Los servicios electrónicos de confianza: los certificados y el DNI electrónico

El art. 4.2 pone el techo: «no será superior a cinco años». Es un máximo, de modo que el período puede ser menor, y es solo de los certificados cualificados: de los demás, el apartado no dice nada.

El criterio del segundo párrafo del art. 4.2 es técnico: mira cómo se generan los datos de creación de firma, de sello o de autenticación de sitio web. No mira a quién es el titular ni para qué lo quiere, ni la solvencia del prestador. El seguro es una obligación de otro artículo, sin relación con esto.

Los atributos que van en el certificado, como el cargo público, el colegio profesional o la titulación, se comprueban con los documentos oficiales que los acreditan, de acuerdo con su normativa específica. La palabra del solicitante no basta, y el apartado no pide consultar al órgano de supervisión ni acudir a un notario.

El apartado los remite a las obligaciones de los prestadores que expiden certificados cualificados, no a las de los prestadores de no cualificados. Que el DNI se rija por su normativa específica, como dice el apartado 4, no los deja sin ninguna: las dos reglas están en la misma disposición. El órgano de supervisión controla a los prestadores (art. 14), y este apartado no habla de él.

La suspensión no se alarga ni se levanta sola: si el plazo acaba y el prestador no la ha levantado, la vigencia se extingue. Lo tentador es pensar que el certificado vuelve a estar en vigor al terminar el plazo, cuando para eso hace falta justo lo que aquí no ha pasado, que el prestador la levante.

El art. 5.2 lleva la suspensión a tres letras concretas, la a), la c) y la h), y además a la duda sobre la b) y la g). Las letras d), e) y f) son causas de revocación, y el apartado no las nombra: ahí no hay paso intermedio. Por eso no basta con saber que todas son supuestos del art. 5.1.

El cese es causa de revocación con una salvedad escrita en la propia letra: que la gestión de los certificados pase a otro prestador. Cumplida, el cese no los revoca. La letra no dice que haya que suspenderlos mientras tanto, ni hace depender la revocación de que los titulares se opongan. La ausencia de oposición de los clientes es requisito del plan de cese del prestador cualificado (art. 9.3.c), no de este supuesto.

La letra a) ofrece dos formas: nombre, apellidos y número de identificación, o un pseudónimo que conste como tal de manera inequívoca. Que sea un certificado cualificado no elimina la segunda. La única condición que pone la letra es que se vea que es un pseudónimo, sin permiso de un juez y sin depender de lo que declare el prestador.

El art. 7.1 exige la personación y, en su segunda frase, da la salida: la firma de la solicitud legitimada en presencia notarial. El pasaporte tienta porque sale en el mismo apartado, pero es un medio para acreditar la identidad al personarse, no algo que evite hacerlo. Firmar con otro certificado no es esa salida, y las Administraciones no aparecen aquí.

Lo que se reconoce es quién firma y que el documento no se ha alterado. Lo tentador es ir más allá, pero la disposición no dice que lo escrito sea cierto, solo que está íntegro, ni que el firmante tenga capacidad para ese acto, solo quién es.