La justicia restaurativa

La DA 9.ª, apartado 6, fija el techo en tres meses «prorrogables por un plazo igual»: con la prórroga, el procedimiento restaurativo puede durar hasta seis meses. No es improrrogable, y la prórroga no se queda en un mes ni en la mitad del plazo.

El acta de reparación recoge los acuerdos de las partes, y por eso la firman ellas, personalmente, y sus letrados si los tienen (DA 9.ª, apartado 8). No la firman el juez ni el letrado de la Administración de Justicia, que no participan en el procedimiento restaurativo: el juez no conoce su desarrollo hasta que termina. El equipo restaurativo emite el informe que acompaña al acta, pero no firma los acuerdos, y el fiscal interviene después, en la audiencia previa a que el órgano judicial decida.

Para los delitos privados y aquellos en los que el perdón extingue la responsabilidad criminal, la DA 9.ª, apartado 9, letra b), permite al órgano judicial acordar el sobreseimiento del procedimiento y su archivo, y dejar sin efecto las medidas cautelares. Lo decide el propio órgano judicial, tras oír por tres días al fiscal, a las partes personadas y a la víctima: no devuelve la causa al fiscal. La ley no prevé suspender el procedimiento a la espera de que se cumplan los acuerdos ni imponer la pena mínima; donde sí atiende al cumplimiento de lo acordado es en el delito leve, cuyo archivo se decreta a la vista de ese cumplimiento.

La DA 9.ª, apartado 5, deja la remisión en manos del juez o del tribunal y le abre las dos vías: puede acordarla de oficio o a instancia de parte, y la parte que la pide puede ser cualquiera, no solo la víctima. Las demás opciones recortan una de las dos vías: o niegan la iniciativa del propio órgano judicial, o reservan la petición a la víctima. Quedan fuera los casos que la ley excluya.