El derecho a la igualdad de trato en cada ámbito de la vida social

El art. 20.2 obliga a quien vende, arrienda, intermedia o anuncia una vivienda ofrecida al público a respetar la igualdad de trato, y añade que en los arrendamientos y en las situaciones asimilables la obligación se mantiene durante todo el periodo posterior de uso de la vivienda. No se agota al firmar ni al entregar la posesión, ni tiene un plazo de un año. El mismo régimen se aplica a los locales de negocio.

El art. 15.2 prohíbe excluir a nadie de un tratamiento o de un protocolo de actuación sanitaria por discapacidad, sinhogarismo, edad, sexo o enfermedades preexistentes o intercurrentes, salvo que lo justifiquen razones médicas debidamente acreditadas. La prohibición no es absoluta, pero esa es su única salvedad: ni la decisión de un comité ni la previsión de un protocolo bastan para excluir por esos motivos.

El art. 13.2 es tajante: «en ningún caso» podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros educativos que excluyan del ingreso, discriminándolos, a grupos o personas por alguna de las causas de la ley. No lo limita a la reincidencia ni a un curso escolar, y alcanza a toda forma de financiación pública, no solo al concierto.

El art. 18.1 manda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad evitar la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva, y el 18.2 extiende el deber a quienes prestan servicios de seguridad privada. La regla gira sobre la justificación objetiva: no pide autorización judicial, no reserva su uso a los delitos graves y no alcanza al perfil que sí la tenga.