Las telecomunicaciones: objeto y servicios para la seguridad y la defensa

El control es judicial y va después del acuerdo: el Gobierno tiene el plazo más corto para comunicarlo y el órgano jurisdiccional, el más largo para decidir si respeta los derechos fundamentales y las libertades públicas. Si no los respeta, lo anula. El art. 4.6 no da aquí ningún papel al Congreso.

El art. 4.2 dice las dos cosas a la vez: quedan reservadas al Estado y su norma es la específica. Por eso se equivoca quien piensa que aquí sigue mandando la regla general de la libre competencia del art. 2.1, y también quien da por hecho que, siendo telecomunicaciones, las rige esta misma ley.

El art. 4.4 nombra al Ministerio del Interior y a los órganos de las Comunidades Autónomas con competencia en esas materias. Defensa tienta porque es el ministerio del apartado anterior, el 4.3, pero ese se ocupa de la defensa nacional. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no aparece en este apartado.

El art. 1.1 aplica la ley a ese dominio público cuando lo usa cualquier red de comunicaciones electrónicas, pública o no, y sea cual sea el servicio que lo utilice. Por eso lo tentador, reservarla a las redes públicas o esperar a que preste servicio al público, añade una condición que el texto no pone.

La letra g) del art. 3 va «reduciendo progresivamente» esa intervención, mientras favorece la coinversión, el uso compartido y la innovación. No la suprime de golpe ni la deja igual: el adverbio es lo que se pregunta.

Quien insta no decide: el acuerdo lo adopta siempre el Gobierno. La Administración distinta de la del Estado es interesada, y por eso puede evacuar informe, sin que el art. 4.6 le atribuya la instrucción ni diga que ese informe vincule. Tampoco queda fuera del procedimiento tras pedirlo, como le pasaría a quien solo denuncia.

Lo audiovisual queda fuera por el art. 1.2. Se parece en el nombre a los servicios de comunicaciones electrónicas, pero estos son justo lo que regula la ley según el art. 1.1, junto con los recursos y servicios asociados y los equipos terminales de telecomunicación.

Decide el Gobierno, y los ministerios solo proponen, cada uno dentro de sus competencias: Defensa, Interior y el competente en telecomunicaciones, que la ley aún llama con el nombre que tenía en 2022. Cada operador tienta porque es quien tiene los bienes, pero el apartado dice que dispone de las medidas que se determinen, no que las determine él.

Interés general no quiere decir servicio público: el art. 2.1 los presta en libre competencia, y el 2.2 reserva lo de servicio público a una parte concreta de la ley. La gestión directa del Estado existe, en el art. 4.6, pero es excepcional y transitoria, no el régimen general.

La letra h) del art. 3 pone esos dos ejemplos, la numeración y el espectro radioeléctrico. Las redes de muy alta capacidad salen en otras letras del artículo como algo que fomentar y desplegar, no como recurso limitado; los equipos terminales, en la letra l) y en el art. 1.

El art. 4.1 lo limita a los servicios de ese artículo, y el 2.2 lo confirma. El título III tienta porque el 2.2 lo nombra en la misma frase, pero lo que regula son las obligaciones de servicio público, otra cosa. Ser de interés general no convierte a un servicio en servicio público, y la libre competencia es el régimen general del art. 2.1, no esta consideración.