Los actos de comunicación: cómo se practican

El art. 168.2 hace responsable de los daños y perjuicios al procurador que incurre en dolo, negligencia o morosidad, o que no respeta las formalidades, cuando causa perjuicio a tercero, y además puede ser sancionado conforme a las normas legales o estatutarias. Basta la negligencia: no hace falta dolo. La corrección disciplinaria por la autoridad de quien dependa es la del letrado y los funcionarios (art. 168.1).

El art. 165 manda remitir el despacho por medio del sistema informático judicial, y en soporte papel solo cuando el acto va acompañado de elementos que no se pueden convertir a formato electrónico; con él van la copia o cédula y lo demás que proceda. El papel es la excepción, no la regla, y no depende de lo que acepten las partes. El decanato no interviene en la remisión, y el correo certificado es una forma de remitir la comunicación a su destinatario (art. 160), no el despacho entre tribunales.

El art. 162.2 fija el día inicial: los plazos empiezan a computarse desde el día hábil siguiente al tercero. No corren desde la remisión, porque los tres días del art. 162.2 son precisamente el margen para acceder, ni desde el acceso, porque la comunicación ya ha desplegado sus efectos sin él. Y no cuenta el propio tercer día: lo mismo que la regla general del art. 133, se empieza al día siguiente.

La cédula del art. 160.3 lleva la advertencia de que, si el emplazado no comparece sin causa justificada en el plazo, se tendrá por hecha la comunicación o por efectuado el traslado. Esa es la carga de la cédula: no hace falta un segundo intento en el domicilio ni acudir al edicto, que es para cuando no se conoce el domicilio o no se halla al destinatario (art. 164). La rebeldía es otra cosa: la del demandado que no comparece a contestar la demanda.

La lista del art. 161.3 es cerrada: el domicilio según el padrón municipal, a efectos fiscales o según un registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, y la vivienda o local arrendado al demandado. Son lugares donde consta oficialmente que vive el destinatario, y por eso la ley se fía de quien convive con él. Una vivienda en la que solo está de paso no figura en ella; incluso el lugar de trabajo exige que sea no ocasional.

El art. 166.2 subsana el acto defectuoso: si el destinatario se dio por enterado y no denunció la nulidad en su primer acto de comparecencia, el emplazamiento surte desde entonces todos sus efectos, como si se hubiera hecho conforme a la ley. La nulidad tenía que alegarse en esa primera comparecencia; después ya no puede denunciarse, y no hace falta repetirlo ni ratificarlo.

El art. 160.1 atribuye al letrado de la Administración de Justicia dar fe de la remisión y de su contenido, y unir a los autos el acuse de recibo o el medio que acredite la recepción. Es una manifestación de la fe pública judicial, que es suya. El procurador puede haber practicado la comunicación, y entonces se une la documentación que aporte, pero no da fe; ni el funcionario que envía ni el juez tienen esa función.

El art. 161.3 permite la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva el destinatario, siempre que sea mayor de catorce años y esté en ese lugar; también al conserje de la finca. No se exige la mayoría de edad: basta con superar los catorce, y quien recibe queda advertido de que debe hacer llegar la copia al destinatario o darle aviso.

El art. 163 encarga al Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación los actos que haya de realizar la oficina judicial, con una salvedad: los que corresponda practicar al procurador, en los supuestos y con los límites de la ley (art. 152). No distingue por el lugar de la práctica ni deja fuera los electrónicos, y no absorbe los que ha asumido el procurador.

El art. 160.3 permite este emplazamiento a comparecer solo si el destinatario tiene su domicilio en el partido donde radica la sede del tribunal y la comunicación no es de aquellas de las que depende la personación o una intervención personal en las actuaciones. No exige que esté personado ni que lo pida, y no es un remedio para cuando falla la entrega domiciliaria: es una alternativa a ella, que se remite por correo o medio semejante.

El art. 161.2 no deja que la negativa frustre el acto: quien practica la entrega le hace saber que la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, se producen los efectos de la comunicación y todo consta en la diligencia. La entrega a un familiar o empleado es para cuando el destinatario no está (art. 161.3), y el lugar de trabajo y el edicto son cauces para cuando no se le encuentra, no para cuando se le encuentra y rehúsa.

El art. 161.4 obliga a quien practica el acto a averiguar si el destinatario vive allí; si ya no vive o trabaja allí y alguien conoce el domicilio actual, este se consigna en la diligencia negativa y el acto se practica en el domicilio facilitado, sin más. Las averiguaciones en registros del art. 156 solo llegan si no se puede conocer el domicilio por este medio y el demandante no ha designado otros, y el edicto, cuando ni así se le encuentra.

El último párrafo del art. 162.2 excluye de la vía electrónica a los profesionales los días de agosto y los que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, salvo que sean hábiles para la actuación. Son los mismos periodos inhábiles del calendario procesal; la Semana Santa no está entre ellos, y no basta con uno solo de los dos periodos.

El art. 165 fija un plazo no superior a veinte días desde la recepción del despacho para cumplimentar los actos de comunicación por auxilio judicial; si no se cumple, se requiere al letrado de la Administración de Justicia y se expresan las causas de la dilación. No hay que confundirlo con los tres días que tiene la oficina para notificar una resolución (art. 151.1): los veinte días son los del tribunal que presta el auxilio.

El art. 166.1 exige dos cosas a la vez: que el acto no se haya practicado conforme al capítulo y que pueda causar indefensión. Una irregularidad sin riesgo de indefensión no anula. Tampoco hace falta que el destinatario no llegue a conocerlo nunca: basta que pueda causarla. Los tres días son el plazo para notificar las resoluciones (art. 151.1): practicar el acto fuera de él no basta, por sí solo, para anularlo.

El art. 162.2 da por efectuada legalmente la comunicación electrónica, con todos sus efectos, cuando constando su correcta remisión pasan tres días sin que el destinatario acceda a su contenido. La regla tiene una salvedad: los actos que pasan por el servicio de notificaciones de los Colegios de Procuradores, que tienen la suya (art. 151.2). Cinco días es el plazo del recurso de reposición en la LEC, y diez, el de la notificación electrónica en el procedimiento administrativo (Ley 39/2015).

Para el lugar de trabajo, el art. 161.3 manda entregar la copia a la persona que manifieste conocer al destinatario o, si hay una dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien esté a su cargo; como aquí no la hay, basta quien diga conocerle. El conserje de la finca es una de las opciones del domicilio, no del lugar de trabajo, y la ley no exige que reciba el empresario ni obliga a volver al domicilio.

El art. 167.1 dice que los mandamientos y oficios los remite directamente el letrado de la Administración de Justicia que los expide, y que debe usar para ello los medios electrónicos del art. 162. Las partes pueden diligenciarlos personalmente, pero solo si lo solicitan; no les corresponde en todo caso. No pasan por el juez ni por el decanato.