Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad y la filiación

El art. 757.1 legitima a la propia persona, a su cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien esté en una situación de hecho asimilable, y a sus descendientes, ascendientes y hermanos: el nieto es descendiente. El cónyuge separado de hecho queda fuera precisamente por estarlo, y el sobrino y el tío son colaterales más lejanos que el hermano. Es una lista cerrada.

El art. 762.1 no deja al tribunal a la espera: adopta de oficio las medidas que estime necesarias para proteger a la persona o su patrimonio y pone el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es el fiscal, y no el tribunal, quien inicia el expediente de jurisdicción voluntaria si lo estima procedente. Que el fiscal pueda también pedir las medidas (art. 762.2) no obliga al tribunal a esperar su petición.

El art. 758.2 manda al letrado de la Administración de Justicia designarle un defensor judicial, salvo que ya lo tenga o que su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser este el promotor. Aquí el fiscal es quien promovió el proceso, así que no puede defender a la persona demandada: la opción que le da la defensa olvida esa condición. No hay rebeldía ni nombramiento del turno de oficio.

El art. 756.1 hace del proceso contencioso la segunda vía: primero va el expediente de jurisdicción voluntaria para nombrar curador, y solo si en él se formula oposición o no puede resolverse se pasa al proceso del capítulo II. Que el curador no acepte, que se apele el auto del expediente o que el fiscal juzgue insuficientes los apoyos no son causas: el contencioso sigue a un expediente que no ha podido cerrarse, no a uno ya resuelto.

El art. 767.4 no obliga a nadie a someterse a la prueba ni la impone por la fuerza: atribuye a la negativa injustificada una consecuencia probatoria. Permite al tribunal declarar la filiación reclamada si hay otros indicios y la prueba no se ha obtenido por otros medios. No hay multas coercitivas, y tener por confeso al demandado en los hechos de la demanda va mucho más allá de lo que dice el artículo.

El art. 763.1 da dos reglas. La autorización previa se pide al tribunal del lugar donde reside la persona, y por eso tienta Soria. Pero en los internamientos urgentes la ratificación corresponde al tribunal del lugar en que radica el centro donde se produjo el internamiento: aquí, Zaragoza. La familia no elige, y el domicilio de quien pidió el ingreso no cuenta.

Como regla, el art. 768.3 manda oír antes a los afectados. Si hay urgencia, las medidas se acuerdan sin más trámites, y el letrado de la Administración de Justicia cita a los interesados a una comparecencia dentro de los diez días siguientes; después el tribunal resuelve por auto. Veinte días es el plazo para contestar a la demanda en estos procesos (art. 753), no el de esta comparecencia.

El art. 763.4 fija los informes de los facultativos cada seis meses, salvo que el tribunal, por la naturaleza del trastorno, señale un plazo inferior. Tres meses es la periodicidad de los informes sobre el menor ingresado en un centro de protección por problemas de conducta (art. 778 bis.6), no la del internamiento por trastorno psíquico. Si los facultativos creen que ya no hace falta, dan el alta y lo comunican de inmediato.

El art. 764.2 cierra dos puertas: no se admite la demanda que impugna una filiación declarada por sentencia firme, y si la sentencia se acredita cuando el proceso ya ha empezado, el tribunal lo archiva de plano. No hay suspensión, ni se espera a la sentencia para apreciar la cosa juzgada, ni un trámite de alegaciones previo.

El art. 759.1.3.º exige un dictamen pericial acordado por el tribunal y dice con quién se cuenta en todo caso: profesionales especializados de los ámbitos social y sanitario, a los que pueden sumarse otros que aconsejen los apoyos idóneos. Es una prueba que acuerda el tribunal, no la que aportan las partes, y no se reduce a la visión médica de un solo facultativo, sea el de cabecera o un psiquiatra.

El art. 763.3 exige al tribunal un contacto directo con la persona: debe examinarla por sí mismo y oír el dictamen de un facultativo designado por él, y además puede practicar cualquier otra prueba relevante. El médico del centro que propone el ingreso no sustituye a ese facultativo, y oír a los parientes más próximos es prueba preceptiva del proceso de apoyos (art. 759.1.2.º), no del internamiento, donde el tribunal oye a otras personas solo si lo estima conveniente o se lo pide el afectado. El informe previo de los servicios de asistencia al menor solo se exige cuando el internado es menor (art. 763.2). Tampoco cuenta el consentimiento de la familia: la decisión es judicial.

El art. 761 remite la revisión a la legislación civil y a los trámites de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Solo si en ese expediente hay oposición o no puede resolverse se acude al proceso contencioso de este capítulo, que pueden promover los legitimados del art. 757.1 y quien ejerza el apoyo. No es un incidente del proceso anterior ni el recurso de revisión, que sirve para rescindir sentencias firmes por causas tasadas.

La audiencia a los parientes más próximos es una de las pruebas preceptivas del art. 759.1, y de ahí sale el distractor que la da por inexcusable. Pero el art. 759.2 la exceptúa cuando la demanda la presenta la propia persona con discapacidad: a petición suya y de forma excepcional, el tribunal puede no practicar esas audiencias si conviene más a su intimidad. La ley no pide para ello la conformidad del fiscal ni prevé informes escritos en su lugar.