La calificación del delito y los artículos de previo pronunciamiento

El art. 649 pone por regla al fiscal, que es quien acusa en los delitos perseguibles de oficio, y añade su excepción: si el delito no puede perseguirse de oficio, la causa se comunica al acusador privado, porque sin él no hay acusación. La comunicación la hace el secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). El actor civil y la defensa reciben la causa después, cuando ya hay una calificación a la que referirse (arts. 651 y 652).

El art. 671 manda recibir el artículo a prueba por el término necesario, con un techo de ocho días, y en el mismo auto dirigir las comunicaciones a los archivos u oficinas donde estén los documentos. Los tres días tientan porque son el término para proponer las cuestiones y para contestarlas (arts. 667 y 669), pero el de la prueba es otro y tiene su propio máximo.

El art. 653 permite a todas las partes presentar, sobre cada punto de la calificación, dos o más conclusiones alternativas: si del juicio no resulta la primera, la sentencia puede estimar cualquiera de las demás. Por eso no hace falta quedarse con la más leve ni dejar el punto en blanco: el escrito del art. 650 tiene que calificar los hechos, y lo que se modifica en el juicio son las conclusiones ya formuladas, no un hueco.

El orden de los traslados lo fija la ley: tras el fiscal, el acusador particular, por igual término y para lo mismo (art. 651); después el actor civil, que solo concluye sobre los daños y quién responde de ellos, y por último los procesados y los terceros civilmente responsables, que contestan a lo que se les imputa (art. 652). Pasa la causa el secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). El actor civil tienta porque también recibe la causa tras el fiscal, pero va detrás del acusador particular.

El art. 662 encadena tres términos en la recusación de peritos: tres días para recusar desde la entrega de la lista, igual término de traslado a la otra parte y seis días de prueba, durante los cuales cada parte practica la que le convenga. Después se señala la vista y el tribunal resuelve. Los seis días de la prueba no se confunden con los tres de la recusación, que son el término para proponerla.

El art. 659 cierra el señalamiento con un deber hacia la víctima: el secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)) le informa por escrito de la fecha y el lugar del juicio, aunque no sea parte ni deba intervenir. Es información, no una citación: como testigo solo se cita a quien una parte ha propuesto y el tribunal ha admitido. Y el ofrecimiento de acciones es de la fase de investigación, no de este momento.

El art. 668 obliga a quien plantea la cuestión a acompañar los documentos que la justifican o a designar dónde están, para que el tribunal los reclame. Si no hace ni lo uno ni lo otro, el art. 670 no inadmite la excepción, no da un plazo nuevo ni la deja parada a la espera de los documentos: le quita el efecto suspensivo, de modo que la causa no se detiene. La consecuencia recae sobre la paralización, no sobre la excepción.

El art. 649 da cinco días a la acusación para calificar en el procedimiento ordinario, y el mismo término sirve después a las demás partes, que reciben la causa «por igual término» (arts. 651 y 652). Los diez días tientan porque son el plazo común del procedimiento abreviado para el escrito de acusación (art. 780): es el mismo acto en otro procedimiento, no el del sumario.

El art. 656 pide en las listas los datos para encontrar a cada persona —nombre y apellidos, apodo si se le conoce por él, domicilio o residencia— y una decisión práctica: si hay que citarlos judicialmente o si la parte se encarga de llevarlos. De eso depende que después se expidan exhortos o mandamientos para citarlos (art. 660). La ley no exige adelantar sobre qué declarará cada uno ni su relación con las partes.

El art. 675 une la cosa juzgada, la prescripción y la amnistía o el indulto (números 2.º a 4.º del art. 666) en una misma consecuencia: sobreseimiento libre y libertad de los procesados que no estén presos por otra causa. Es libre y no provisional porque el obstáculo es definitivo: el delito prescrito no puede volver a perseguirse. Tampoco hay sentencia, porque no se llega a juzgar el fondo.

El art. 650 pide a quien sostiene la acción civil dos conclusiones más que a la acusación penal: la cantidad de los daños y perjuicios o la cosa que haya de restituirse, y quién responde de ello y por qué hecho. La fianza y el embargo que aseguran la indemnización no van en el escrito de calificación: se acuerdan en la pieza de responsabilidad civil del sumario (arts. 589 y siguientes). Y la ley no pide fijar un plazo de pago.

El art. 678 deja reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas desestimadas, con una excepción: la declinatoria. La competencia queda zanjada con el auto que la resuelve, que además es apelable (art. 676); la cosa juzgada, la prescripción o la amnistía e indulto pueden volver a discutirse como defensa. En las causas del Jurado esa reproducción no cabe, sin perjuicio de lo que se alegue al recurrir la sentencia.

El art. 676 da apelación contra el auto que resuelve la declinatoria y contra el que admite las excepciones 2.ª, 3.ª y 4.ª del art. 666 (cosa juzgada, prescripción y amnistía o indulto). Contra el que las desestima no hay recurso propio: queda el que proceda contra la sentencia. La súplica es el recurso ordinario contra los autos de un tribunal colegiado, y la reforma, contra los del juez; aquí la ley da expresamente la apelación.

El art. 658 no deja el procedimiento a merced de la parte que se retrasa: transcurrido el término del art. 649, se recoge la causa de su poder y se dicta diligencia teniendo por hecha la calificación, para pasar al examen de las pruebas. La dicta el secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)). No hay un segundo término ni se suspende nada, y tampoco se presume una conformidad, que solo vale si se manifiesta (art. 655).

El art. 679 devuelve la causa, por tres días, a la parte que alegó las cuestiones previas, «para el objeto prescrito en el artículo 649», que es calificar por escrito los hechos. Las cuestiones se plantean antes de calificar (art. 667), así que, rechazadas, falta todavía ese escrito. El paso al ponente para examinar las pruebas viene después, cuando todas las partes han calificado (art. 658), y la causa ya no vuelve al juez instructor (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, LO 1/2025) por este camino.

El art. 652 no deja a nadie sin defensa en la contestación a las calificaciones: si los procesados no tienen abogado y procurador, el secretario judicial (hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)) interesa que se les designen. El silencio no equivale a conformidad: la del art. 655 la manifiesta expresamente la representación del procesado. Tampoco se espera a que el procesado los nombre ni se le deja contestar solo.

El art. 667 cuenta el término desde la entrega de los autos para calificar: las cuestiones previas se plantean al recibir la causa y antes de calificar, porque si prosperan hacen innecesario el juicio. Por eso, si se desestiman, la causa vuelve a la parte que las alegó para que califique (art. 679). No se cuenta desde el auto de apertura del juicio oral, que es anterior a la entrega, ni desde trámites posteriores como la calificación del fiscal o el auto de pruebas.