Los juicios rápidos: las diligencias urgentes, el juicio y la sentencia

El art. 800.5 cierra el caso del fiscal que no acusa: el juez requiere a su superior jerárquico para que presente el escrito en dos días y, si tampoco lo hace, se entiende que no pide la apertura del juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre, no el provisional. El juez, eso sí, emplaza antes a los ofendidos y perjudicados conocidos para que puedan acusar. No hay acusación tácita a partir del atestado ni el juez designa fiscal.

El art. 801.2 manda imponer la pena solicitada reducida en un tercio aun cuando suponga una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Es lo que distingue esta conformidad premiada de la conformidad general del procedimiento abreviado, que no rebaja la pena. El juez no fija otra pena dentro de un margen: controla que la conformidad sea válida, como en el abreviado, e impone la pedida con la rebaja. La letra del art. 801 remite aún al art. 787, que desde la LO 1/2025 regula el juicio en ausencia: ese control está hoy en el art. 785.5 a 785.7.

El art. 797 bis.1 aparta la regla general en los asuntos de violencia sobre la mujer: las diligencias y resoluciones del juicio rápido se practican y adoptan durante las horas de audiencia de ese órgano, no durante el servicio de guardia, que es la regla del art. 799 para los demás casos. La ley dice «Juzgado de Violencia sobre la Mujer»; hoy es la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

El art. 799.1 ata todo el trabajo del juez en el juicio rápido a la guardia: las diligencias y resoluciones deben practicarse y adoptarse durante el servicio de guardia del juzgado de instrucción. Solo en los partidos con guardia no permanente y de más de veinticuatro horas cabe una prórroga tasada (art. 799.2), y no por días ni meses. Las cuarenta y ocho horas no son un plazo: son la ventana, antes del fin de la guardia, en que tiene que haberse recibido el atestado para que la prórroga quepa. El juzgado de instrucción es hoy la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (DA 1.ª de la LO 1/2025).

El art. 800.3 manda hacer el señalamiento en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas que los órganos de enjuiciamiento tienen reservados para ello. Lo hace el propio juzgado de guardia, sin esperar a que la causa llegue al órgano que juzgará. La ley dice «Secretario del Juzgado de Guardia»: hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015).

El art. 797 bis.2 resuelve el caso: cuando no es posible presentar al detenido ante el órgano de violencia sobre la mujer competente, se le pone a disposición del juez de instrucción de guardia a los solos efectos de regularizar su situación personal. Ese juez no instruye las diligencias urgentes, que siguen siendo de la Sección de Violencia sobre la Mujer. El fiscal no recibe detenidos en lugar del juez, y dejarlo en comisaría hasta el día hábil siguiente es lo que la norma evita. Hoy, el juez de instrucción de guardia es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que esté de guardia (LO 1/2025).

La regla 2.ª del art. 797.1 condiciona tres diligencias —recabar los informes periciales pedidos por la Policía Judicial, el examen del médico forense y la tasación de los bienes intervenidos— a que sean necesarias para la calificación jurídica de los hechos imputados. No depende de que lo pida la defensa ni de que el investigado niegue los hechos: el juez las practica con la participación activa del fiscal cuando la calificación las exige.

El art. 799.2 permite al juez prorrogar el plazo de la guardia por un período adicional de setenta y dos horas, pero solo en los partidos judiciales cuya guardia no es permanente y dura más de veinticuatro horas, y para los atestados recibidos dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores al final del servicio. Cuarenta y ocho horas es otra cifra del mismo apartado, la ventana en que ha de llegar el atestado, no la prórroga.

El art. 798.2.2.º dice que, si el juez considera insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado, y deberá señalar motivadamente qué diligencias faltan para concluir la instrucción o qué circunstancias lo hacen imposible. No devuelve el atestado a la Policía, no pasa al sumario —que es por la pena, no por la falta de diligencias— ni archiva.

