La unidad y la dependencia del Ministerio Fiscal

La cadena territorial es Fiscal General, Fiscal Superior de la comunidad, Fiscal Jefe Provincial y Fiscal Jefe de Área: los Fiscales Jefes Provinciales se subordinan al Fiscal Superior y forman, bajo su presidencia, la Junta de Fiscales Jefes de la comunidad; los de Área, a su vez, se subordinan al Fiscal Jefe Provincial (22.Ocho). El Presidente del TSJ es de la carrera judicial y no manda sobre fiscales. El Fiscal Jefe Inspector inspecciona y el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo sustituye al Fiscal General, pero ninguno es su superior jerárquico.

Si la orden es del propio Fiscal Jefe y no le convencen las razones, la lleva a la Junta de fiscalía y, una vez que esta se manifiesta, resuelve él definitivamente, reconsiderándola o ratificándola. No la ratifica sin más trámite: la Junta tiene que pronunciarse antes. No la eleva a un superior, porque es él quien resuelve, y el Consejo Fiscal no interviene en este procedimiento.

El Teniente Fiscal asume las funciones de dirección o coordinación que le delegue el Fiscal Jefe y le sustituye en caso de ausencia, vacante o imposibilidad. Dirigir las Secciones es de los Fiscales Decanos (22.Nueve); los permisos y la facultad disciplinaria son del Fiscal Jefe (22.Cinco.b y c). Y cuando el Fiscal Jefe discrepa de la mayoría de la Junta, nadie le sustituye en la presidencia: somete las dos opiniones a su superior jerárquico (24.Uno).

Es la dependencia jerárquica en acción: el superior inmediato puede, en cualquier momento, avocar el asunto o dárselo a otro fiscal, con resolución motivada. Si hay discrepancia, resuelve el superior jerárquico común a ambos. El Consejo Fiscal no decide la sustitución: se le comunica y puede expresar su parecer. La Junta de Fiscalía no adopta decisiones vinculantes (sus acuerdos son informe, 24.Uno). Y lo del Fiscal General «oído el Consejo Fiscal» es otra facultad, la de designar a cualquier fiscal para un asunto determinado (art. 26), que no excluye la del superior inmediato.

Cuando la orden viene de un superior del Fiscal Jefe, se le eleva informe y, si no admite las razones, resuelve él «de igual manera» —reconsiderándola o ratificándola—, pero oyendo antes a la Junta de Fiscalía. No resuelve sin trámite ni pasa la decisión al Consejo Fiscal. La Junta de Fiscales de Sala solo se oye cuando la orden la dio el propio Fiscal General.

El art. 28 cierra la cuestión dentro del propio Ministerio Fiscal: contra la decisión del superior jerárquico, y contra la de la Junta de Fiscales de Sala cuando se trata del Fiscal General, no cabe recurso alguno. No hay alzada ante el Fiscal General ni ante el Consejo Fiscal, y el órgano judicial del proceso tampoco revisa la decisión. Las causas de abstención son las que la LOPJ establece para jueces y magistrados, en cuanto les sean de aplicación.

El criterio del Fiscal Jefe prevalece, pero si es contrario al de la mayoría debe someter ambas opiniones a su superior jerárquico. Mientras este resuelve, el criterio del Fiscal Jefe es ejecutivo en lo estrictamente necesario, si el tema lo requiere: el de la mayoría no pasa a vincularle. No hay segunda votación ni decide el Consejo Fiscal. En la Fiscalía del Tribunal Supremo la discrepancia la resuelve el Fiscal General, oído el Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala (24.Dos).

Para designar a un fiscal en un asunto determinado, ante cualquier órgano jurisdiccional en que el Ministerio Fiscal esté legitimado para intervenir, el Fiscal General oye al Consejo Fiscal. La Junta de Fiscales de Sala es la que oye antes de instruir sobre asuntos que afecten a un miembro del Gobierno (art. 25) y antes de resolver sobre una orden suya que un fiscal cree improcedente (27.Uno). Ni el Fiscal Jefe tiene que estar de acuerdo ni el Ministro de Justicia autoriza nada.

El art. 22.Uno lo dice sin matices: el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado. Que haya Fiscalías de las comunidades autónomas, provinciales y de área no lo parte en varios: el Fiscal Superior dirige su Fiscalía y representa al Ministerio Fiscal en su comunidad «sin perjuicio de las atribuciones del Fiscal General del Estado» (22.Cuatro), que conserva la jefatura superior en todo el territorio (22.Dos). Que una comunidad gestione los medios materiales y personales de la Justicia tampoco crea un Ministerio Fiscal autonómico.

Cuando la instrucción toca a un miembro del Gobierno —el que propone el nombramiento del Fiscal General—, el Estatuto le obliga a oír antes a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que le asiste en materia doctrinal y técnica. El Consejo Fiscal es el tentador porque se le oye en otras decisiones, como la designación de un fiscal para un asunto (art. 26), pero no en esta. La Junta de Fiscales Superiores coordina las Fiscalías en el territorio, y el CGPJ no interviene en las instrucciones del Ministerio Fiscal.

El escalón de consulta sube con el autor de la orden: si es del Fiscal Jefe o de otro superior, se oye a la Junta de Fiscalía; si es del Fiscal General, a la Junta de Fiscales de Sala. El Consejo Fiscal es el distractor tentador, porque se le oye en otras decisiones del Fiscal General (art. 26), pero no en esta. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo no interviene aquí: es a quien se dirigen las partes cuando piden la abstención del Fiscal General (art. 28).

El orden del día lo fija el Fiscal Jefe, pero tiene que incluir lo que propongan por escrito, antes del comienzo, al menos un quinto de los fiscales destinados. El tercio es otra cifra del mismo apartado: la moción con la que los fiscales obligan a convocar una Junta extraordinaria. Las ordinarias se celebran al menos semestralmente.

En esas comunidades no hay dos jefaturas superpuestas: el Fiscal Superior, además de dirigir la Fiscalía de la comunidad, asume también las funciones del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial. El Teniente Fiscal asume lo que el Fiscal Jefe le delegue y le sustituye si falta (22.Seis), pero no ocupa la jefatura provincial; el Fiscal Decano dirige Secciones (22.Nueve), y nombrar a un Fiscal Jefe Provincial aparte es justo lo que la regla evita.

Quien insiste en la orden la ratifica por escrito razonado y releva expresamente al fiscal de las responsabilidades que pudieran derivarse de cumplirla: la responsabilidad no se queda en quien obedece. La otra salida que le da el art. 27.Dos es encomendar el despacho del asunto a otro fiscal. La comunicación al Consejo Fiscal para que exprese su parecer es la de la sustitución del art. 23, no la de la ratificación.

La Junta sirve para mantener la unidad de criterios y debatir, pero no manda: lo que acuerda la mayoría tiene carácter de informe y, después del libre debate, prevalece el criterio del Fiscal Jefe. Ninguna mayoría, simple ni de tres quintos, hace que el acuerdo prevalezca sobre el criterio del Fiscal Jefe. Lo que sí cambia si el Fiscal Jefe se aparta de la mayoría es que tiene que someter las dos opiniones a su superior jerárquico (24.Uno, segundo párrafo).