Las resoluciones y las discordias

El art. 142, regla 3.ª, manda consignar las conclusiones definitivas, y además la que en su caso haya propuesto el tribunal por el art. 733. Las provisionales son las de los escritos de calificación, que las partes pueden modificar una vez practicada la prueba (art. 732): por eso la sentencia recoge las que quedaron al final.

El art. 150 acopla dos reglas: a puerta cerrada, y antes o después de las horas señaladas para el despacho ordinario, es decir, fuera de ellas. Lo público es la lectura de la sentencia, no su deliberación; y el horario del despacho queda para el trabajo ordinario del tribunal.

El art. 147 acopla dos consecuencias: el ponente disidente pierde la redacción, que pasa a otro magistrado, y queda obligado a formular voto particular. Lo mismo dice la LOPJ para el ponente (art. 206.1); para los demás magistrados que disienten, el voto particular es una facultad (art. 260).

El art. 144 bis llama decreto a la resolución del letrado que necesita razonarse, y por eso el decreto es siempre motivado. La diligencia de ordenación da a los autos el curso que la ley establece, y la de comunicación refleja en autos un acto con trascendencia procesal: ninguna razona una decisión. La ley dice «Secretario judicial»: la disposición adicional primera de la LO 7/2015 manda entender hechas a los letrados de la Administración de Justicia las referencias a los secretarios judiciales.

El art. 165 excluye la discordia en las sentencias del Supremo en casación y en revisión: los resultandos y considerandos que no reúnen mayoría absoluta se desechan. No basta con la mayoría relativa, el voto del ponente no lo salva y quien preside no tiene voto de calidad.

El art. 164 es la regla propia del proceso penal: se deliberan de nuevo solo los dos votos más favorables al procesado, y todos los votantes optan entre ellos, de modo que uno salga aprobado. El criterio mira al procesado, no a la acusación; no se compara con el voto del ponente, y quien preside no tiene voto de calidad.

El art. 146 excluye del turno de ponencias a quien preside, con una excepción: cuando el tribunal o la Sala se compone solo del presidente y dos magistrados, turna también él, aunque solo en una de cada cinco ponencias. El art. 146 no prevé que se reserve causas ni elige por su complejidad o por el número de acusados.

El art. 160 resuelve el caso sin más trámite: se hace constar por diligencia y basta la notificación hecha al procurador. No hacen falta los edictos ni la requisitoria, que es la llamada al procesado en rebeldía, y la notificación no queda en suspenso.

El art. 145 distingue en el Supremo: para los autos bastan tres magistrados, y para las sentencias hacen falta siete, salvo que la ley disponga otra cosa. Una de esas otras cosas está en la propia LECrim: para la casación, el art. 898 forma Sala de tres o de cinco magistrados.

El art. 144 no admite matices: la absolución se entiende libre en todos los casos. Lo provisional en la LECrim es el sobreseimiento (art. 641), que cierra la causa sin juicio y permite reabrirla; una absolución no lleva esa reserva.

El art. 143 es tajante: las ejecutorias se encabezan en nombre del Rey. Lo repite la LOPJ (art. 245.4), y concuerda con la Constitución, que dice que la justicia se administra en nombre del Rey (art. 117.1). Del pueblo es de donde la justicia emana, no en nombre de quien se encabeza la ejecutoria.

El art. 160 distingue: las sentencias definitivas se notifican a las partes y a sus procuradores, y los autos que resuelven incidentes, únicamente a los procuradores. La notificación a las partes y a sus procuradores es la de la sentencia, no la del auto.

El art. 142, regla 2.ª, manda consignar en resultandos numerados los hechos enlazados con lo que ha de resolverse, con declaración expresa y terminante de los que se estiman probados; los considerandos son los fundamentos (regla 4.ª), y las conclusiones de las partes se consignan aparte (regla 3.ª), no sirven de remisión. La LOPJ (art. 248.3) habla de hechos probados «en su caso».

El art. 141 enumera lo que se decide por auto en el proceso penal, y entre ello está la prisión o libertad provisional. La providencia queda para las cuestiones procesales que no requieren la forma de auto; la sentencia decide definitivamente la cuestión criminal, y el decreto es una resolución del letrado de la Administración de Justicia (art. 144 bis), no del juez.

El art. 157 dice que los votos reservados no se insertan en las certificaciones ni testimonios de las sentencias, sino que se remiten al Tribunal Supremo, y se hacen públicos cuando se interpone y admite el recurso de casación. El voto reservado (arts. 156 y 157) no es el voto particular, que se publica con la sentencia (LOPJ, art. 260) y la LECrim incluye en el libro de sentencias (art. 159).

Leer la sentencia en audiencia pública es la última de las funciones del ponente en el art. 147. El resumen de la discusión, cuando su importancia lo exige, es de quien preside (art. 152), igual que rubricar las hojas de los libros (art. 162); la custodia del libro de sentencias es del letrado de la Administración de Justicia, al que el art. 159 llama todavía secretario judicial. La disposición adicional primera de la LO 7/2015 manda entender hechas a los letrados de la Administración de Justicia las referencias a los secretarios judiciales.

El art. 145 fija tres magistrados para dictar autos y sentencias en las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Siete son los que exige el Supremo para sus sentencias. La excepción está en la LOPJ (art. 82.1.2.º): en la apelación de los juicios por delitos leves, la Audiencia se constituye con un solo magistrado.

El art. 159 manda ordenarlos correlativamente según su fecha de publicación. La LOPJ (art. 265) habla de ordenarlos según su fecha y, en la gestión electrónica, por el orden de firma; la LECrim fija la de publicación. El libro lo lleva el letrado de la Administración de Justicia, al que el artículo llama todavía secretario judicial. La disposición adicional primera de la LO 7/2015 manda entender hechas a los letrados de la Administración de Justicia las referencias a los secretarios judiciales.