El auxilio judicial y los exhortos

Cuando las actuaciones practicadas no pueden enviarse por vía telemática, el art. 175.2 permite remitirlas por correo certificado o entregarlas a quien tenía encomendada la gestión del exhorto, que las presenta en el órgano exhortante en diez días. Los cinco días son los del viaje de ida, presentar el exhorto en el órgano exhortado (art. 172.2), y los veinte, los que tiene el tribunal que presta el auxilio para cumplimentar los actos de comunicación (art. 165).

El art. 169.4 fija la regla para el interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos: se hacen en la sede del tribunal que conoce del asunto. El auxilio judicial no es la vía ordinaria para estas pruebas; solo entra, con la videoconferencia por delante, cuando la persona vive fuera de la circunscripción. Ni el testigo ni las partes eligen el lugar.

El art. 176 castiga la demora injustificada en presentar el exhorto al exhortado, o en devolver lo practicado al exhortante, con una multa por cada día de retraso desde que acaba el plazo de los arts. 172.2 o 175.2. La ley no hace caducar el exhorto ni priva a la parte de la actuación pedida: la sanciona a ella.

El art. 171.2 se lo atribuye al letrado de la Administración de Justicia, como parte de su función de documentación. El auxilio lo solicita el tribunal (art. 171.1), pero el despacho lo expide y lo autoriza el letrado. El procurador puede encargarse de gestionar el exhorto ya expedido, llevándolo al órgano exhortado (art. 172.2), pero no lo expide.

El art. 169.4 deja la valoración al juez: el auxilio judicial para interrogar a partes, testigos o peritos solo cabe cuando, a su juicio, no es conveniente la videoconferencia y, además, la comparecencia en la sede resulta imposible o muy gravosa por la distancia, la dificultad del desplazamiento, las circunstancias personales u otra causa análoga. No lo decide el letrado de la Administración de Justicia, que expide el exhorto (art. 171.2), ni la parte o el testigo, que solo pueden alegar esas circunstancias.

El art. 172.1 manda remitir el exhorto directamente al órgano exhortado por el sistema informático judicial o por otro medio telemático o electrónico (en papel solo si lleva elementos que no se pueden digitalizar), y exige, en todo caso, que el sistema deje constancia de la remisión y de la recepción. El exhorto lo expide y autoriza el letrado de la Administración de Justicia, no el juez, y la ley no fija un plazo de entrega ni lo oculta a las partes, que pueden incluso gestionarlo ellas mismas (art. 172.2).

El art. 171.1.5.º pide que conste la fecha en la que el plazo termina, que es lo que necesita el órgano exhortado para organizar el cumplimiento sin tener que hacer el cómputo él mismo. Ni la duración en días, ni el día inicial, ni la fecha de la resolución que lo fijó están en la lista del contenido del exhorto.

El art. 170 hace una excepción a la regla del Juzgado de Primera Instancia del lugar —hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia—: si allí tiene su sede un «Juzgado de Paz», le corresponde el auxilio que consista en un acto de comunicación o en la intervención en un acto procesal por videoconferencia (art. 137 bis). Oír en persona a un testigo, un reconocimiento judicial o un embargo no están en esa lista. Desde la LO 1/2025 los juzgados de paz se han transformado en Oficinas de Justicia en los municipios, y en lo que no es jurisdiccional la referencia se entiende hecha a ellas (DA 24.ª de la LOPJ), que tienen atribuidos los actos de comunicación y las actuaciones por videoconferencia (art. 439 quater LOPJ).

El art. 173 encarga el recordatorio al letrado de la Administración de Justicia del órgano que pidió el auxilio, de oficio o a instancia de parte. No es el letrado del exhortado, que es quien tiene que cumplir, y la Sala de Gobierno solo entra si el incumplimiento persiste, cuando el órgano exhortante le pone los hechos en conocimiento.

El art. 171.3 exime del exhorto cuando el auxilio consiste en pedir datos o documentos que están en expedientes judiciales electrónicos o en sistemas electrónicos de otros órganos de la Administración de Justicia, si los medios lo permiten: la solicitud se transmite y se cumple por los medios electrónicos habilitados, que deben identificar a los órganos y el momento y el contenido de la petición. El oficio es el acto de comunicación con autoridades no judiciales (art. 149), no con otro órgano judicial, y no hace falta requerir a la parte lo que el otro órgano ya tiene en su expediente.

El art. 172.2 cierra la lista: el encargado de la gestión, cuyo nombre consta en el propio exhorto, solo puede ser el litigante o el procurador que se designe. No vale cualquier persona designada por la parte ni el abogado, y tampoco es solo el procurador: el litigante en persona puede gestionarlo.

El art. 172.4 evita el viaje de vuelta y no deja al exhortante a ciegas: si al órgano que lo recibe le consta cuál es el que debe prestar el auxilio, se lo envía directamente, sin pasar por el decanato ni devolverlo, y da cuenta de la remisión al exhortante. Enviarlo sin avisar deja al exhortante sin saber dónde está su exhorto.

El art. 169.2 pone dos condiciones a la vez: que el tribunal no considere posible o conveniente usar su facultad de desplazarse fuera de su circunscripción y que la actuación no pueda practicarse por videoconferencia. Por eso «siempre» es falso: la ley le reconoce precisamente la facultad de desplazarse. Y no basta con que no pueda desplazarse si cabe la videoconferencia, que se prefiere al auxilio. La petición de una parte no es lo que lo decide.

El art. 171.4 dice que el exhorto no es preceptivo en las actuaciones que se celebran con participación telemática de alguno o de todos los intervinientes desde una oficina judicial. La oficina presta su sala y sus medios, pero no hace falta pedírselo por exhorto, ni depende de dónde resida el testigo ni de lo que pidan las partes.