locales de la Administración aduanera es la regla de la letra e) para lo que no tiene un destino propio, y el tabaco lo tiene. Un depósito fiscal no es un destino de lo aprehendido: es donde se guardan las labores con el impuesto especial en suspenso. Y la destrucción no se hace en el acto: si llega, la autoriza después el instructor.

El artículo 28.3 permite al instructor autorizar actos de disposición sobre el tabaco y los demás géneros estancados intervenidos, incluida su destrucción, «a reserva de la pertinente indemnización». Si al final no procede el comiso, el artículo 36.3 manda indemnizar a los interesados: la regla general del 36.1, devolver a sus dueños lo no decomisado, ya no se puede cumplir.

El artículo 28.1 manda intervenir de inmediato lo aprehendido al formalizar la iniciación, a resultas de lo que decida la resolución, y considera los bienes no comunitarios incluidos en el régimen de depósito aduanero. No los coloca en depósito temporal, en tránsito ni en importación temporal, y el artículo 37.2 deja en ese mismo régimen de depósito aduanero lo que después se decomisa.

El artículo 35.5 da por caducado el procedimiento cuando pasan treinta días desde que vence el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado resolución, y manda archivar las actuaciones de oficio o a instancia del interesado. El mismo apartado deja a salvo la posibilidad de iniciarlo de nuevo mientras no haya prescrito la acción de la Administración para imponer la sanción: lo que caduca es el procedimiento, no la acción.

El artículo 23.4 pide la firma de los aprehensores o descubridores y de los presuntos infractores; si estos faltan, no saben o no quieren firmar, firman dos testigos, si los hay, y se hace constar esa circunstancia. La firma del jefe de la fuerza no sustituye a la del infractor, y el reglamento no manda rehacer la diligencia ante un juez ni le quita valor por la negativa.

El artículo 23.5 reparte los tres ejemplares: el original va al órgano que debe iniciar el procedimiento sancionador, una copia se entrega al presunto infractor y la otra se la queda quien firmó la diligencia. Entregarla al infractor y quedársela quien firma es el destino de las dos copias, y el juzgado no figura en el reparto.

El artículo 35.6 suspende automáticamente la ejecución de las sanciones por infracciones administrativas de contrabando cuando se presenta en tiempo y forma el recurso o la reclamación que proceda, sin necesidad de aportar garantía, y no se pueden ejecutar hasta que son firmes en vía administrativa. No hace falta pedir la suspensión ni probar perjuicios: basta con recurrir.

El artículo 10.5 aprecia persona interpuesta cuando el infractor, para ocultar su identidad, hace figurar a nombre de un tercero, «con o sin su consentimiento», la titularidad de los medios de transporte, de la mercancía o de las operaciones. Lo que cuenta es la finalidad de ocultarse: que el vecino no lo supiera no lo impide, el provecho del tercero no se exige y los medios de transporte están en la lista junto a la mercancía.

El artículo 25.2 prevé que, si el acto de iniciación contiene ya todo lo que debe llevar la propuesta de resolución, la notificación advierta de que, sin alegaciones en plazo, ese acto podrá considerarse propuesta de resolución y pasar sin más trámites al órgano que resuelve. Es una propuesta, no la resolución, que después dicta ese órgano. Tampoco equivale a reconocer la responsabilidad, que regula aparte el artículo 18, y el expediente sigue hasta la resolución en lugar de archivarse.

El artículo 23.6 da a las diligencias formalizadas con los requisitos de su apartado 3 el carácter de documento público y valor probatorio, pero «sin perjuicio» de las pruebas que los interesados puedan señalar o aportar en su defensa. No son, por tanto, una simple denuncia que el instructor tenga que rehacer, ni una prueba que cierre la discusión: el interesado puede rebatirlas.

El artículo 1.1 dice que el real decreto desarrolla reglamentariamente el título II de la ley, que es el de las infracciones administrativas de contrabando; su apartado 2 añade que al imponer esas sanciones se siguen sus normas de procedimiento y de graduación, siempre dentro de lo que hoy dice la ley. El título I, el del delito, es la otra mitad de la ley, y este reglamento no lo desarrolla.

El artículo 22.2 deja actuar a las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las autoridades militares en tres casos: cuando se lo piden por urgencia los encargados de perseguir el contrabando, cuando sorprenden a los infractores cometiendo la infracción y cuando, sin estar presentes los órganos aduaneros ni el resguardo fiscal, pueden aprehender preventivamente. Aquí basta el segundo: el requerimiento es uno de los tres supuestos, no una condición de los demás, y nada en el artículo les obliga a esperar al resguardo fiscal.

El artículo 22.3 da la dirección funcional al órgano que resulte competente para resolver el procedimiento sancionador que pueda salir de esas actuaciones. No la tiene quien aprehende, aunque sea la fuerza del resguardo fiscal; y al juez solo se llega si los hechos pueden ser delito, porque entonces se le pasa el tanto de culpa a él o al Ministerio Fiscal.

El artículo 11.1 desarrolla la letra d) del artículo 6.1: hay facilidad especial cuando la infracción se comete por medio o en beneficio del personal de la Administración aduanera o de entidades del circuito aduanero, como las compañías de transporte internacional, las agencias de aduanas, las transitarias y consignatarias o los depósitos aduaneros y fiscales. Las demás opciones apuntan a otros criterios del mismo artículo 6.1, no a la facilidad especial.