Los juicios rápidos: ámbito y actuaciones de la Policía Judicial

El art. 796.3 admite, si la urgencia lo requiere, que las citaciones se hagan por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta. La urgencia no restringe los medios a la cédula en mano ni lleva a los edictos, y la ley no distingue entre testigos y demás citados.

El art. 796.4 deja a la Policía Judicial continuar la investigación en un único atestado, que remite al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado y, en cualquier caso, dentro de los cinco días siguientes; la instrucción corresponde entonces en exclusiva al juzgado de guardia que lo reciba. Mientras tanto debe dar conocimiento inmediato del hecho al juez de guardia y al Ministerio Fiscal. Dos, cuatro y siete días no son plazos de este apartado.

La letra a) de la regla 2.ª del art. 795.1 no abre la lista a esos delitos contra cualquiera: los ciñe a los cometidos contra las personas del art. 173.2 del Código Penal, que es el círculo familiar y de convivencia (el cónyuge o la pareja, aun sin convivencia, los descendientes, ascendientes o hermanos y las demás personas que ese precepto enumera). Que la víctima haya denunciado antes o que sea agente de la autoridad no los lleva a la lista.

La regla 1.ª del art. 796.1 pide a la Policía Judicial dos cosas distintas: al facultativo o al personal sanitario que atendió al ofendido, copia del informe de la asistencia prestada para unirla al atestado; y la presencia del médico forense solo cuando la persona que tiene que ser reconocida no puede desplazarse al juzgado de guardia dentro del plazo del art. 799. Que haya lesionados no basta para llamar al forense, porque la regla parte de que la persona se desplaza al juzgado de guardia; y la falta del informe del facultativo o la petición del detenido no son el supuesto de la ley.

Las tres circunstancias del art. 795.1 son alternativas: basta la flagrancia, que el delito esté en la lista de la regla 2.ª o que la instrucción se presuma sencilla. La lista nombra, entre otros, el hurto, el robo, el hurto y robo de uso de vehículos, los delitos contra la seguridad del tráfico, el allanamiento de morada del art. 202 y la usurpación del art. 245 del Código Penal. La estafa, la apropiación indebida y la falsedad documental no están en ella, aunque sean delitos patrimoniales o frecuentes en los juzgados.

La regla 2.ª del art. 796.1 no deja el silencio sin consecuencia: si el interesado no manifiesta expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la Policía Judicial recaba del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio. Callar no equivale a renunciar, y la ley no remite la decisión al juez de guardia (hoy, el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que esté de guardia, LO 1/2025) ni exige una manifestación por escrito.

La regla 3.ª del art. 795.1 es la tercera puerta, alternativa a la flagrancia y a la lista de delitos: que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. La conformidad del acusado es un trámite que llega después, ante el juez de guardia, y no decide si el procedimiento se aplica; tampoco la renuncia del perjudicado a la acción civil ni una petición del fiscal.

El art. 795.3 excluye este procedimiento cuando sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme al art. 302: una investigación que necesita secreto no cabe en la urgencia del juicio rápido. Ni la intervención de intérprete, ni que haya varios perjudicados, ni la designación de abogado de oficio lo impiden.

La regla 8.ª del art. 796.1 prevé que, cuando el objeto no puede llevarse al juzgado de guardia, se solicite inmediatamente la presencia del perito o del servicio correspondiente para que lo examine, y añade que su informe puede emitirse oralmente ante el juzgado de guardia: la urgencia del juicio rápido no espera a un informe escrito. La ley no exige la firma del agente ni que el perito lo designe el fiscal, y no aparta el informe del conocimiento de la defensa.

La regla 6.ª del art. 796.1 pide a los laboratorios que analicen de inmediato y remitan el resultado antes del día y hora de la citación; si no es posible, la Policía Judicial puede practicar por sí misma el análisis, sin perjuicio del debido control judicial. La detención no se alarga para esperar un análisis, y la fecha de la comparecencia no la fija la Policía Judicial a solas: la coordina con el juzgado de guardia (art. 796.2).

La regla 5.ª del art. 796.1 manda citar para el mismo día y hora a las entidades del art. 117 del Código Penal, los aseguradores que asumieron el riesgo de las responsabilidades pecuniarias; así pueden intervenir desde el principio en lo que toca a la responsabilidad civil. Al Colegio de Abogados la Policía Judicial no lo cita: le pide la designación de un letrado de oficio (regla 2.ª).

El art. 795.1 abre los juicios rápidos a los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, siempre que concurran también el atestado, la detención o la citación del denunciado y alguna de las circunstancias de la regla 1.ª, 2.ª o 3.ª. Cuatro, seis y siete años no marcan ninguna frontera del juicio rápido; la cifra que tienta por encima es la de nueve años, que es el techo del procedimiento abreviado (art. 757), no el de este.

El art. 795.2 cierra el juicio rápido a los delitos conexos con otro u otros que no estén comprendidos en su apartado 1. El hurto, que por sí solo cabría, queda fuera por su conexión: la ley no lo separa del otro para tramitarlo por la vía rápida, ni arrastra el delito conexo a ella, ni deja la decisión en manos del fiscal.