Las fianzas y los embargos y la responsabilidad civil de terceros

El art. 598 dirige el requerimiento a quienes están cerca del procesado y pueden saber qué tiene: su mujer, sus hijos, su apoderado, sus criados o las personas que se encuentren en su domicilio. Ni su abogado o procurador ni el alcalde figuran en la lista, y ni el fiscal ni el actor civil señalan bienes en lugar del procesado: si nadie los señala, se embargan los que se reputen suyos. La lista es la de 1882, que no se ha actualizado.

El art. 612 manda reducir por auto la fianza y el embargo cuando la cantidad mandada afianzar resulta superior a lo que podrá imponerse; es la cara opuesta del art. 611, que manda ampliarlos cuando las responsabilidades probables crecen. La fianza no es inamovible ni hay que esperar a la sentencia, y tampoco se alza para pedir otra: se ajusta la que hay.

El art. 614 bis lleva las medidas cautelares tributarias al proceso penal en cuanto este empieza: decide sobre ellas el juez penal («el juez de lo penal», dice la letra, que se refiere al juez de la causa penal), y no ya la Administración tributaria, que las adopta antes al amparo del art. 81 de la Ley General Tributaria. Ni la vía económico-administrativa ni la contencioso-administrativa son el cauce, porque lo que se asegura es ya objeto de una causa penal.

El art. 618 manda practicar las pruebas y resolver, con una condición: que el juez pueda hacerlo sin retraso ni perjuicio del objeto principal de la instrucción. La responsabilidad del tercero es accesoria y no puede frenar la causa; por eso el art. 619 la lleva a pieza separada sin que por ningún motivo se suspenda la instrucción. No hay que esperar al auto de conclusión ni a la sentencia.

El art. 597 da un margen muy corto: el día siguiente al de la notificación del auto del art. 589. Si no presta la fianza en ese día, se pasa a la consecuencia que el mismo auto ya prevé. Tres y cinco días son plazos de los recursos de la LECrim, no el de la fianza; y el plazo no se agota el mismo día en que se notifica el auto.

El art. 596 abre la apelación contra los autos que califican la suficiencia de las fianzas. La súplica es el recurso contra los autos de un tribunal, no los de un juez; la queja cabe contra los autos no apelables del juez (art. 218), y este lo es; y la casación no se da contra estos autos de la instrucción. El juez instructor de la letra es hoy el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 620 retiene los instrumentos y objetos del delito que están en poder de un tercero: su restitución a su dueño no puede hacerse hasta después de celebrado el juicio oral, porque pueden hacer falta como prueba. Ni el procesamiento, ni la conclusión del sumario, ni la apertura del juicio oral bastan. El propio artículo exceptúa el caso del art. 844, cuando la causa se archiva por estar en rebeldía todos los procesados. Y los efectos que pertenecen a la víctima tienen su propia regla: el art. 334 manda restituírselos de inmediato, salvo que deban conservarse como prueba.

El art. 590 manda instruirlas en pieza separada, para que el aseguramiento del dinero no se mezcle con la investigación ni la retrase. Llevarlas en el cuerpo del sumario es justo lo que la ley evita. Tampoco van al rollo del tribunal que ha de juzgar ni a un proceso civil: la LECrim se remite a la LEC para ciertas reglas del embargo, pero la pieza sigue siendo de la causa penal.

El art. 621 bis.1 parte de que la causa penal no paraliza la actuación administrativa: el cobro puede iniciarse, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, haya acordado suspender la ejecución. La suspensión no la produce una garantía ofrecida a la Administración: la acuerda el juez, que fija la garantía y su plazo (art. 621 bis.2). Tampoco hace falta esperar a la sentencia firme ni a una autorización judicial para cobrar.

El art. 591 admite la caución mediante aval solo si es solidario, pagadero a primer requerimiento y de duración indefinida, emitido por una entidad de crédito o una sociedad de garantía recíproca. Un aval con término —la apertura del juicio oral, la firmeza de la sentencia o un año— podría vencer antes de que haya que pagar las responsabilidades, que es justo lo que la fianza tiene que cubrir.