El Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia

El apartado séptimo dice que el usuario «podrá» cambiar su contraseña periódicamente —es una facultad, y el Código no fija ningún plazo— y que estará obligado a hacerlo siempre que se lo indique el administrador o responsable de Seguridad del Sistema o concurran circunstancias, «incluso subjetivas», que así lo aconsejen. Basta la sospecha. Y la contraseña no la asigna la Administración: cada usuario recibe de ella una clave de identificación, pero la contraseña la elige él mismo y puede cambiarla cuando quiera. El cambio de puesto no aparece como causa.

El apartado decimotercero regula dos casos. Si la web de contenido jurídico se hace con los medios y herramientas de la Administración de Justicia, hay que comunicarlo antes a la Sala de Gobierno con el proyecto. Y si se hace con fondos privados pero incide en la Administración de Justicia, el usuario «estará obligado, igualmente», a ponerlo en conocimiento de la respectiva Sala de Gobierno. El primer distractor olvida ese segundo párrafo. El Servicio de Soporte no interviene, y el Código no pide que el CGPJ apruebe la web.

El apartado sexto (6.2.1) dice que los programas instalados son propiedad de la Administración de Justicia y que su utilización, copia o reproducción para fines extraprofesionales «queda excluida, salvo autorización expresa». Que la licencia sea de la Administración es justo la razón para que no pueda llevárselo, no para que pueda. Comunicarlo no basta, porque se exige autorización expresa, y estar todavía en el puesto no cambia nada.

El apartado quinto parte de que los equipos son para el trabajo y no son idóneos para un uso personal, pero permite «una utilización excepcional para actividades personales no reservadas», siempre conforme a la reglamentación de la Administración competente. No es un uso libre mientras no estorbe, ni depende de la hora o de un permiso del Servicio de Soporte, ni se limita a trámites con la Administración. «No reservadas» quiere decir sin expectativa de privacidad: es la misma idea que el Código aplica al correo en el apartado noveno.

El apartado primero define las Administraciones Públicas como las que tienen competencia sobre los medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia —en 2003, el texto nombra al Ministerio de Justicia y, en su caso, a las comunidades autónomas— y añade que la competente «constituye el Servicio de Soporte». El distractor tentador es el CGPJ, porque la Instrucción es suya: pero el Consejo dicta las pautas y no presta el soporte técnico, que es de quien pone los equipos. Tampoco es la Sala de Gobierno ni un servicio de cada juzgado.

El apartado séptimo dice que la contraseña no debe comunicarse a terceras personas, «salvo que concurran circunstancias excepcionales, y siempre que se reciba autorización expresa de la Administración Pública competente». Hacen falta las dos cosas. Ni la urgencia de un compañero, ni una ausencia, ni el visto bueno del juez o del presidente del órgano sustituyen a esa autorización.

El apartado decimoquinto obliga a todos los usuarios a cumplir las pautas y dice que de su incumplimiento puede derivarse «la pertinente responsabilidad en el ámbito disciplinario», si a ello hubiere lugar en aplicación de las normas del Estatuto jurídico propio de cada usuario. El Código no crea sanciones propias: remite al régimen disciplinario de cada colectivo (jueces, letrados, funcionarios, personal laboral). Por eso no hay una sanción del Pleno, ni una retirada del equipo como castigo, ni multas de la Administración.

El apartado tercero dice que el Código quiere concienciar sobre la seguridad «tanto dentro como fuera de las instalaciones judiciales», y que sus normas se refieren a todos los equipos suministrados por la Administración competente «con independencia de su ubicación». El apartado cuarto lo confirma para los portátiles. Lo que decide es quién suministró el equipo, no dónde está ni si en ese momento está conectado a la red interna o guarda datos de las partes.

El apartado octavo (8.4) dice que la Administración competente tiene que cumplir las leyes de propiedad intelectual o industrial y que, por eso, los usuarios deben comprobar cuidadosamente, antes de utilizar información de la red, si está protegida por ellas. El Código no exige que la fuente sea oficial ni que el Servicio de Soporte apruebe las direcciones. Los favoritos (8.5) son una recomendación para consultar con provecho las direcciones de uso habitual, no un control de lo que se puede usar.

El apartado primero define al usuario «en el sentido más amplio posible»: todos los profesionales que prestan servicio en los órganos judiciales, y nombra expresamente a los contratados y al personal laboral junto a jueces, letrados de la Administración de Justicia (el texto de 2003 dice «Secretarios Judiciales»), funcionarios y médicos forenses. Lo que cuenta es desarrollar tareas en el órgano, sean permanentes u ocasionales: ni hace falta un destino definitivo ni un alta previa de la Sala de Gobierno. Que su relación sea por contrato no la saca del Código.

El apartado sexto (6.2.2) prohíbe «la instalación de todo tipo de programas sin la intervención del Servicio de Soporte competente», y exige además que se haga conforme a las licencias con que cuente la Administración (el 6.2.3 impide usar programas sin licencia previa de la Administración). Que sea gratuito no lo exime: la prohibición alcanza a todo tipo de programas. Pasar el antivirus tampoco, y la autorización del juez o del presidente no sustituye a la intervención del Servicio de Soporte.