El art. 801.1.1.º exige, a la vez, que no se haya constituido acusación particular y que el fiscal haya pedido la apertura del juicio oral y, acordada, haya presentado en el acto escrito de acusación. Un escrito que llega días después ya no permite la conformidad ante el juez de guardia. La ley no exige un pacto previo ni el consentimiento de la víctima no personada.

El art. 800.2 manda al fiscal, si no hay acusación particular, presentar de inmediato su escrito de acusación o formularla oralmente, en la misma guardia. Por eso el acusado puede conformarse en ese mismo acto. Ni hay plazo de días ni se espera al juicio: la acusación se formula ante el juez de guardia. Solo cuando hay acusación particular que pidió el juicio oral se da a las dos acusaciones un plazo breve para sus escritos.

Con acusación particular no cabe la conformidad en la misma guardia, que exige que no la haya. El art. 801.5 abre otra vía: el acusado puede prestar su conformidad en su escrito de defensa, y con la más grave de las acusaciones, no con la más leve ni solo con la del fiscal. Así ninguna acusación queda desplazada por la conformidad con otra.

Cuando por el lugar de residencia de un testigo o de la víctima, o por otro motivo, es de temer que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, el art. 797.2 manda al juez de guardia practicarla inmediatamente, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Una declaración sin las partes no valdría como prueba, y suspender la guardia o confiar en la citación al juicio es justo el riesgo que la norma quiere evitar.

El art. 801.4 reparte la ejecución de la sentencia de conformidad dictada en la guardia: el juez de guardia resuelve sobre la libertad o el ingreso en prisión del condenado y hace los requerimientos que se deriven de ella, y el letrado de la Administración de Justicia remite enseguida las actuaciones, con la sentencia redactada, al juez de lo penal que corresponda, que continúa la ejecución. El juez de guardia no la sigue, aunque haya dictado la sentencia, ni pasa a otro instructor por reparto. El «Juzgado de lo Penal» de la letra es hoy la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia.

El art. 803.1.1.ª acorta para el juicio rápido el plazo de la apelación: el escrito de formalización se presenta en cinco días, frente a los diez del procedimiento abreviado (art. 790.1). También son cinco días los de las demás partes para alegar, y la tramitación y resolución de estos recursos son preferentes. Hoy la sentencia que se apela la dicta la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

La regla 8.ª del art. 797.1 permite al juez citar, incluso verbalmente, a quien necesite oír, pero excluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervinieron en el atestado y ya declararon en él, salvo que, excepcionalmente y por resolución motivada, considere imprescindible su nueva declaración antes de resolver. No hay ratificación automática del atestado, y que el investigado niegue los hechos o que lo pida la defensa no bastan por sí solos.

El art. 797.3 da al abogado designado para la defensa habilitación legal para representar a su defendido en todas las actuaciones ante el juez de guardia: no hace falta procurador en esa fase, ni designado ni de oficio. Que la ley la atribuya al abogado no significa que falte representación: la hay, y la lleva él. El mismo apartado manda dar a la defensa copia del atestado y de las actuaciones una vez incoadas las diligencias urgentes.

El art. 802.3 fija para el juicio rápido un plazo propio: la sentencia se dicta dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, en los términos del art. 789. Cinco días es el plazo de la sentencia en el procedimiento abreviado (art. 789.1), más largo que el del rápido. El juez puede también dictarla oralmente en el acto.

El art. 801.1.3.º exige que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada —o la suma de las solicitadas— no supere los dos años de prisión una vez reducida en un tercio. Se mira la pena ya rebajada, no la pedida sin reducir. Los tres años son el límite de la pena con que la ley castiga el delito, que es otro requisito del mismo apartado.

El art. 801.1.2.º limita esta conformidad a los delitos castigados con pena de hasta tres años de prisión, con multa de cualquier cuantía o con otra pena de distinta naturaleza que no exceda de diez años. Es un límite más estrecho que el del juicio rápido, que admite delitos castigados con hasta cinco años de prisión. Los dos años son otro requisito: el de la pena pedida, una vez reducida en un tercio.