La prisión provisional

El art. 504.5 manda contar el tiempo que el investigado estuvo detenido o en prisión provisional por la misma causa, así que la detención previa suma, no se descuenta. Lo único que excluye es el tiempo en que la causa sufrió dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. El secreto del sumario y la incomunicación no paran el reloj: el art. 504.3 obliga incluso a motivar que la prisión sigue siendo necesaria si se levantan antes del plazo.

El art. 503.1.3.º c) admite la prisión para proteger a la víctima y dice expresamente que en estos casos no se aplica el límite de pena del ordinal 1.º, así que el límite no rige para todos los fines. Las personas del art. 173.2 del Código Penal (el entorno familiar y la pareja) se mencionan como caso especial —«especialmente»—, no como condición. El «peligro fundado y concreto» es lo que se exige para proteger las fuentes de prueba, no a la víctima.

El art. 504.4 dice que la libertad por haberse cumplido los plazos máximos no impide volver a acordar la prisión si el investigado, sin motivo legítimo, deja de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal. Agotar el plazo no blinda la libertad: la incomparecencia abre de nuevo la puerta a la prisión, no solo a una fianza o a una busca.

El art. 504.2 permite que, condenado el investigado y recurrida la sentencia, la prisión provisional se prorrogue hasta la mitad de la pena efectivamente impuesta. La referencia es la pena de la sentencia, no la que el Código Penal señala en abstracto para el delito; y el límite es la mitad, no la pena entera ni la firmeza de la sentencia.

El art. 504.2 fija dos topes para la prisión acordada por riesgo de fuga, para proteger a la víctima o para evitar la reiteración: un año si la pena señalada es igual o inferior a tres años, y dos años si es superior. Con un máximo de tres años se está en el primer tramo. Dos años es el tope del segundo tramo, y cuatro, lo que sumaría ese tope con su prórroga. Seis meses es el tope de la prisión acordada para evitar la ocultación de pruebas (art. 504.3) y la prórroga de este mismo tramo.

El art. 509.2 dice que la incomunicación dura lo estrictamente necesario para practicar con urgencia las diligencias que la justifican y que no puede pasar de cinco días. Solo en las causas por los delitos del art. 384 bis o por otros cometidos de forma concertada y organizada por dos o más personas cabe prorrogarla por otro plazo no superior a cinco días.

El art. 506.2 permite que, con la causa secreta, el auto de prisión señale qué particulares se omiten de la copia notificada, pero nunca la sucinta descripción del hecho imputado ni cuál de los fines del art. 503 se busca con la prisión: sin eso, el preso no podría defenderse. Lo demás puede omitirse de la copia, aunque el abogado conserva el acceso a los elementos esenciales para impugnar la privación de libertad (art. 505.3); y cuando se alza el secreto se le notifica el auto íntegro.

El art. 503.2 permite la prisión para evitar que el investigado cometa otros delitos, y solo en ese supuesto añade que el hecho imputado ha de ser doloso. Los fines del apartado 1.3.º —el riesgo de fuga, la protección de las fuentes de prueba y la de la víctima— no llevan esa condición.

El art. 511.1 manda expedir un mandamiento a la Policía Judicial o al agente judicial que haya de ejecutar el auto y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso, que según el art. 511.2 no puede admitir a nadie como preso sin él. Ni el fiscal ni el juez de vigilancia penitenciaria reciben mandamiento: el auto se les notifica o se les comunica por otras vías.

El primer requisito del art. 503.1 es que el hecho tenga caracteres de delito castigado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión. Tres años es otra frontera de la prisión provisional: la que separa sus plazos máximos en el art. 504. Cinco años es el límite de pena de los juicios rápidos (art. 795) y nueve, el del procedimiento abreviado (art. 757); ninguno de los dos decide si cabe la prisión.

El art. 506.1 manda que las resoluciones sobre la situación personal del investigado tengan forma de auto y que el que acuerde o prolongue la prisión exprese los motivos por los que se considera necesaria y proporcionada respecto de los fines que la justifican. La ley no pide fijar en él la fecha de vencimiento ni la del juicio, ni detallar las pruebas; el establecimiento consta en el mandamiento que se expide al director (art. 511).

El art. 502.1 reserva la prisión provisional a quien juzga o instruye: el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias y el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa. El fiscal no la decreta: puede pedirla en la audiencia del art. 505, igual que las demás partes acusadoras, pero decide el juez. Hoy, el juez instructor es el de la Sección de Instrucción, y el juez de lo penal, el de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 508.2 permite sustituir la prisión provisional por el ingreso en un centro oficial o de una organización legalmente reconocida si el ingreso en prisión puede frustrar el tratamiento, siempre que los hechos sean anteriores a su inicio: no vale empezar a tratarse después del delito para evitar la prisión. La ley no pide informe forense, ni un límite de pena, ni fianza; lo que sí añade es que no podrá salir del centro sin autorización del juez o tribunal.

El art. 510.4 da al preso incomunicado que lo pida el derecho a un segundo reconocimiento por un médico forense, que no elige él: lo designa el juez o tribunal competente para conocer de los hechos. Las visitas no son un derecho: el art. 510.3 dice que no puede realizar ni recibir comunicación alguna, salvo las que el juez autorice. Y la ley no fija revisiones cada veinticuatro horas; lo que exige es un auto motivado y que la incomunicación dure lo estrictamente necesario.

El ordinal 1.º del art. 503 admite la prisión con pena inferior al límite general solo si el investigado tiene antecedentes penales vivos —ni cancelados ni susceptibles de cancelación— derivados de una condena por delito doloso. Los antecedentes policiales no son antecedentes penales; los ya cancelados no cuentan, y una condena por delito imprudente tampoco sirve, aunque sus antecedentes no puedan cancelarse aún.

Según el art. 505.4, si ninguna de las partes insta la prisión o la fianza, el juez acordará necesariamente la inmediata libertad del detenido. La prisión provisional y la libertad con fianza no se acuerdan de oficio: hace falta que las pida el Ministerio Fiscal o una parte acusadora, aunque concurran los requisitos del art. 503. Tampoco prevé la ley un traslado posterior al fiscal. Hoy, el juez de instrucción es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 507.1 abre la apelación, en los términos del art. 766 y con tramitación preferente, contra los autos que decretan, prorrogan o deniegan la prisión provisional y contra los que acuerdan la libertad. No solo se recurre el auto que la decreta: también el que la deniega, que es el que interesa a la acusación. La queja cabe contra los autos no apelables, y este lo es; la casación no se da contra los autos de la instrucción.