La Administración digital del Estado: objeto y órganos

El art. 4.3 le da una coordinación funcional, en los términos y con las excepciones de otra norma, el Real Decreto 1118/2024. Lo orgánico tienta por el art. 4.4, donde la División de coordinación de cada departamento sí depende de la Agencia orgánica y funcionalmente. Pero esa División es una unidad «además de» las del art. 7, que siguen en el departamento u organismo al que pertenecen. Entre esas excepciones están las unidades TIC del Ministerio del Interior en lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El art. 1 fija el objeto, un modelo común de gobernanza de las TIC, y el art. 2 lo extiende a la Administración del Estado: la General y sus organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. No se queda en la General, y tampoco llega a las demás Administraciones: con ellas hay relación digital y cooperación, no un modelo común, y el decreto no prevé que se adhieran.

Propone el Consejo Rector de la Agencia y excepciona la Comisión. La tentación es la Dirección de la Agencia, que es de la misma casa, pero este apartado nombra al Consejo Rector. Tampoco proponen aquí la Comisión Ministerial del departamento afectado ni el Comité de Dirección.

El art. 6.3 sitúa al Comité entre la Agencia y el resto de la Administración del Estado, para una acción coordinada con las líneas estratégicas. Se queda dentro del Estado. Las comunidades autónomas tientan por el art. 3.3.h, que encarga a la Comisión de Estrategia TIC impulsar la cooperación con ellas, pero eso es otro órgano y otra función.

El art. 7.2 habla de una provisión sectorial y hacia dentro: a sí mismas o a otras unidades administrativas. La ciudadanía y las empresas salen en el art. 1, como quienes reciben mejores servicios públicos, no como destinatarias de esta provisión. Las comunidades autónomas y las entidades locales aparecen en el art. 3.3.h, y allí para cooperar.