Los términos judiciales

Cuando la ley no le señala término, la queja puede interponerse en cualquier tiempo, con un solo límite: que la causa siga pendiente (art. 213). Tres y cinco días son los plazos de otros recursos penales (la reforma y la súplica, art. 211; la apelación, art. 212), que la queja sin término no toma prestados. Y el límite no es la firmeza de la resolución, sino que la causa esté pendiente.

La LECrim iguala el plazo de los recursos contra las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia (los secretarios judiciales que nombra su texto) al de la reforma y la súplica: la reposición y la revisión se interponen en ese mismo plazo (art. 211, segundo párrafo). La apelación y la preparación de la casación tienen el suyo, más largo (art. 212), y la queja sin término señalado por la ley se interpone en cualquier tiempo mientras la causa esté pendiente (art. 213), así que ninguna de las opciones que las nombran es la del mismo plazo.

La LECrim da una definición cerrada: es causa justa la que hizo imposible dictar la resolución o practicar la diligencia, y además independientemente de la voluntad de quienes debían hacerlo (art. 202, tercer párrafo). Hacen falta las dos cosas. La dificultad grave no basta, porque la ley pide imposibilidad; la que nace de la voluntad de quien debía actuar queda fuera, y el juez no aprecia la causa con un criterio de razonabilidad libre, sino con esos dos requisitos.

La LECrim declara hábiles todos los días y horas del año para la instrucción de las causas criminales, y lo hace «sin necesidad de habilitación especial» (art. 201): ni el domingo, ni agosto, ni la noche piden nada. Las dos opciones del «sí» aplican el calendario y el horario generales de la LOPJ, que la instrucción penal no sigue. La de la urgencia se parece a lo que la LEC prevé para lo civil, pero en la instrucción no hace falta declarar nada urgente: el día ya es hábil.

Con causa justa y probada, la LECrim permite suspender el término o abrirlo de nuevo, pero con un límite: que sea posible sin hacer retroceder el juicio del estado en que se halle (art. 202, segundo párrafo). La opción que retrotrae el juicio al momento en que empezó a correr el término es justo lo que la ley excluye. La prórroga por la mitad no está en la LECrim, cuyos términos son improrrogables salvo que la ley diga otra cosa, y tener por cumplido el término por falta de oposición tampoco: la ley no deja esa decisión a las partes.

Pasado el término señalado por la ley o por el juez o tribunal, el procedimiento sigue de oficio, en el estado en que se halle (art. 215): el proceso penal no espera a la parte. Suspenderlo o archivarlo dejaría la causa en manos de quien no actuó. Y abrir de nuevo el término no depende de que la parte lo pida a tiempo: solo cabe con causa justa y probada (art. 202).