Los registros de personal, las relaciones de puestos de trabajo y la oferta de empleo público en la Ley 30/1984

El art. 15.1 define la relación de puestos de trabajo como el instrumento técnico de ordenación del personal según las necesidades de los servicios, que además precisa los requisitos de cada puesto. Los distractores describen otras piezas de la misma ley: la oferta de empleo (art. 18), los créditos de personal de los programas de gasto (art. 14) y el Registro Central (art. 13).

El art. 14.1 manda distribuir las dotaciones de personal entre los programas de gasto de modo que se garantice el necesario equilibrio entre los medios materiales y los humanos asignados a cada uno. No se reparte por inercia del año anterior, ni por vacantes, ni por la oferta de empleo.

El art. 13.5 prohíbe que en la documentación individual figure ningún dato relativo a la raza, la religión o la opinión de la persona. La titulación, el grado consolidado y los puestos desempeñados son, al contrario, datos propios de la vida administrativa del personal, que es justo lo que se anota.

El art. 15.1.d) reserva a las relaciones de puestos de trabajo la creación, modificación, refundición y supresión de puestos: cualquier cambio en los puestos se hace a través de ellas. La Ley de Presupuestos da los créditos de los que resultan las plantillas (art. 14.3), la oferta de empleo recoge las necesidades que no se cubren con los efectivos existentes, y los Planes de Empleo pueden prever modificaciones de estructuras y de puestos (art. 18.2.a), pero esas previsiones se llevan a cabo en la relación de puestos.

El segundo párrafo del art. 18.4 dispensa del concurso previo entre funcionarios a las vacantes que se incluyen en las convocatorias de nuevo ingreso. Los distractores inventan una obligación general o condiciones que la ley no pone.

El art. 18.2 enumera lo que pueden prever los Planes de Empleo: cambios de estructuras y puestos, suspensión de incorporaciones, reasignación de efectivos, formación, concursos limitados, promoción interna, tiempo parcial y necesidades adicionales, entre otras. No incluye rebajar retribuciones, quitar el grado consolidado ni separar del servicio. Los apartados 1 a 5 del art. 18 figuran como derogados por el TREBEP, pero su disposición final 4.ª los mantiene vigentes mientras no se dicten las leyes de función pública.

El art. 14.2 exige que cada programa de gasto incluya el coste de todos los puestos de trabajo que tiene asignados, y por cada centro gestor: todos, ocupados o vacantes. No es una relación nominal de personas ni una previsión de la oferta de empleo.

El art. 15.2 hace de la adscripción indistinta la regla y solo admite la exclusiva cuando se deriva necesariamente de la naturaleza y de la función que se desempeña en el puesto, y así lo determina el Gobierno. Ni el exceso de efectivos de un Cuerpo, ni el sistema de provisión, ni una decisión del departamento la justifican.

La excepción del art. 15.1.f) es estrecha: tareas de carácter no permanente, con contratos de duración determinada y pagadas con créditos de personal laboral eventual o del capítulo de inversiones. La provisión de puestos de funcionarios, por cualquier vía, y los contratos de laboral fijo, aunque sean de oficios, sí exigen que el puesto figure en la relación.

El art. 17.1, para aprovechar mejor los recursos humanos, permite que los puestos del Estado y de las comunidades autónomas los cubran funcionarios de cualquiera de esas Administraciones, según lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo. No exige integrarse antes en un Cuerpo estatal ni limita la movilidad a la comisión de servicios. El artículo figura como derogado por el TREBEP, pero su disposición final 4.ª lo mantiene vigente.

El art. 18.3 permite reasignar en otras Administraciones al personal afectado por un Plan de Empleo, pero en los términos que establezcan los convenios que suscriban entre ellas: hace falta ese acuerdo, no basta la voluntad de una sola, y la ley no exige solicitud ni antigüedad.

El art. 13.1 inscribe a todo el personal al servicio de la Administración del Estado, sin distinguir funcionarios de carrera, interinos ni laborales; los actos que afectan a su vida administrativa se anotan. No se limita a una clase de personal ni a quien cobra de un presupuesto concreto.

El art. 14.3 ata las plantillas —de funcionarios y de laborales— a los créditos de la Ley de Presupuestos. Es fácil confundirlas con las relaciones de puestos de trabajo (art. 15), que ordenan los puestos y sus requisitos, o con la oferta de empleo (art. 18), que recoge las necesidades que no se cubren con los efectivos existentes.

La regla general del art. 15.1.c) es que los puestos de la Administración del Estado los desempeñan funcionarios. Entre las excepciones que pueden ocupar laborales están los puestos de vigilancia, custodia, porteo y análogos. La jefatura de un servicio, la instrucción de expedientes o la dirección de una unidad no están en esa lista y siguen la regla general.

El art. 13.5 reconoce al personal el libre acceso a su expediente individual, sin condicionarlo a una solicitud motivada, a ser interesado en un procedimiento ni a la intervención de sus representantes.